Andalucía se desangra por las muertes en el tajo
Trabajar en nuestra región es mucho más peligroso que hacerlo en el resto del país, a pesar del plan de choque contra la siniestralidad firmado este verano entre sindicatos, patronal y Junta y a la vista de los 94 trabajadores que han perdido la vida solo en lo que va de año
Álvaro Romero
Los trabajadores de Andalucía tienen más posibilidad de perder la vida en el tajo que en el resto de comunidades autónomas, a la vista de los escalofriantes datos de muertes por accidente laboral solo en lo que va de año. Uno de cada cinco trabajadores fallecidos durante su jornada laboral o mientras va o vuelve (in itinere) lo hace en nuestra región. El Ministerio solo ha ofrecido los datos desglosados por comunidades hasta agosto de 2023. En esa tabla, comunidades muy pobladas y con una actividad laboral frenética como Cataluña arrojan la estadística de 63 fallecidos en el trabajo en los primeros ocho meses del año. En la Comunidad de Madrid, por su parte, habían fallecido, hasta el 31 de agosto, 48 trabajadores. En el resto de comunidades las cifras son notablemente más bajas, aunque destaquen algunas como Valencia, con 44; Galicia, con 40; o Castilla-León con 32. La que destaca de veras es Andalucía, con 79.
Sin embargo, solo entre el mes de septiembre y lo que va de octubre, esa macabra cifra ha subido ya en nuestra comunidad hasta 94, lo que ha llevado a los sindicatos a denunciar la situación y a reclamar más celo en la prevención de la siniestralidad laboral porque estamos hablando de vidas humanas, con todas las consecuencias familiares, sociales y hasta económicas que provoca una muerte que en la mayoría de los casos se hubiera podido evitar. Si tenemos en cuenta que estamos en la 43ª semana del año, la media semanal es más escalofriante aún, porque no hay semana en la que no mueran en el tajo, como mínimo, dos trabajadores en Andalucía. La cifra final del año pasado –y también del anterior- fue de 155. Andalucía viene registrando la cifra de siniestralidad mortal más alta de todo el territorio nacional desde 2018.
Por si fuera poco, ese porcentaje de muertes por accidente laboral no ha hecho más que crecer en el último lustro. Hasta la siniestralidad general ha crecido un 2,31%, según señalan en Comisiones Obreras (CCOO), donde recuerdan además que la ratio de inspectores en Andalucía es de uno por cada 9.564 trabajadores, una cifra que sale de dividir el número de personas afiliadas a la Seguridad Social en Andalucía (3,3 millones aproximadamente) entre los profesionales activos de la inspección, que teóricamente es hoy de 349. El problema no es solo andaluz; tan solo un mes antes de las últimas elecciones generales, los inspectores de trabajo y Seguridad Social iniciaron una huelga indefinida para exigir un aumento de plantilla, que se reformara el modelo de acceso para potenciar la promoción interna como forma de acceso al cuerpo superior y una formación más permanente.
Prevención de mentira
La líder de CCOO en Andalucía, Nuria López, se ha referido a un fenómeno muy extendido especialmente entre pequeñas empresas y conocido como “la prevención de papel”, es decir, solo en la teoría. De “inspección de papel” habla asimismo el responsable de salud laboral de este sindicato, Emilio Fernández, quien recuerda que después de reclamarle a la Junta de Andalucía, durante años, que aumentara el número de técnicos habilitados en prevención de riesgos laborales, antes de firmar el pasado 1 de agosto el llamado Plan de Choque contra la Siniestralidad Laboral, “hemos pasado de contar con 20 técnicos en toda Andalucía a 25”. Además, con una distribución más que irregular en el territorio, pues de estos técnicos que pueden asesorar, investigar y proponer sanciones “te puedes encontrar solo uno en algunas provincias y siete u ocho en otras”.
En cualquier caso, el citado plan de choque es una novedad histórica en nuestra región, y fue firmado este verano por el Gobierno andaluz, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos UGT y CCOO. El documento reconoce expresamente que en estos tres últimos años –y a pesar de la pandemia por el Covid, que paralizó tantos sectores durante meses- “se ha producido un aumento importante de los accidentes mortales” y señala como objetivo del plan “reducir los índices de incidencia de la siniestralidad laboral grave, muy grave y mortal, especialmente para los accidentes de tipo traumático en jornada de trabajo”. Para ello se recogen actuaciones muy precisas hasta en siete áreas, como la elaboración de un mapa de la siniestralidad laboral mortal en Andalucía en estos últimos años para identificar claramente las actividades económicas que presentan una mayor incidencia, como las caídas en el desarrollo de trabajos en altura o el vuelco o la pérdida de control de maquinaria y de equipos de carga. Otro de los objetivos señalados en el plan de choque firmado hace tres meses es el refuerzo de las actividades de comprobación, información y asesoramiento en empresas, así como del programa de incentivos a empresas en materia de prevención; el desarrollo de más campañas de sensibilización y de programas formativos y de asistencia técnica e información a empresas.
Pero todo ello puede formar parte de esa “prevención de papel” a la que se refiere Nuria López, pues los sindicatos andaluces siguen quejándose de que las empresas, en general, no tienen compromiso en este sentido, a pesar de que la Ley de Riesgos Laborales de 1995 –de hace tres décadas- pone el acento en que la responsabilidad debe ser de las empresas. Las causas de fondo, señala Emilio Fernández, de CCOO, pueden ser que, frente a una generalidad de más empresas grandes en otras latitudes de España, “casi el 95% de las empresas andaluzas son pequeñas empresas (pymes) que ni siquiera tienen representación sindical” y, encima, el tipo de mercado de trabajo en Andalucía está marcado por una precariedad más severa. “Muchos trabajadores tienen pánico a perder su puesto y no se atreven a exigir medidas de seguridad, aunque estén en su derecho”. Además, por lo que a inspecciones se refiere, no contribuye para bien precisamente la dispersión geográfica que puede suponer Andalucía frente a otras comunidades más pequeñas...
Infradeclaración de enfermedades profesionales
El responsable de Salud Laboral de CCOO, Emilio Fernández, insiste en la infradeclaración de enfermedades profesionales, puesto que el 92% de las enfermedades que contraen los trabajadores en Andalucía se supone que son enfermedades comunes y solo se reconoce un 8% como verdaderamente derivadas del trabajo. Si nos referimos a algo tan grave como el cáncer, hasta ahora solo se han reconocido dos casos de cáncer de origen laboral y que tienen que ver con la silicosis y la asbestosis, enfermedades fibrótica-pulmonares que se ha llegado a demostrar como provocada por la exposición al sílice y al amianto, por ejemplo del fibrocemento o uralita.
Uno de los últimos fallecidos en accidente laboral, en la Zona Franca de Cádiz, ha sido un hombre de 50 años, de Utrera, que era empleado de la empresa Utrecolor y que perdió la vida a las tres de la tarde, cuando se le cayó encima una vidriera de grandes dimensiones. “Resulta inexcusable que se extremen las medidas de seguridad en materia de prevención de riesgos laborales y que se cumpla la ley en esta materia, porque estamos asistiendo a una ola de accidentes laborales que resulta inasumible”, ha sostenido el secretario provincial de Salud Laboral de CCOO, David Pérez.
En La Rioja, el sindicato UGT ha pedido recientemente que la Fiscalía actúe de oficio en las muertes en accidentes laborales.
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