Sólo uno de cada diez ancianos opta por una residencia

{Más de 300.000 sevillanos (1,3 millones de andaluces) superan los 65 años, un 15,5 por ciento de la población de la provincia (el 16,4 por ciento en el caso de la comunidad). Con una esperanza de vida media de 81,4 años, cuando llega la llamada tercera edad aún quedan casi dos décadas de vida por delante. Y lo cierto es que, tanto por una tradición sociocultural en la que el cuidado de los mayores forma parte de las responsabilidades familiares como por la mejora de su estado de salud y el avance en servicios para atender a aquellos que lo necesitan sin que tengan que dejar su entorno, poco más de 5.000 de esos 300.000 sevillanos mayores de 65 años viven en residencias. La cifra de Andalucía supera los 28.100, aunque en ambos casos corresponden al último censo de población y viviendas del Instituto Nacional de Estadística, de 2011, que incluye datos de los habitantes en residencias colectivas, entre ellas las de mayores.

Andalucía cuenta con 27.725 plazas residenciales específicamente para mayores financiadas con fondos públicas (alrededor de 674 centros de los que más de 500 son gestionados por entidades con las que la Junta concierta plazas), según los últimos datos de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Además, hay 14.980 plazas para personas con discapacidad, algunas de las cuales también se sitúan en la franja de la tercera edad. El último informe Envejecimiento en red de CSIC, de 2015, señala que la ratio de plazas residenciales por cada cien habitantes mayores de 65 años se sitúa en Andalucía en 2,95 y en Sevilla en 2,58, por debajo de la media nacional de 4,19.

La oposición política siempre reclama a la Junta más plazas públicas y, sobre todo, un reparto equilibrado que permite a todos los mayores que lo necesitan una cerca de donde viven. Denuncian el déficit en el medio rural, que obliga a muchos a irse a residencias lejos de su pueblo. La Junta alega que hay plazas vacantes.

La Ley de Dependencia ha traído un sistema que apuesta por la atención a las personas con problemas de autonomía en su propio entorno. De hecho, aunque el 72 por ciento de los dependientes atendidos en Andalucía supera los 65 años (y más de la mitad los 80), sólo uno de cada diez está en una residencia. A 30 de septiembre había 23.726 dependientes en residencias (no todos de la tercera edad). A ello hay que sumar los 3.266 beneficiarios de una prestación económica para pagar un servicio que, en la mayoría de los casos, es una residencia, según reconocen desde la consejería. En los años de la crisis, la Asociación de directores y gerentes de servicios sociales llegó a denunciar que muchas familias sacaban a los ancianos de las residencias para sufragar los gastos domésticos con la prestación económica de la ayuda a la dependencia.

Pero lo cierto es que, sea por aportar un ingreso más al hogar o sea por la cultura familiar, en los inicios de la Ley de Dependencia, muchos usuarios optaban por las ayudas económicas en lugar de los servicios. Aunque son los profesionales que valoran a las personas dependientes los que proponen cuál es la prestación más adecuada según su estado, la última palabra la tiene éste o su familia. Con el tiempo, ese desequilibrio se ha ido corrigiendo y hoy las prestaciones económicas representan el 30 por ciento del total y la inmensa mayoría son para sufragar los gastos que supone a las familias el cuidado de una persona dependiente dentro del hogar.

El catálogo de servicios de la Ley de Dependencia contempla la ayuda a domicilio, en el que profesionales especializados acuden a la casa donde vive el dependiente unas horas al día para su cuidado (el 21 por ciento de los beneficiarios); unidades de centro de día o de noche, donde los mayores pasan la mañana atendidos con actividades y cuidados profesionales para fomentar su autonomía pero duermen en casa o al revés (5 por ciento); y la teleasistencia, que es compatible con todas las demás y a la que en Andalucía tienen acceso de manera gratuita (en el resto de servicios el usuario paga en función de su pensión) no sólo los dependientes sino todos los mayores de 65 años que lo soliciten. Actualmente 190.000 andaluces usan este dispositivo que se pueden colgar del cuello y gracias al cual, apretando un botón, suena una llamada en los servicios de emergencias ante cualquier necesidad. Recientemente, la Junta anunció una mejora de estos dispositivos para dotarlos de GPS, detector de humos y caídas, destinados a mayores con alzheimer o solos.

Todo ello ha contribuido a que muchos mayores opten por quedarse en sus casas y a tranquilizar a sus familiares si viven solos. Aunque la cultura del cuidado familiar sigue arraigada, la sociedad andaluza no es ajena a los cambios que impone la realidad de la vida cotidiana, con la mujer –tradicional cuidadora– plenamente incorporada al mercado laboral y unos horarios profesionales que dificultan la conciliación. También los profesionales de la atención social loan las ventajas de no sacar a los mayores de su entorno siempre que sea posible. Eso sí, garantizando unos cuidados profesionales durante parte del día, ya sea con la ayuda a domicilio o en los centros de día (hay plazas residenciales incluso de respiro familiar para periodos cortos). Unos cuidados profesionales que, además, suponen un importante yacimiento de empleo, aún muy feminizado, superior a los 45.000 puestos de trabajo.

La Ley de Servicios Sociales, en trámite parlamentario, regulará el derecho a dejar escrito la negativa a ser internado en una residencia en caso de ver mermadas sus facultades intelectuales y no poder decidir. IU y Podemos critican esta norma por considerar que «privatiza» los servicios sociales, entre ellos los dirigidos a mayores, al promover los centros concertados renunciando a aumentar las plazas públicas. Por contra, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que aglutina al 70 por ciento de las entidades que gestionan centros de mayores y dependientes, alaba que prime a la hora de concertar plazas a entidades sin ánimo de lucro y con experiencia para evitar la entrada de multinacionales.

El deseo de los mayores por quedarse en su casa hasta el final se ha convertido incluso en una oportunidad de negocio para los bancos, que ofertan hipotecas inversas por las que les garantizan una pensión vitalicia que complete sus ingresos a cambio de quedarse con su piso cuando fallezcan. ~

Más de 300.000 sevillanos (1,3 millones de andaluces) superan los 65 años, un 15,5 por ciento de la población de la provincia (el 16,4 por ciento en el caso de la comunidad). Con una esperanza de vida media de 81,4 años, cuando llega la llamada tercera edad aún quedan casi dos décadas de vida por delante. Y lo cierto es que, tanto por una tradición sociocultural en la que el cuidado de los mayores forma parte de las responsabilidades familiares como por la mejora de su estado de salud y el avance en servicios para atender a aquellos que lo necesitan sin que tengan que dejar su entorno, poco más de 5.000 de esos 300.000 sevillanos mayores de 65 años viven en residencias. La cifra de Andalucía supera los 28.100, aunque en ambos casos corresponden al último censo de población y viviendas del Instituto Nacional de Estadística, de 2011, que incluye datos de los habitantes en residencias colectivas, entre ellas las de mayores.

Andalucía cuenta con 27.725 plazas residenciales específicamente para mayores financiadas con fondos públicos (alrededor de 674 centros de los que más de 500 son gestionados por entidades con las que la Junta concierta plazas), según los últimos datos de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Además, hay 14.980 plazas para personas con discapacidad, algunas de las cuales también se sitúan en la franja de la tercera edad. El último informe Envejecimiento en red de CSIC, de 2015, señala que la ratio de plazas residenciales por cada cien habitantes mayores de 65 años se sitúa en Andalucía en 2,95 y en Sevilla en 2,58, por debajo de la media nacional de 4,19.

La oposición política siempre reclama a la Junta más plazas públicas y, sobre todo, un reparto equilibrado que permite a todos los mayores que lo necesitan una cerca de donde viven. Denuncian el déficit en el medio rural, que obliga a muchos a irse a residencias lejos de su pueblo. La Junta alega que hay plazas vacantes.

La Ley de Dependencia ha traído un sistema que apuesta por la atención a las personas con problemas de autonomía en su propio entorno. De hecho, aunque el 72 por ciento de los dependientes atendidos en Andalucía supera los 65 años (y más de la mitad los 80), sólo uno de cada diez está en una residencia. A 30 de septiembre había 23.726 dependientes en residencias (no todos de la tercera edad). A ello hay que sumar los 3.266 beneficiarios de una prestación económica para pagar un servicio que, en la mayoría de los casos, es una residencia, según reconocen desde la consejería. En los años de la crisis, la Asociación de directores y gerentes de servicios sociales llegó a denunciar que muchas familias sacaban a los ancianos de las residencias para sufragar los gastos domésticos con la prestación económica de la ayuda a la dependencia.

Pero lo cierto es que, sea por aportar un ingreso más al hogar o sea por la cultura familiar, en los inicios de la Ley de Dependencia, muchos usuarios optaban por las ayudas económicas en lugar de los servicios. Aunque son los profesionales que valoran a las personas dependientes los que proponen cuál es la prestación más adecuada según su estado, la última palabra la tiene éste o su familia. Con el tiempo, ese desequilibrio se ha ido corrigiendo y hoy las prestaciones económicas representan el 30 por ciento del total y la inmensa mayoría son para sufragar los gastos que supone a las familias el cuidado de una persona dependiente dentro del hogar.

El catálogo de servicios de la Ley de Dependencia contempla la ayuda a domicilio, en el que profesionales especializados acuden a la casa donde vive el dependiente unas horas al día para su cuidado (el 21 por ciento de los beneficiarios); unidades de centro de día o de noche, donde los mayores pasan la mañana atendidos con actividades y cuidados profesionales para fomentar su autonomía pero duermen en casa o al revés (5 por ciento); y la teleasistencia, que es compatible con todas las demás y a la que en Andalucía tienen acceso de manera gratuita (en el resto de servicios el usuario paga en función de su pensión) no sólo los dependientes sino todos los mayores de 65 años que lo soliciten. Actualmente 190.000 andaluces usan este dispositivo que se pueden colgar del cuello y gracias al cual, apretando un botón, suena una llamada en los servicios de emergencias ante cualquier necesidad. Recientemente, la Junta anunció una mejora de estos dispositivos para dotarlos de GPS, detector de humos y caídas, destinados a mayores con alzheimer o solos.

Todo ello ha contribuido a que muchos mayores opten por quedarse en sus casas y a tranquilizar a sus familiares si viven solos. Aunque la cultura del cuidado familiar sigue arraigada, la sociedad andaluza no es ajena a los cambios que impone la realidad de la vida cotidiana, con la mujer –tradicional cuidadora– plenamente incorporada al mercado laboral y unos horarios profesionales que dificultan la conciliación. También los profesionales de la atención social loan las ventajas de no sacar a los mayores de su entorno siempre que sea posible. Eso sí, garantizando unos cuidados profesionales durante parte del día, ya sea con la ayuda a domicilio o en los centros de día (hay plazas residenciales incluso de respiro familiar para periodos cortos). Unos cuidados profesionales que, además, suponen un importante yacimiento de empleo, aún muy feminizado, superior a los 45.000 puestos de trabajo.

La Ley de Servicios Sociales, en trámite parlamentario, regulará el derecho a dejar escrito la negativa a ser internado en una residencia en caso de ver mermadas sus facultades intelectuales y no poder decidir. IU y Podemos critican esta norma por considerar que «privatiza» los servicios sociales, entre ellos los dirigidos a mayores, al promover los centros concertados renunciando a aumentar las plazas públicas. Por contra, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que aglutina al 70 por ciento de las entidades que gestionan centros de mayores y dependientes, alaba que prime a la hora de concertar plazas a entidades sin ánimo de lucro y con experiencia para evitar la entrada de multinacionales.

El deseo de los mayores por quedarse en su casa hasta el final se ha convertido incluso en una oportunidad de negocio para los bancos, que ofertan hipotecas inversas por las que les garantizan una pensión vitalicia que complete sus ingresos a cambio de quedarse con su piso cuando fallezcan.