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La electricidad está considerada un suministro vital básico. Quedarse sin poder pagar el recibo puede dar lugar a situaciones muy difíciles para las familias que han perdido su empleo o este es ya un trabajo precario debido a la crisis. / Fotos: Efe, El Correo, Gregorio Barrera y Javier Cuesta -
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Dos años después de que la anciana de Reus falleciera en el incendio de su casa en la que se alumbraba con velas tras el corte de la luz eléctrica por impago, conocer a cuántos andaluces o sevillanos afecta la pobreza energética es la cuadratura del círculo. Con una Administración que encarga estudios electorales periódicos, y en el que institutos de estadística nacionales y autonómicos tienen datos actualizados de casi todo, no hay manera de saber a ciencia cierta a cuántas personas afecta la incapacidad de adquirir suministros tan básicos como la luz, el agua o el gas, en Sevilla o en Andalucía. Los estudios que hay están a cargo de asociaciones que luchan contra la desigualdad desde fuera de las instituciones.
1.- Afectados
A falta de estudios oficiales, la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) publicó en 2016 una radiografía nacional de la pobreza energética, considerada por los expertos un estudio de prestigio. Los datos son de 2014 y ante la indiferencia oficial, busca actualizar ahora el estudio mediante una campaña de micromecenazgo.
Entonces, el 11,1 por ciento de los hogares españoles «se declaraba incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante los meses fríos»: esto supone 5,1 millones de personas. En Andalucía la situación era peor: el 16 por ciento de los hogares, es decir, 1,34 millones de andaluces, «pese a que las condiciones invernales son menos rigurosas».
Otro estudio estatal de referencia es el de la Alianza contra la Pobreza Energética en Cataluña, que eleva el porcentaje de pobres energéticos en España al 17 por ciento, explica desde Córdoba el voluntario de comunicación de Ingeniería sin Fronteras Óscar Martín. En Andalucía la tasa de pobreza energética se elevaría al 23 por ciento de la población, calculada a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida suministrada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este estudio añade que en el conjunto del país 7.100 personas han fallecido por esta causa (1.400 en Andalucía), al estimar este origen al 30 por ciento de las muertes adicionales del invierno.
Para el portavoz de la asociación de consumidores Facua sobre estos asuntos, Jordi Castilla, los datos de ambos estudios nacionales son difícilmente extrapolables a Sevilla o Andalucía. «Ciertas zonas sufrimos temperaturas extremas en verano, para empezar». Además, las rentas de los andaluces son menores.
La Oficina del Defensor del Pueblo indica que la tendencia, en número de quejas, ha comenzado a ser descendente en 2017. También Cruz Roja Española en Andalucía ha detectado un descenso (auxiliaron a 2.894 personas el año pasado), pero lo achacan a que hay más organismos públicos y privados que ayudan, no a que se esté solucionando la pobreza energética.
Facua y Stop Desahucios –en la voz de uno de sus miembros especializado en esta problemática, David Navas– señalan que los casos están en auge y cada vez son más. Desde la Alianza contra la Pobreza Energética de Cataluña, su portavoz, María Campuzano, denuncia la falta de datos: «los propios ayuntamientos desconocen a qué vecinos les cortan la luz. Esos datos solo los manejan las empresas de suministro eléctrico».
2.- Perfil
Cruz Roja atiende por este motivo sobre todo a familias «en situación de vulnerabilidad, con escasos recursos económicos o nulos, en muchos casos en desempleo».
Stop Desahucios explica que existen dos: el nuevo trabajador pobre, que accede al bono social con normalidad, y el parado de larga duración o que entra y sale del mercado laboral. En esta dinámica las situaciones son tan extremas que acudir a los servicios sociales les aterra si tienen hijos. Además, si caen en situaciones de ocupación de vivienda para evitar vivir en la calle, ningún ayuntamiento se hace cargo de los permisos de enganche. Si tienen luz es porque se ven abocados a manipular el contador.
El portavoz de Facua expone que son personas con «poca capacidad económica», que no pueden abordar la climatización de su vivienda. Tanto él como la ACA coinciden en que hay tres factores que alimentan esta situación: los ingresos, los costes de la energía y la eficiencia energética de la vivienda: aislamientos malos, electrodomésticos poco eficientes... Lo más eficaz es cambiarlos, pero es la solución que requiere más inversión inicial, y ese desembolso cae fuera del alcance de familias que no pueden pagar la luz y el agua todos los meses.
3.- Empresas
Corporaciones como Endesa son conscientes de la pobreza energética en sus acciones de voluntariado y ayudan a algunos centenares de hogares.
Para otros miles mantiene convenios para no cortar los suministros (depende del municipio: unos tienen y otros no. Endesa mantiene convenios con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), al que se han suscrito 40 ayuntamientos, entre ellos el de Sevilla, así como con la ACA y la Red contra la Pobreza (EAPN).
Pero acerca del coste de la luz, Facua destaca que en 2017 la factura subió el 10,8 por ciento (la enésima subida similar), mientras la inflación rozó el uno por ciento y la capacidad adquisitiva se ha ido reduciendo desde el inicio de la crisis, de forma apreciable para quienes trabajan, pero brutal para quienes han perdido el empleo o han encontrado solo nuevos trabajos precarios.
Ingeniería sin Fronteras critica que, aunque está muy bien enseñar a optimizar el consumo doméstico, «parece que en el fondo los afectados por la pobreza energética consumieran luz por encima de sus posibilidades y que en España no hubiera un oligopolio que hace negocio con un servicio de primera necesidad».
4.- Bono social
El bono social, actualizado por el Gobierno este otoño, reduce el 25 por ciento o incluso el 40 para los casos severos, la factura eléctrica. Aunque Facua y el Defensor del Pueblo Andaluz lo valoran como un paso adelante, señala la primera que es insuficiente y el segundo que limite el consumo por debajo de una familia media: «en desincentivar el despilfarro estamos de acuerdo, pero no hay que limitar el consumo normalizado». Stop Desahucios recuerda que los casos más graves se desesperan ante la maraña burocrática y los plazos: «dan citas a 20 días o un mes: en ese tiempo sigues necesitando luz, y antes que pagarla lo que tienes es que alimentarte».
5.- Ayudas para evitar el corte
Como el bono social es insuficiente, los servicios sociales municipales socorren a un buen número de personas que no pueden pagar la factura de la luz. El Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, mantiene desde este mandato convenios con Endesa, Gas Natural y Unión Fenosa para evitar cortes de suministro. Así ayudaron en 2017 a 3.598 personas –un aumento del 190 por ciento respecto a la situación de 2015– y el presupuesto para hacerlo ha pasado de 230.952 a 990.000 euros (un 320 por ciento más), solo en electricidad.
El Defensor del Pueblo Andaluz, que ve en esta alternativa al corte de suministro un paso para evitar el mal mayor del corte de un suministro vital, pero critica por su parte que la Administración púbica soporte parte del coste (normalmente el 50 por ciento) del coste de las facturas que los pobres no pueden pagar, «ya que significa garantizar a las empresas el cobro de unos recibos que de otro modo resultarían difícilmente cobrables, ahorrándose además los costes de la gestión de cobros». También se pregunta por qué solo se extiende a los «consumidores vulnerables severos» y echa en falta el derecho de las personas pobres a recibir suministros mínimos vitales gratuitos.
6.- Causas
«Todo esto se arregla con empleos», explica el miembro de Stop Desahucios. «La sociedad se basa en un pilar que no puede garantizar, el trabajo, que falta –25,4 por ciento de paro en la comunidad según la última encuesta de población activa; 23, 20 por ciento en Sevilla ciudad y 23,54 en la provincia–. «Nadie quiere vivir en esa precariedad. Y como cada vez hay más gente que cae la bolsa de la exclusión crece», apunta: «hemos atendido a quienes tenían ingresos de mil euros e hipoteca de 800, asfixiados. Incapaces de pagar el agua, la luz y el gas y la comida, en Cáritas».
7.- Política
Facua critica que Gobierno y oposición no cuestionen la forma de generar el precio de la energía que se mantiene «desde hace muchos años» y que la única compensación sean «parches» para los ciudadanos incapaces de pagar los recibos «que solo aplazan la deuda». Y critica que las empresas hayan obtenido «grandes beneficios» mientras un no pequeño porcentaje de los andaluces se queda sin poder abonar la factura, aunque quieran.
8.- Otras pobrezas
Prácticamente todos los sectores coinciden en que además de la electricidad, el suministro de agua es vital. Y hay mucha gente a las que no les llega ni para pagarlo. «Eso sí se está controlando más, porque muchas empresas de suministro. Son públicas», responde Martín, de Ingenierías sin Fronteras. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Sevilla ha multiplicado por 20 este mandato el presupuesto para ayudar a pagar las facturas de agua y que no se les corte el agua a 12.000 familias. De 37.000 euros en 2015 ha saltado a abonar 845.000 euros, aunque desde Stop Desahucios critican que muchas mociones que se aprueban en el pleno de Sevilla quedan en papel mojado o no simplemente «no se da cuenta» de lo que significa vivir en la precariedad».