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La jueza María Núñez. / Julio Muñoz (EFE)
La jueza de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha prorrogado otros 18 meses la investigación de la pieza separada por las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.
En un auto fechado el día 29 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada acepta así la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y declara la prórroga dada la complejidad de la instrucción de la causa.
La jueza toma esta decisión porque en esta pieza separada «se investigan numerosos hechos punibles, involucrando a gran cantidad de investigados», lo que «exige la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que implican el examen de abundante documentación, precisando de la revisión de la gestión de personas jurídico-públicas y privadas».
Por todo ello, «es indudable que procede acceder a la petición formulada» por el Ministerio Público, concluye la jueza María Núñez Bolaños en este auto.
En su petición, el Ministerio Público recordaba que esta pieza separada de los ERE fue declarada de especial complejidad, finalizando el plazo inicial de instrucción de 18 meses el día 10 de diciembre de 2017.
Y es que, al declarar esta pieza de especial complejidad, la jueza disponía inicialmente de 18 meses más para finalizar la instrucción en virtud de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija los plazos de la instrucción para las causas sencillas y complejas.
Anticorrupción, en un escrito fechado el día 9 de noviembre, pidió a la jueza instructora que «prorrogue el presente plazo por otro de igual duración» al estimar «razonablemente que la investigación no podrá completarse en el plazo inicial de 18 meses».
Así, la Fiscalía Anticorrupción realizó tal solicitud «ante la eventualidad de que las diligencias necesarias para la instrucción y que han sido acordadas no puedan llevarse a efecto antes del transcurso de los plazos».
Cabe recordar que la pieza de las sobrecomisiones de los ERE se dirige contra cerca de 40 personas, entre ellas el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero o el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas.