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La imagen de la jueza Mercedes Alaya se convirtió durante años en la más repetida por los medios de comunicación. / Julio Muñoz (Efe)
El 19 de enero se cumplirán siete años desde que la jueza Mercedes Alaya abriera la invetigación por el supuesto fraude de los ERE. Las pesquisas realizadas en el caso Mercasevilla, a raíz de unas grabaciones en las que se solicitaba un soborno a unos empresarios, llevaron a la magistrada a descubrir intrusos en los expedientes de regulación de empleo de la lonja, lo que llevó a ampliar la investigación a otros ERE financiados también por la Consejería de Empleo. Desde entonces hasta el día de hoy el caso ha seguido diferentes líneas de investigación y ha pasado por las manos de varios jueces para acabar sentando en el banquillo a dos expresidentes de la Junta de Andalucía y 20 ex altos cargos, en una macrocausa que se dividió en más de 200 piezas.
Alaya abrió en enero de 2011, tras recibir un amplio informe policial, dos causas para investigar la «presunta existencia de una trama que tendría por objeto la utilización fraudulenta de ERES con planes de Prejubilación Anticipada mediante pólizas de renta colectiva cuya prima era sufragada en su mayor parte por la Junta» y que se extendería a otras empresas. La Policía ya señalaba entonces el papel preponderante del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.
Un año después, el chófer de Guerrero declaraba ante la Policía y daba un vuelco al caso al relatar que parte del dinero de los 900.000 euros que la Dirección General de Trabajo le otorgó a sus empresas, que resultaron ser sociedades fantasmas, se lo gastó junto con su jefe en cocaína y otros regalos como móviles, ropa o antigüedades. Dos meses después, Guerrero ingresaba en prisión tras declarar ante la jueza Alaya y el 16 de marzo lo hacía el chófer que confirmó ante la jueza sus declaraciones policiales.
Con el precedente de Guerrero y su chófer, Alaya llamaba a declarar al exconsejero de Empleo Antonio Fernández. Tras cuatro días declarando, Alaya enviaba a prisión a Fernández el 24 de abril de 2012, que saldría en agosto tras pagar una fianza de 450.000 euros.
El 20 marzo 2013 la Guardia Civil, a quien Alaya entregó la investigación tras retirársela a la Policía Naciona, lleva a cabo la operación Heracles que se saldó con decenas de detenidos y registros en aseguradoras y bufetes que presuntamente se lucraron con sobrecomisiones cobradas a cambio de tramitar las pólizas con las que se pagaban los ERE.
El 20 de julio de 2013 (aunque se formalizaría el 27 de agosto) el entonces presidente de la Junta José Antonio Griñán anuncia su dimisión para «preservar» a la Junta de la «erosión» provocada por el caso ERE tras ser señalado en varias ocasiones por la jueza Alaya. Esta acabaría preimputándole junto con su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, el 10 de septiembre, el mismo día que Susana Díaz tomaba posesión como nueva presidenta del Gobierno andaluz.
Dado que ambos tenían carácter de aforado, al ser senador y diputado en el Congreso, la magistrada envía el 31 de julio de 2014 la exposición razonada al Tribunal Supremo. En total, Alaya apreció indicios de delitos de cinco aforados: Chaves y Griñan, el exvicepresidente Gaspar Zarrías y los exconsejeros José Antonio Viera y Mar Moreno. Posteriormente, el 21 de enero de 2015 la jueza remite al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la presunta participación en hechos delictivos de cuatro aforados que eran diputados autonómicos: Carmen Martínez Aguado, Antonio Ávila, Francisco Vallejo y Manuel Recio. Tres meses después el Alto Tribunal andaluz se inhibe a favor del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla al perder el fuero los cuatro exaltos cargos. En abril también se producía la declaración en el Supremo de Viera, Griñán, Chaves, Zarrías y Mar Moreno.
El caso toma un giro inesperado cuando la jueza Mercedes Alaya decide postularse para una plaza de magistrado en la Audiencia Provincial de Sevilla. El 16 junio 2015, la magistrada deja el Juzgado de Instrucción número 6 y todas las macrocausas que tenía pendientes, como los ERE o los cursos de formación. Al frente del juzgado le sucede la jueza María Núñez Bolaños y con ella la forma de instruir el caso. Cuatro días después el Supremo imputaba formalmente a Chaves, Griñán, Zarrías y Viera, y la archiva en el caso de Moreno. La imputación provocó una cascadas de reacciones políticas al extremo de que el 26 junio 2015 Chaves, Griñán y Zarrías dejan sus escaños en las Cortes, mientras que Viera se mantiene en su escaño y se pasa al Grupo Mixto tras darse de baja en el PSOE. Finalmente dimite el 24 de septiembre. La causa al completo volvía al juzgado sevillano.
Ese verano siguió siendo movido para la macrocausa pues tan solo un mes después de aterrizar en el juzgado, el 31 julio 2015, Nuñez decidía, a petición de Anticorrupción y en contra de la postura de su antecesora, dividir los ERE en piezas separadas. El juez de refuerzo Álvaro Martín asuma la rama de la trama política que ahora se juzga. El 16 de marzo de 2016 Chaves, Griñán, Zarrías y Viera declaran como investigados en el juzgado de Instrucción y el 31 de mayo el juez Martín dictaba auto de procedimiento abreviado contra 26 excargos de la Junta, entre ellos Chaves y Griñán, y archivaba la causa contra otros 24. La Fiscalía presentaría su escrito el 15 de septiembre y el 3 noviembre 2016 el juzgado abre juicio oral y remitía a la Audiencia de Sevilla el procesamiento de los 26 acusados, aunque para cuatro de ellos la causa se archivaría.