Los 58 millones que la Concertada reclama a Educación

FSIE Andalucía mantuvo en la jornada de ayer, 26 de enero, una reunión en la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz donde expuso la problemática existente con los docentes de los colegios concertados de la región que han cumplido veinticinco años de antigüedad y siguen sin cobrar la denominada Paga Extraordinaria por Antigüedad (PEA). Los sindicales han comentado que siguen “a la espera de un acuerdo que se está dilatando durante casi diez años” y que sigue “sin solución”.

Desde el sindicato mayoritario de la educación concertada andaluza (49% de los trabajadores) defienden que la consejería que ahora dirige la popular sevillana Patricia del Pozo, “debe asumir el compromiso adquirido mediante Proposiciones No de Ley y en programas electorales con los docentes de los centros concertados, en los que se incluyen tanto los que prestan servicios en centros ordinarios como en específicos de Educación Especial”. Igualmente, intentan hacen ver al gobierno andaluz que el abono de esta deuda “no corrige o soluciona la brecha salarial con sus compañeros de los centros de titularidad pública, que disfrutan del abono de sexenios que deben extenderse urgentemente a los docentes de los centros concertados”, aseveran.

En esta reunión en las oficinas de Jesús Maeztu, FSIE Andalucía ha entregado un informe detallado en el que se plasman cronológicamente las “vicisitudes acaecidas tanto jurídicas como políticas”, que provocan que los docentes en pago delegado de Andalucía “no perciban un abono que se está llevando a cabo en otras comunidades”, continua el comunicado. Según ese informe, al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, el abono de la PEA ya se realiza en otras doce comunidades autónomas, tales como Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja,siendo Andalucía una de las pocas que aún no lo está llevando a cabo.

Por último, el sindicato ha solicitado que, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 9/1983 del Defensor del Pueblo Andaluz, “se formulen las recomendaciones correspondientes a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía a fin de que se alcance un acuerdo de abono de la Paga Extraordinaria por Antigüedad (PEA) en la empresa”, concluyen.