Por ley, las administraciones públicas deberían pagar las facturas que adeudan a sus proveedores autónomos en un plazo máximo de 60 días. Ayuntamientos, gobiernos regionales y Administración central cuentan con un periodo de un mes para revisar los recibos y con otros 30 días para efectuar el pago. Eso es lo que dice la ley, fruto de la trasposición de la directiva europea de lucha contra la morosidad.
Sin embargo, la realidad de la relación entre administraciones públicas y colectivo autónomo es muy distinta, sobre todo, según el punto del mapa español del que se hable y también del nivel de administración de la que se trate. Así, la local –los ayuntamientos–, se mantienen como los más relajados a la hora de abonar las facturas, tardando una media que supera los tres meses de espera (95 días en concreto). No es justo generalizar. Porque no es lo mismo ser autónomo y tener que esperar 589 días para cobrar –lo que ocurre en el Ayuntamiento de Jaén– o serlo y aguardar apenas 14 días para ingresar lo adeudado, como sucede en el Consistorio de Vigo.
Son los datos de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), que ha realizado un balance del primer semestre –el informe abarca hasta mayo– acerca de cuál es la situación de la morosidad para los autónomos que trabajan con las administraciones públicas.
Andalucía en su conjunto no sale mal parada, sino todo lo contrario. Es la segunda comunidad autónoma que paga sus facturas a estos empresarios con mayor celeridad, empleando para ello una media de 27 días. Solo el País Vasco se coloca por delante, con una media de 23 días de espera. De hecho, en el último año la comunidad andaluza ha recortado en 14 días el tiempo de atención a sus proveedores, lo que implica una mejora del 34,1 por ciento, según el análisis de ATA. De esta manera, el esfuerzo realizado por la región andaluza ha sido el quinto mayor registrado entre el conjunto de comunidades autónomas, tal y como reconoce el colectivo. Y se viene a sumar a una tendencia en esta misma línea, pues en 2017 ya redujo en seis días el tiempo para cumplir con sus suministradores (en 2016 era de 46 días).
Sin embargo, eso no quita para que en el ranking de los diez peores pagadores en el ámbito municipal, siete de ellos correspondan a ayuntamientos andaluces.
Además de Jaén, con su récord de 19 meses de tardanza, que encabeza este listado de morosos, se incluyen los consistorios de Jerez de la Frontera (ocupa el cuarto lugar con sus 322 días de espera), Algeciras (tarda 309 días de media), Chiclana de la Frontera (se demora 233 días), Vélez-Málaga (209 días), Granada (176) y Huelva (135).
ATA, que presentó ayer el informe en Madrid, puso de relieve que precisamente la administración local, que es con la que más suelen trabajar los empresarios autónomos, «es la única que una vez más incumple los periodos de pago que establece la ley», arrastrando así al conjunto de administraciones públicas. Actualmente el plazo medio que tienen que esperar para cobrar en el sector público es de 70 días, solo un día menos que en el primer semestre de 2017.
No obstante, también hay ayuntamientos que gestionan sus facturas de autónomos con premura. Así, en el grupo de los diez más cumplidores se cuela solo un consistorio andaluz, Málaga, que atiende el pago de sus recibos en un plazo de 29 días.
ATA sí reconoce, por otro lado, el trabajo de los gobiernos regionales para rebajar el plazo de espera en el último año. Lo han logrado reducir en nueve días (un 16,6 por ciento), pasando de los 54 días de la primera mitad de 2017 a 45 días en 2018.
La Administración central, por su parte, también ha avanzado en esta materia, recortando el periodo medio de pago en casi dos semanas, con lo que entra en los márgenes establecidos por la ley (55 días) frente a los 68 que tardaba un año antes, lo que supone un descenso del 19 por ciento.
Se desmarca de esta tendencia la administración local, que paga a sus suministradores autónomos en más de tres meses, 95 días, empeorando en una semana el registro de 88 días que presentaba hace un año, lo que representa un aumento del ocho por ciento.
Solo tres comunidades se sitúan por encima de los 60 días estipulados. Cantabria es la comunidad que más tarda en cumplir con sus proveedores, en concreto 73 días, seguida de Murcia, que prolonga el pago hasta los 66, duplicando el tiempo de espera respecto al año anterior. En tercer lugar, la Comunidad Valenciana, con 63 días. Si hablamos de pronto pago, destaca el País Vasco (23 días), Andalucía (27 días) y Navarra (28).
El informe de ATA establece, además, los tiempos de demora de las diputaciones provinciales en su puesta al día con los autónomos. Los tiempos oscilan entre los 17 días que requiere la institución provincial de Pontevedra y los 114 días que, de media, necesita la Diputación de Cádiz para hacer efectivos sus pagos.
Todos los entes provinciales cumplen la ley de morosidad salvo los de Salamanca (66 días), el Cabildo insular de Gran Canaria (67 días), Valencia (77 días) y el Cabildo de Lanzarote (98), junto al ya citado de Cádiz, que duplica el tiempo que marca la ley.
El informe de la patronal de autónomos ATA también hace referencia al comportamiento –en términos de pago de facturas– de empresas del sector privado. La media se situó en los 70 días, si bien «todas las empresas privadas, independientemente de la comunidad donde están afincadas, redujeron a lo largo de 2017 sus periodos medios de pago o mantuvieron sus plazos».
En este supuesto, las empresas andaluzas redujeron tres días el plazo de pago, hasta situarlo en 72 días, un poco por encima de la media nacional, ocupando así el undécimo lugar entre las comunidades autónomas. Las compañías radicadas en Navarra presentaron el mejor registro, con 62 días de media, mientras que las extremeñas fueron las que emplearon más tiempo en el pago, con 78 días de media.
Resulta significativo, apuntan, que sean los autónomos sin trabajadores a su cargo, las pequeñas empresas con hasta nueve trabajadores y las pymes de entre nueve y cincuenta asalariados las que cumplen la ley con un mayor margen. «Según va escalando el tamaño de la empresa, empeoran los periodos de pago», de modo que son las empresas de más de mil trabajadores las que más tardan en pagar las facturas pendientes. Así, la relación comercial entre autónomos se salda en 38 días, con empresas de hasta nueve empleados en 47 días y va subiendo hasta los 115 días que tardan las empresas con más de 1.000 trabajadores.
ATA especifica que para la elaboración del informe ha utilizado para calcular el periodo medio de pago la fecha de emisión de facturas o la entrega de mercadería hasta su pago efectivo, una metodología diferente a la utilizada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que mide desde la convalidación del recibo por parte de la administración correspondiente hasta el pago efectivo del mismo. «Esto da un margen de entre 28 y 32 días, que es lo que se tarda en convalidar las facturas por parte de las administraciones», explica.