La crisis del agua: Córdoba toca fondo

Una investigación de oficio abierta por el Defensor del Pueblo andaluz, una visita del relator especial de la ONU para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, huelgas de hambre y el primer pantano declarado oficialmente seco, el de Sierra Boyera, son los capítulos de una historia apocalíptica que protagonizan más de 80.000 personas que desde hace más de 9 meses viven sin acceso al agua.

El embalse de la Colada, la otra alternativa de captación de agua para el suministro de los pueblos afectados por el corte irremisible de agua, no es apto porque está contaminado. La Colada, como otras fuentes de suministro en Andalucía, está afectado por contaminación difusa de fuentes agrarias y por tanto, la única alternativa por ahora es la garrafa que llega cada uno de estos habitantes gracias a los camiones cisterna sin subvención de la Junta (a diferencia de Cataluña donde su gobierno auxilia a las zonas rurales) y pagados por la precaria economía de la empresa pública rural EMPROACSA que les lleva agua a sus municipios y/o comprando la cara y poco sostenible agua embotellada de las multinacionales embotelladoras que, además generan una ingente cantidad de plástico como desecho.

No era algo imprevisible. Se veía venir que esto iba a pasar. Más de una década sin que las administraciones hicieran nada al respecto y ahora, con una pertinaz sequía, tal vez una de las más grandes del siglo, los damnificados son los vecinos que, pese a todo, han pagado religiosamente sus tarifas de agua que incluían, hasta 2022, el canon con el que se debían asumir infraestructuras para que esta situación nunca llegase a producirse.

La solución de la Junta de Andalucía llegado a este punto sin retorno es diluir el agua contaminada de la Colada, algo que no soluciona el problema y puede causar otros mucho más graves referidos a la salud. La calidad de esta agua está gravemente afectada por los purines vertidos, y no depurados, por las ganaderías al río Guadarramilla, del que se alimenta este embalse.

Se requiere un esfuerzo por parte de todas las administraciones para dar una solución definitiva a la comarca donde residen casi 80.000 personas, explica Luis Babiano, gerente de AEOPAS, la Asociación de operadores públicos nacional que aglutina a la mayoría de empresas públicas de agua de España. Para el gerente de AEOPAS “la solución no sólo debe ir marcada por el criterio de competencia sino que fundamentalmente vendrá por el concepto de responsabilidad”. Explica Babiano que lo “urgente” es crear una mesa de diálogo “que aporte soluciones e incluso tranquilidad a las personas que residen en la comarca”.

“Creo que la Junta de Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y la Diputación Provincial deben consensuar un plan a medio y largo plazo con el que abordar la sequía y los problemas de suministro de agua de nuestros pueblos”, asegura e insiste en que “todos deben colaborar y apoyar con infraestructuras, con inversiones y con medidas de gobernanza que garanticen nuestro futuro”. Finalmente, el gerente de los operadores públicos de agua sentenci: “Aprovechemos la sequía para poner soluciones de futuro”.