El PP convalida el decreto de simplificación administrativa y la izquierda promete frenarlo en los tribunales

Los votos del PP y de Vox le han sobrado al Gobierno para convalidar el decreto de Simplificación Administrativa que anunció el presidente Juanma Moreno en Madrid. Los esfuerzos de Adelante Andalucía, Por Andalucía y el PSOE por frenar la aprobación de la norma como decreto no han sido suficientes y la izquierda ha reiterado que la llevarán ante la justicia.

Tanto Por Andalucía, como el PSOE, que pedían que se tramitara como proyecto de ley, han anunciado que recurrirán el recurso ante el Tribunal Constitucional al no ver la “urgente necesidad” que requiere una norma para ser tramitada como decreto y han exigido informes jurídicos que así lo demuestren. Hasta el último momento, las formaciones de izquierda han tratado evitar que el decreto llegará a votarse en la Cámara.

En un intento final, que se sabía fallido, Por Andalucía y los socialistas, han presentado una petición para que el decreto fuese retirado del orden del día. “Para la sentencia judicial que pueda venir después, hay que agotar todas las vías”, sostenía la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, en la rueda de prensa previa al pleno.

Los populares lo tenían claro, este miércoles se tenía que aprobar el decreto. “Es un paso de gigante para convertirnos en la comunidad con menos burocracia del país”, ha insistido el consejero de Presidencia, Antonio Sanz. El dirigente lleva semanas repitiendo las virtudes de este proyecto, en el que han trabajado todas las consejerías, y ha reiterado que lo que buscan es una Administración más “ágil, rápida y segura” para los ciudadanos y para la inversión de las empresas.

La oposición les acusa de "antidemocracia"

En el debate, los grupos, salvo el PP, han insistido en que es un decreto de 600 páginas y 1.900 folios de expediente que cambia 176 normas y que no se puede “ventilar” con un debate de 10 minutos. Toda la oposición, incluída Vox, han votado para que se tramite como proyecto de ley, aunque la mayoría absoluta del PP lo ha impedido.

La portavoz de Adelante, Maribel Mora, ha llegado a acusar al Gobierno andaluz de “autoritarismo” por intentar cambiar tantas normas sin un debate en profundidad del Parlamento. No ha sido la única, Nieto y el portavoz del PSOE, Josele Aguilar, también han insistido en la importancia de la participación de los grupos y los agentes sociales en la redacción de la ley. “Es una vergüenza antidemocrática. no es simplificación administrativa, es simplificación parlamentaria”, ha denunciado Aguilar.

Los socialistas han señalado que “Moreno Bonilla es líder en trampas y engaños” y han comentado que se trata de “un decreto ómnibus al estilo Milei” por el que quieren reformar normas bajo el manto de la simplificación administrativa.

Reforma

El PP no se ha inmutado ante las amenazas de recurso. En la bancada de los azules, los diputados aplaudían al consejero y en su turno de intervención, el popular José Ramón Carmona ha recordado que “los anteriores decretos también los han recurrido” y no han prosperado. Incluso han desmentido que el PSOE pueda recurrir la falta de un informe preceptivo, pese a como ha recordado el grupo socialista, el Tribunal Supremo anuló en 2019 el Plan Hidrológico de 2016 de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas por el mismo motivo.

Por Andalucía incluso baraja ya la posibilidad de elevar el problema a la Comisión de Venecia. La portavoz ha señalado que pedirán un informe sobre la calidad democrática del decreto, que ha destacado que “atenta a los derechos fundamentales” de la ciudadanía y de los grupos ante la imposibilidad de poder enmendarlo o participar de su redacción.

Aunque el decreto ya ha sido convalidado, el Consejo de Gobierno aprobará un nuevo decreto, acordado con el Ministerio de Transición Ecológica, para reformar el artículo 242, sobre los suelos forestales que ponía en jaque el Pacto de Doñana. La modificación tiene efectos a partir del 17 de febrero, cuando el decreto se publicó en el BOJA, para evitar que nadie pueda acogerse a ello..