El cibercrimen es una realidad cada días más presente en la vida diaria, que ha ido evolucionando y creciendo al mismo tiempo que el desarrollo de las nuevas tecnologías. Sevilla no está ajena a este fenómeno, de hecho, es una de las provincias en las que más denuncias se interpusieron por delitos cometidos en el ámbito del ciberespacio. Casi 3.000 denuncias se interpusieron en 2016, la gran mayoría por fraude informático.
Son los datos que recoge el Ministerio del Interior en su IV Informe sobre Cibercriminalidad correspondiente a la delincuencia informática registrada en el año 2016. Según las estadísticas, en la provincia sevillana se interpusieron 2.939 denuncias. Por delante de Sevilla, solo está Madrid que con 10.564 denuncias dobla a las registradas en Valencia, la tercera provincia en hechos conocidos de este tipo, con 4.933. Esto en cuanto al ámbito nacional, porque las cifras de Interior también revelan que en nuestro país se contabilizaron 4.381 casos en los que las denuncias provenían del extranjero, es decir, por afectados de fuera de nuestras fronteras. Si desglosamos los datos por comunidades autónomas, nos encontramos con que Andalucía es la región más afectada por la ciberdelincuencia con 13.052 denuncias. En toda España, fueron 66.586 casos.
«En el periodo comprendido entre 2013 y 2016, como hecho irrefutable extraído de los resultados registrados por las Fuerzas y Seguridad del Estado, se constata el aumento de los delitos informáticos», señala el anuario. En concreto el año pasado el incremento fue de un 10,7 por ciento con respecto al anterior. De los más de 66.000 casos contabilizados en nuestro país, «el 68,9 por ciento corresponde a fraudes informáticos y el 17,2 por ciento a amenazas y coacciones». Esta evolución se corresponde también con un aumento del número de asuntos resueltos por las fuerzas de seguridad, ya que fueron capaces de solucionar 20.453 casos, mientras que en 2015 fueron 19.372 de las 60.154 denuncias interpuestas. No obstante, la cifra total de resolución se sitúa en un 30,71 por ciento del total de los hechos conocidos. «Por otra parte, los detenidos e investigados han disminuidos con respecto al periodo anterior, situándose en niveles similares a los de 2013», recoge el informe del departamento que dirige Juan Ignacio Zoido.
Según los datos de las Fuerzas y Seguridad del Estado se registraron 54.446 victimizaciones, es decir, el número de personas que interponen las denuncias. La cifra supone un 15 por ciento más que en 2015. El informe de Interior también concluye que «la mayoría de las víctimas de ciberdelincuencia pertenecen al sexo masculino (54,33 por ciento), tienen entre 26 a 50 años, y son objeto, principalmente, de los delitos de interferencia de datos y en el sistema, fraudes informáticos, y amenazas y coacciones».
En cuanto a la nacionalidad de la víctima, el 90,2 por ciento son españolas; mientras que y el 9,8 por ciento restante son extranjeras. Sobre estas últimas, las nacionalidades que más se repiten son denunciantes de Rumanía, Marruecos e Italia.
El informe concluye que el fraude informático es la tipología delictiva con mayor incidencia (45.894 denuncias) en todos los grupos de edad, a excepción de los menores de edad, y de manera especial en el rango de edad que va de los 26 a 40 años (19.947 casos). Tras este delito, le siguen las amenazas y coacciones, y el acceso y la interceptación ilícita. En este sentido, el informe IOCTA 2016 de Europol señala que a día de hoy el ransomware (un software que bloquea el dispositivo, exigiendo un rescate a cambio) y el robo de información «son las amenazas más frecuentes».
Los menores de edad que han sido víctimas de la ciberdelincuencia en 2016 suman un total de 2.110. Las víctimas menores de edad son más vulnerables a otro tipo de hechos delictivos, en concreto a las amenazas y coacciones y a los delitos sexuales.
En cuanto a los ciberdelincuentes, el año pasado fueron detenidos 4.799 personas de las que 77,25 por ciento eran hombres de edades comprendidas entre los 26 y 40 años. Los delitos por los que principalmente fueron detenidos fue: fraudes informáticos, estafas, amenaza, pornografía de menores, usurpación de estado civil y descubrimiento y revelación de secretos. En los menores, el delito más habitual fue el de amenazas y coacciones. Asimismo, la mayoría son de nacionalidad española (83,8 por ciento); mientras que los extranjeros son de Rumanía, Nigeria, Marruecos, Ecuador y Colombia.
Por último, en lo que respecta a ataques informáticos a empresas, el informe de Interior destaca que el sector financiero fue el más atacado, con un incremento del 900 por ciento. En 2015, en cambio el sector energético fue el más afectado.