Seis años de prohibición de las narcolanchas no impide que campen a sus anchas por Cádiz

Una lancha de 14 metros y 5.000 kilos y tres motores contra una zodiac de cinco metros y 500 kilos. Así se enfrentaron los narcos y los guardias civiles el viernes en Barbate. Estos vehículos, prohibidos desde 2018, son la principal amenaza que padecen las fuerzas de seguridad del Estado en la zona. Esta regulación no ha impedido en seis años que las embarcaciones sigan campando a sus anchas por la Bahía de Algeciras.

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), su portavoz nacional, Pedro Carmona, denuncia que el cuerpo no tienen “ni los medios ni los agentes” necesarios para hacer frente a las narcolanchas. Como ya contó este periódico, los recursos de la Guardia Civil se encuentran bajo mínimos y los agentes tienen que enfrentarse a los traficantes con recursos que no están diseñados para ello.

En octubre de 2018, el Consejo de Ministros aprobó un decreto ley por el que se adoptaron “medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las embarcaciones utilizadas”. Con esta norma, el Gobierno de Pedro Sánchez buscaba hace seis años responder a las exigencias de los agentes, pero el tiempo ha pasado y nada ha cambiado en la Bahía de Algeciras.

Ya en la redacción del decreto ley se señalaba que estas embarcaciones suponen un “riesgo” constante para la seguridad marítima, algo que se ha vuelto a demostrar una vez más en Barbate. “La propia acción de las fuerzas encargadas de la represión de estos ilícitos en la persecución de estas embarcaciones exige a menudo la asunción de importantes riesgos para la seguridad de los tripulantes y de las embarcaciones, ante las arriesgadas maniobras evasivas que habitualmente llevan a cabo los pilotos de las semirrígidas que han llegado a ocasionar accidentes con pérdida de vidas humanas”, destacaba.

La “urgente necesidad” de regular estas planeadoras, de la que ya hablaba el decreto, sigue vigente hoy en día y, pese a la prohibición, su uso sigue siendo diario por parte de los narcotraficantes. No solo esto, Carmona denuncia que quienes utilizan estos vehículos “son detenidos, salen por la puerta de atrás” y siguen “andando a sus anchas” sin problemas.

De hecho, Carmona recuerda que, además de Miguel Ángel Gómez y David Pérez, muertos este fin de semana, desde 2019 han sido “asesinados” otros dos compañeros cuando luchaban contra el narcotráfico. En mayo de 2021, Agustín Cárdenas fue arrollado en 2021 por un coche que conducían los narcotraficantes en la AP-4 a la altura de Jerez mientras huían de la Guardia Civil a 180 kilómetros por hora. Por su parte. Fermín Cabezas fue atropellado en la A-7, en Los Barrios, mientras perseguía con su moto a un vehículo sospechosos de transportar droga.

Luis Bueno, de AUGC Cádiz, critica que solo se pongan medios cuando un compañero es asesinado y pide que estos estén presentes siempre en la provincia. ”Como el hecho era tan grave se pusieron más medios, pero cualquier alijo, sin necesidad de que haya muertos, es grave”, subraya. Además, recuerda que llevan meses avisando de que iba a ocurrir una desgracia y el tiempo les ha dado la razón.

El debate se centra también en el papel de la Agencia Tributaria. Es este organismo quien debe seguir el rastro del dinero con el que se compran las embarcaciones y el resto de vehículos con los que trafican con la droga. Y es que, como recuerda el portavoz de la AUGC, la compra de estos vehículos se realiza con dinero negro.

El control de estas embarcaciones ilegales es complejo. Si bien la ley permite “incautarlas incluso en tierra y sin carga ilícita e incoar los correspondientes expedientes sancionadores o formular las denuncias que resulten pertinentes”, en ningún momento se especifica a quién corresponde esta responsabilidad. A esto se suma que muchas son construidas en puertos secos, es decir, en el interior del país, y trasladadas en camiones directamente al mar para traficar, algo que dificulta enormemente su seguimiento por parte de las autoridades.

Con todo, la AUGC pide de nuevo al Ministerio del Interior que Cádiz sea denominada como zona de especial singularidad, para poder tener más medios, más personal y que los trabajadores tengan incentivos para querer estar allí. La asociación señala que la difícil situación de los guardias civiles en la zona hace que la mayoría no quiera estar allí destinado.