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Vista aérea de la capital andaluza. / Txetxu Rubio
La mayoría de los sevillanos vive en una comunidad de vecinos. Como si de Desengaño 21 se tratase, en casi todos los bloques hay un Juan Cuesta, una pija, unas hermanas jubiladas, una pareja gay, jóvenes modernos o el matrimonio tradicional. Y la convivencia, como reflejaba la serie Aquí no hay quien viva, no siempre es fácil. En Sevilla, el principal problema sigue siendo la morosidad, aunque va en descenso.
Así lo explica el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, José Feria, cuya organización cuenta con 435 colegiados que representan al 80 por ciento de las comunidades de la ciudad. En su opinión, los impagos siguen siendo un quebradero de cabeza para los vecinos porque «los presupuestos se desfasan y se empieza a dejar de pagar asuntos importantes como el ascensor, la luz o el agua y los que pagan tienen que hacer aportaciones extraordinarias para cubrir lo que otros no aportan». Según los últimos datos del Colegio, casi la mitad, el 42,87 por ciento de las comunidades en Sevilla, tienen propietarios morosos, con una media de 1.377 euros de deuda.
En 2016 la morosidad ascendía en Sevilla a 48,95 millones de euros, un 6,87 por ciento menos que en 2015. La morosidad de los bancos se cifró hace tres años en casi 12 millones de euros y en 2016 era de 10,53 millones. En un año se redujo un 11,85 por ciento. No obstante, estas cifras aún merman las arcas de las comunidades, que padecen, por lo general, tres tipos de morosos.
En primer lugar, los que no pueden pagar, que están agobiados, y que acuden a la junta de la comunidad de propietarios a explicarles su deficitaria situación. En segundo lugar, los que deciden no pagar porque están enfadados o porque no quieren. Y, por último, está el moroso bancario, el que tiene una deuda en una entidad financiera o que mientras inscribe el piso en el registro o realiza esos trámites no paga y al que, durante unos meses, la comunidad debe adelantar el dinero.
En Andalucía, Sevilla ostenta el tercer puesto en el ránking de morosos sólo superada por Málaga (74 millones) y Cádiz (55 millones).
¿Y qué se debe hacer? Según Feria, lo primero es la negociación y, después, la vía judicial. Además, la junta de propietarios puede aprobar penalizaciones por los retrasos en los pagos, algo que incluso está recogido en algunos estatutos. «Puede ser del siete o del ocho por ciento de recargo», indica el presidente del Colegio de Administradores de Fincas, que añade que cada vez menos pisos están en manos de las entidades financieras porque éstas dan muchas facilidades para la compra.
OTRA VEZ LA ITE
Las Inspecciones Técnicas de Edificación (ITE), las ITV de los edificios, son obligatorias desde 2007 y, según Feria, se están realizando, pero las obras que estas inspecciones conllevan, no. Sobre todo por falta de presupuesto porque algunas de las reparaciones que se recomiendan son importantes. Y si existe morosidad, aún peor. De ahí que las menos urgentes se aplacen.
«Lo que sí conviene es que el Ayuntamiento recordase a través de una campaña que este año se cumplen diez años de las primeras ITE y muchos edificios tienen que renovar su inspección, todos los de más de 20 o 25 años. El Ayuntamiento tiene un registro y sabe a quién le toca y quien no ha cumplido, así que debe tirar de las orejas y facilitarnos a nosotros el trabajo», reclama Feria.
Con todo, las inspecciones de renovación son más «livianas» que las primeras porque los grandes arreglos ya se hicieron. «Los vecinos están más concienciados, se asimiló que hay que pasar esta inspección», indica Feria.
SUSPENSO EN ACCESIBILIDAD
Un decreto establece que todos los edificios tienen que estar adaptados para que una persona en silla de ruedas pueda acceder a su casa sin ayuda. Sin embargo, más del 70 por ciento de los edificios de Sevilla no lo cumple. «A veces no se adaptan por motivo económico, las ayudas son muy complejas de tramitar y dos de ellas de la Junta salieron en verano y pocos se enteraron, en otros casos es porque es imposible instalar una rampa o ascensor por falta de espacio o porque para superar el escalón de la entrada, por ejemplo, habría que invadir la vía pública», explica Feria.
Hay complicaciones técnicas y económicas. Aunque hay subvenciones, su gestión no es fácil. «Se lo advertimos a las administraciones –incide Feria– porque hay mucho dinero de la Unión Europea que no se aprovecha».
La capital andaluza cuenta con 15.872 bloques de cuatro plantas sobre rasante (bajo y tres alturas), de los que 7.956 carecen de ascensor, según la Encuesta de Censo y Vivienda elaborada por el INE en 2011, la última publicada. Así, la mitad de los edificios de Sevilla de más de cuatro plantas no tiene ascensor, la mayoría en San Pablo, Tres Barrios, Macarena y Amate.
Por otro lado, en breve, las comunidades tienen que presentar dos modelos de Hacienda: el 347, si tiene operaciones con terceros por más de 3.005 euros –algo normal por reparaciones o limpieza– y el modelo 184 si hay ingresos por arrendamiento o subvención. Y si no se presenta en plazo, Hacienda puede multar. De hecho, la Agencia Tributaria ya empezó a mandar requerimientos.
EL PROBLEMA DE LA PISCINA Y EL GARAJE
Y si hay algo que dé problemas son las piscinas. «Hay normas que se incumplen: comer dentro del recinto, llevar a los perros... y hay que maximizar el control del acceso porque es un foco de problemas, sobre todo, porque se usan las zonas comunes como campo de fútbol o pádel», explica el presidente del Colegio de Administradores de Fincas.
Y no sólo las piscinas, los garajes también crean conflictos porque en los más antiguos las plazas son pequeñas. Un ejemplo: un vecino se compra un A6 y sobresale 60 centímetros de la plaza, así que será demandado por la comunidad porque obstaculiza la maniobrabilidad del resto de los vehículos. Y es que más vale un buen vecino que pariente ni primo.