Nuevas grabaciones sobre la retención del 30% de Ciudadanos: «Es para las campañas»

El subalterno de Fran Hervías en la secretaría de Organización de Ciudadanos, Luis Díaz Vargas, a la sazón secretario de Logística del partido naranja, reconoce en un nuevo audio de octubre de 2015 al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía que la formación se reservaría un 30 por ciento de las asignaciones públicas de sus grupos políticos.

Lo anterior, fruto de una conversación telefónica con un interlocutor no identificado que dice ser «asesor en Sevilla», confirmaría la hipótesis del diezmo naranja: la exigencia de la cúpula del partido para que los grupos municipales, provinciales o parlamentarios entreguen una parte de la asignación pública que reciben. El destino de esos fondos, según reconoce Díaz Vargas en esta grabación filtrada, estaría vinculado a la financiación de «campañas». Este extremo agrava aún más el método, al tener esta asignación pública un uso exclusivo para el funcionamiento del grupo, y con carácter finalista: en ningún caso pueden ser transferidos al partido, según ordena la Ley de Bases de Régimen Local y que también acota la de financiación de partidos.

La conversación se produce en el marco de una supuesta disputa por la retención de ese 30 por ciento que desde la caja central del partido en Madrid se estaría realizando. Ahí es cuando Luis Díaz, transmite que se le ha ingresado «el máximo que se puede», justificando lo anterior explicando que «un 30 por ciento se queda de depósito, ya que el partido como mucho deja gastar un 70 por ciento de la aportación que tenéis».

Tras discutir brevemente acerca del saldo que el grupo tiene en la cuenta bancaria –y sobre el que debería aparecer–, el interlocutor cuestiona a Díaz Vargas por el uso que el partido da a ese 30 por ciento que «obligatoriamente» es requisado, obteniendo por respuesta que estaría dirigido «a las campañas». Lo anterior provoca incredulidad en el interlocutor no identificado, que avisa de la ilegalidad de esa práctica, reiterando Díaz Vargas que sí se puede realizar: «¿Cómo que no?». Al final, el responsable político del partido en Madrid baja el listón de la conversación: «Es para el grupo, o sea, el partido quiere tener un fondo».

Pese a la aclaración de Díaz Vargas, y el argumento de que «son las normas del partido», el interlocutor discrepa con él sobre los trasvases que realizan, incluso comentando que necesitan ese dinero para acometer la contratación de personal, «y tener para las pagas extras». Se trataría de un nuevo fraude de ley, ya que los grupos políticos de ayuntamientos, diputaciones o parlamentos autonómicos están incapacitados para la contratación de personal, más allá del asignado según la normativa, cuyos salarios no se sufragan con el dinero público que reciben esos grupos políticos sino en base a los fondos presupuestarios de esa administración concreta, del mismo modo que concejales o diputados.

Tras no llegar la conversación a una entente, desde Madrid –Díaz Vargas– se le emplaza a este asesor sevillano a que trate el asunto con los superiores: Carlos Cuadrado, secretario de Finanzas del partido naranja y Manuel Buzón, mano derecha de Juan Marín en Andalucía. Precisamente, esta llamada reveladora del posible modus operandi de financiación extra de Ciudadanos se produce apenas unas horas antes de otra con Buzón, ya conocida al ser publicado su contenido por este periódico hace unos días, y en la que el Delegado Territorial de Ciudadanos en Andalucía da precisos detalles de cómo no pueden gastar más de un 70 por ciento del total de la asignación pública.

Esa grabación de Manuel Buzón ya destapó la presunta obligación de ingresos que el partido estableció tras la constitución de los consistorios y diputaciones, en julio de 2015, y que ahora parece confirmarse tras ser otro responsable del partido quien la refiere en un audio entre miembros de Ciudadanos. El asunto, incluso, ha llegado hasta el Senado, donde el PP ha activado una comisión de investigación sobre la financiación del resto de partidos como contraprogramación a la que se realizará en el Congreso por su presunta trama de contabilidad en negro. La por ahora única sesión en el Senado, celebrada el pasado miércoles 12 de julio, tuvo como protagonista, entre otros, a Carlos Cuadrado, quien cuestionado por el senador popular Luis Aznar –se reprodujeron los audios de la conversación de Buzón destapada por El Correo de Andalucía– negó de forma rotunda este proceso de financiación con dinero de los grupos de Ciudadanos, así como las contrataciones que éstos pudieran realizar.

El «protocolo»

El trámite se articularía con un minucioso procedimiento de ingeniería financiera en base a dos cuentas bancarias. Una de ellas estaría abierta en la misma entidad bancaria para todos los grupos políticos de localidades con más de 50.000 habitantes y diputaciones, ubicada en una sucursal del Banco Popular en Madrid, en la oficina 0446 de Bellas Artes. En ella aparecerían de apoderados, junto a dos representantes de ese grupo político, Carlos Cuadrado y José Manuel Villegas, secretario general y número dos de Rivera.

En esa cuenta, llamada de ingresos, los grupos tendrían la obligación de integrar el total de su asignación pública, recibida, generalmente, con carácter trimestral. El partido a su vez, en la segunda cuenta, de gastos, que habrían de abrir de forma obligada estos grupos en otra una sucursal del Popular, reintegraría ahí el 70 por ciento del total anterior, reservándose ese 30 por ciento ahora en tela de juicio. El partido incluso editó un documento denominado Protocolo de apertura de cuentas bancarias y gestión de Grupos Municipales, Provinciales y Autonómicos que fue enviado por correo electrónico a los responsables de los grupos y al que este periódico ha tenido acceso. Este informe de la secretaría de Finanzas detallaba los procedimientos a realizar, aunque, sin citar la obligación de donar el 30 por ciento del dinero público recibido.

Por esas fechas, con la activación de los grupos políticos, se procedió también al envío de otro correo electrónico instructivo en el que se explicaba cómo reportar al partido el 10 por ciento del sueldo obtenido como cargo público del partido. Esa práctica, que es legal y prácticamente ordinaria en el resto de partidos políticos, viene a colación porque al pie de la misiva se citaba un teléfono de dudas. Ese sería el que dio pie a la conversación revelada en estas líneas, ya que Luis Díaz Vargas, hoy secretario de Logística de la secretaría de Organización atendía por entonces a esa línea telefónica, no con la actual responsabilidad sino como «administrativo» del negociado de Finanzas, según argumentan fuentes del partido a este periódico.

Ciudadanos lo niega todo

Desde las oficinas centrales del partido, fuentes de la secretaría de Finanzas, admiten desconocer los audios de Luis Díaz Vargas aunque sí niegan la mayor al respecto del protocolo de financiación por el cual obligarían a los grupos a entregar el 30 por ciento. «Ese dinero corresponde a los grupos» o «es una reserva que se realizaba para gastos imprevistos» son algunos de los argumentos esgrimidos tras el contacto realizado por este periódico. Pese a las declaraciones de Buzón y Díaz Vargas, la dirección nacional insiste en su negativa a que ese dinero «se quitara de los grupos», justificando la presencia de Cuadrado y Villegas en las cuentas como «observadores y asesores», al tratarse, al juicio de la cúpula del partido, de grupos políticos de nuevo cuño sin experiencia en lides organizativas.