Nuevo intento de diálogo con Cataluña

Cambios de gobiernos, cambios de métodos. La Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España tienen ante sí una nueva oportunidad para resetear un conflicto enquistado por el inmovilismo del anterior jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y el empecinamiento del expresident catalán, Carles Puigdemont. El escenario se antoja difícil, complejo y embarrado. Nadie espera que la reunión que hoy mantendrán Pedro Sánchez y Quim Torra ofrezca grandes resultados, si bien el mero hecho de abrir un diálogo es un primer paso de cara a la galería.

Una galería que no quitará sus ojos de este encuentro en La Moncloa y que ya ha dejado entrever sus líneas de ataque al Ejecutivo socialista. El debate político en torno al nuevo consejo de administración de RTVE ha puesto a Sánchez en el disparadero después de aprobar su propuesta gracias al apoyo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Desde la oposición se criticó duramente este aval, calificado como una «hipoteca» y una «factura» a pagar con los independentistas, aliados del PSOE para desalojar a Mariano Rajoy de La Moncloa. A esto se suma el traslado de los políticos independentistas presos a cárceles catalanas, un gesto que ha ayudado a distender las relaciones Estado-Generalitat, pero que ha suscitado cierto revuelo en la oposición.

Sin embargo, este afán de dialogar no es nuevo en Pedro Sánchez, quien estando en la oposición reclamó en numerosas ocasiones que el Ejecutivo de Rajoy emprendiera un «diálogo» con el Govern. «La única vía para solucionar el desgarro social es la vía de la política, no la penal», afirmó allá por noviembre de 2017 el secretario general de los socialistas, ahora también presidente del Gobierno.

No solo han cambiado los gobiernos –de Rajoy a Sánchez y de Puigdemont a Torra–, sino que han cambiado los escenarios en los que se desenvuelven los actores. La moción de censura del PSOE contra el Gobierno de Rajoy no solo debilitó al PP –y a Ciudadanos–, sino al independentismo catalán. Puigdemont, desde el exilio, pedía no apoyar aquella estrategia, sabiendo que la llegada al poder de los socialistas abriría una nueva etapa menos frentista y más política entre ambas administraciones. Pero desde España, la coordinadora general de su propio partido –el PDeCAT–, Marta Pascal, apostó firmemente por propiciar ese cambio en La Moncloa, una postura –a todas luces pragmática– que terminó saliendo adelante a pesar del recelo del sector más radicalizado del independentismo.

Precisamente este ambiente de distensión entre ambos gobiernos ha quebrado la unidad de los soberanistas, cuyos únicos hilos que los mantienen unidos son el poder de la Generalitat y la solidaridad con los presos. Por esta razón, Sánchez tiene más fácil hacer política que su antecesor, lo cual no justifica el inmovilismo de Rajoy. Su única salida fue acudir al Tribunal Constitucional, algo que se le terminó volviendo en su contra cuando, tras la aplicación del 155, el Gobierno español tomó las riendas de la Generalitat, convirtiéndose así en demandante y demandado a la vez. Toda una paradoja jurídica nunca antes vista en España.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aseguró hace varios días que Pedro Sánchez ofrecería «diálogo sin cortapisas», aunque advirtió: «El derecho de autodeterminación no existe». A pesar del lapidario aviso de Calvo, los líderes independentistas celebraron la disposición del Gobierno a poder hablar de todo. «Es una gran victoria», aseveró el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardá, quien reconoció, no obstante, que «hace falta dialogar muchísimo, porque partimos de escenarios muy alejados».

En este sentido, todo parece apuntar que de la reunión de hoy no saldrán grandes acuerdos. Por un lado, el molt honorable Torra pedirá el tan cacareado derecho a la autodeterminación que Sánchez rechazará. A su vez, el nuevo presidente del Gobierno intentará convencer a su interlocutor de que la solución pasa por una reforma constitucional que dé cabida a «los hechos diferenciales y las singularidades» de los territorios, como afirma la Declaración de Granada que firmaron los socialistas en 2013.

En lo que sí puede avanzar la reunión entre Sánchez y Torra es en propiciar un apaciguamiento del conflicto en el plano judicial. Tal es así, que el Gobierno socialista se plantea la posibilidad de desistir del recurso de 11 de las 14 leyes catalanas impugnadas por el Ejecutivo de Rajoy, todas ellas de un marcado carácter social. El propio Torra, durante su discurso de investidura del pasado 14 de mayo, afirmó que intentaría recuperar dichas leyes, un terreno que el Govern parece querer explorar toda vez que el nuevo Gobierno ha asegurado que no comparte los motivos que llevaron al PP a recurrirlas.

Sin embargo, Torra llega a la reunión con los ánimos un poco caldeados después de que Pedro Sánchez presentara su primer recurso contra la Generalitat en el Constitucional. En concreto, contra la moción secesionista aprobada en el Parlament el pasado jueves. El president catalán calificó este hecho como una «mala noticia». «¿Ante qué Pedro Sánchez nos encontraremos? ¿El que quiere iniciar un diálogo o el que aprobó el 155?», apostilló. No obstante, «la legalidad va por un lado y la política por otro», aseveró la ministra portavoz, Isabel Celáa, dejando clara la línea de actuación del Ejecutivo socialista: compatibilizar la defensa del marco constitucional con la normalización de las relaciones con Cataluña.

El camino no se presenta fácil. Desde el ala más radical del independentismo siguen sumidos en un estado de frentismo constante con desplantes institucionales con el rey Felipe VI o con el embajador español en EEUU, Pedro Morenés. «Es perder el tiempo», llegó a reconocer el diputado de la CUP Vidal Aragonés. Por su parte, los más pragmáticos piden volver a la senda del diálogo para abordar las discrepancias desde la legalidad.

Desde la oposición también llueven los reproches. «El diálogo sin cortapisas que pretende hacer Sánchez con los independentistas es inconstitucional», llegó a afirmar a través de Twitter el portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta. Mientras tanto, la candidata a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió al jefe del Ejecutivo que no cediera «un ápice» a las pretensiones nacionalistas, lo que entendería como un «pago de los votos de la moción de censura».

Las expectativas ante la reunión de hoy no son altas, pero sí suficientes como para abrir un nuevo camino menos abrupto que el emprendido por el gabinete de Mariano Rajoy. Ni Torra ni Sánchez van a lograr sus objetivos, de ahí que se haga necesario que ambas partes acepten resetear y empezar de cero. Sánchez no lo tendrá fácil, porque el independentismo sabe que gana puntos con la tensión y este nuevo escenario no le conviene. Al fin y al cabo, es una oportunidad que no deben perder ni Gobierno central ni Generalitat.