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Un teléfono móvil, medias de distintos colores, una bombilla y cartuchos de tintas son ejemplos de productos sometidos a la obsolescencia programada que practican ciertas empresas para fomentar el consumo y ganar más. / El Correo
¿Por qué no se diseña y fabrica para durar?
Obsolescencia programada. Empezó con la bombilla en 1924 y sigue hoy día. Apple ralentiza el rendimiento del sistema operativo de los iPhone antiguos por la batería y se acusa a Epson de programar los cartuchos de tinta para que sean inservibles antes de tiempo. Y sólo son dos ejemplos
El primer ejemplo de obsolescencia programada es, curiosamente, el símbolo de la inteligencia y la innovación: la bombilla, que por orden de la industria tiene fecha –o más bien horas– de defunción. Sin embargo, ahí está la de una estación de bomberos de Livermore (Estados Unidos) que lleva encendida de manera ininterrumpida desde 1901. Acumula 114 años dando luz. Una webcam (la segunda ya) está conectada noche y día enfocándola (www.centennialbulb.org/cam.htm).
Edison puso a la venta su primera bombilla en 1881 y duraba 1.500 horas. En 1911 un anuncio en prensa española destacaba las bondades de una marca que certificaba 2.500 horas. Pero en 1924 un cártel que agrupaba a los principales fabricantes de Europa y Estados Unidos pactó limitar la vida útil de las bombillas a 1.000 horas. Era Phoebus y oficialmente nunca existió pero en el documental Comprar, tirar, comprar de TVE se muestra el documento que supone el punto de partida de la obsolescencia programada, que se aplica hoy a productos electrónicos como impresoras o iPads y que se aplicó también en la industria textil, porque incluso existieron las medias a prueba de carreras.
El nylon de duPont’s en 1940 era tan fuerte que con una media se podía remolcar un coche. Hay imágenes de ello. Pero la empresa dio instrucciones a los frustrados químicos e ingenieros para que diseñaran un producto que durase menos.
El concepto surgió en 1932 de la mano de Bernard London, si bien fue el diseñador industrial norteamericano Brooks Stevens quien, en 1954, empieza a usar en sus conferencias el término obsolescencia programada. Un reportaje de la revista The Rotarian ya hablaba de ella en 1960. Ya se admitía que «un artículo que no se desgasta es una tragedia para los negocios».
Esto es la obsolescencia programada, la reducción intencionada en la vida de un producto para aumentar su venta y consumo. Los productos no fallan al cabo de un tiempo porque estén estropeados, sino porque han sido diseñados para fallar pasado ese tiempo. Un fenómeno con graves consecuencias para el consumidor y para el medio ambiente. A lo largo de la historia se han dado muchos casos de esta reducción intencionada de la vida de un producto.
En 1981 se presentó en Hannover una bombilla de larga duración. Ocho años más tarde cae el muro de Berlín. La fábrica cierra y deja de producir. Eso sí, hay quien disfrutó de una de esas bombillas porque se instalaron en frigoríficos que tuvieron luz durante 25 años. Según Benito Muro, presidente de la Fundación de Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada (Feniss), sólo en España se tiran 47 millones de bombillas al año.
Pero no es sólo cuestión de historia. La obsolescencia programada ha vuelto a los titulares. Baterías que mueren a los 18 meses, impresoras que se bloquean al llegar a un número determinado de impresiones o cartuchos que fallan aún teniendo tinta, equipos de aires acondicionados que antes duraban 14 años y que ahora se tiran a los ocho... ¿Por qué, pese a los avances tecnológicos, los productos de consumo duran cada vez menos? ¿Por qué no se diseñan los productos para durar? Y, aunque se estropeen, ¿por qué no hay más facilidades para poder repararlos?
A finales de pasado año se hizo público que la justicia francesa investigará si el fabricante japonés de impresoras Epson programa la obsolescencia de los cartuchos de tinta para que sean inservibles antes de que se les agote el producto. La demanda de la asociación Alto a la Obsolescencia Programada (HOP) también se refería a otras marcas como HP, Canon y Brother. Según la asociación se han detectado al menos dos técnicas en estas marcas: la inclusión de elementos que indican engañosamente que la tinta se ha agotado y el bloqueo de las impresoras cuando todavía queda líquido en el cartucho.
Francia, el país más avanzado en la legislación contra la obsolescencia programada, según Benito Muro, reconoció estas prácticas en 2015 como delito penal que puede acarrear penas de prisión.
Y no sólo eso. HOP ha presentado una denuncia por obsolescencia programada contra el fabricante estadounidense de teléfonos móviles Apple. Lo hizo después de que la multinacional reconociera haber ralentizado algunos de sus modelos antiguos mediante las actualizaciones de los sistemas operativos, oficialmente con el objetivo de prolongar la vida de las baterías de los mismos. Pero la asociación indicó que esa medida esconde un objetivo comercial, el de promover la venta de los modelos más modernos.
La reacción de la compañía de la manzana mordida fue rebajar el precio de sus baterías (de 80 a 29 euros) y permitir el cambio a cualquier usuario con un iPhone 6 o modelos posteriores incluso si el smartphone pasa con nota los tests de diagnóstico. También prometió mejorar la gestión de la batería en iOS 11 y ya es público que en primavera Apple liberará su iOS 11.3 con un control avanzado para conocer el estado de la batería.
Ante estos casos, la Comisión Europea anunció a principios de enero que tiene previsto evaluar este año la posibilidad de hacer ensayos independientes sobre obsolescencia programada. Bruselas planea medidas a nivel europeo para evitar esta práctica que puede acortar la vida útil de todo tipo bienes de consumo y prevé introducir, por ejemplo, un etiquetado donde se incluyan la durabilidad y reparabilidad de los dispositivos.
El Parlamento Europeo ya aprobó el año pasado un informe en el que instaba a la Comisión Europea a adoptar medidas para prolongar la vida útil de los productos, con criterios de resistencia mínima, una prolongación de la garantía (fijada ahora en dos años) para obligar al productor a sustituir gratuitamente el producto si falla o se queda inservible antes de lo debido y la introducción de un etiquetado que especifique la durabilidad y la posibilidad de desarme y reparación de cada producto.
No obstante, algunos expertos creen que sería contraproducente legislar sobre esta cuestión, porque impondría restricciones que podrían perjudicar a todos. Podría impedir que las empresas crezcan e innoven más deprisa, y eso redundaría también en el usuario.
La decana del Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, Ana María Jáuregui, sostiene que los ingenieros fabrican «futuro» y que la obsolescencia programada utilizada «de manera racional y ética», no tiene por qué ser negativa, ya que beneficia «la producción a un costo menor, aumentando la competitividad de las empresas, por lo que genera riqueza en las mismas, que a su vez se traslada a la sociedad en forma de los impuestos que éstas pagan y los empleos que generan».
En España, en marzo de 2017, la Comisión para el Estudio del Cambio Climático del Congreso aprobó por unanimidad una proposición no de ley que insta al Gobierno a poner en marcha acciones contra la obsolescencia programada. Pero nada más. «En España no hay legislación al respecto y sólo el PSOE incluyó un proyecto en su programa electoral», denuncia Muro, cuya asociación se ha anticipado a la normativa y ha desarrollado el sello ISSOP (Innovación sostenible sin obsolescencia programada), que pueden suscribir las empresas que cumplan ciertos requisitos de producción e innovación dentro de unos parámetros objetivos de sostenibilidad, incluido el hecho de que ninguno de sus componentes electrónicos se haya diseñado con obsolescencia programada. «159 empresas –detalla Muro– lo han solicitado y, por ahora, sólo 15 lo han conseguido».