Gobierno y Junta cofinanciarán el traslado de agua en barcos si la escasez de lluvias continúa

El Gobierno y la Junta de Andalucía siguen explorando la vía del diálogo como modus operandi con el Acuerdo de Doñana como referente. Este jueves, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, han vuelto a hacerse la foto del consenso. Esta vez, el motivo ha sido abordar las actuaciones hidráulicas a corto, medio y largo plazo en la comunidad autónoma.

Ante la evidencia de que las sequías serán fenómenos recurrentes, ambos dirigentes están de acuerdo en que hay que plantearse "todos los escenarios posibles". Entre ellos, el traslado de agua en barcos, algo que tanto Ribera como Moreno barajan como "la última opción".

La vicepresidenta ha explicado que el Gobierno central se encargaría de las "soluciones técnicas", es decir, las conducciones que permitirían llevar el agua de las desaladoras escogidas a los barcos. Ribera sólo ha especificado que se tiene localizada la planta de desalación de otra comunidad autónoma, y ha asegurado que están negociando con una "planta de desalación que no está a pleno rendimiento".

La ministra no ha confirmado su ubicación porque "no es de titularidad del Estado", como la de Sagunto (Valencia), con la que se prevé abastecer a Cataluña. Eso sí, sobre la mesa está el acuerdo previo de la Junta con Murcia, para traer agua de la planta desaladora de Escombreras.

Llegado el caso, teniendo en cuenta que un barco puede trasladar 100.000 metros cúbicos, y el coste del metro cúbico de agua desalada está en torno a los 60 céntimos, al Gobierno central cada barco le costaría unos 60.000 euros, 1,8 millones de euros al mes. La Junta, por su parte, costearía el traslado a la comunidad autónoma. Moreno ha afirmado que el agua de los barcos supondrá un gasto de 5 millones de euros mensuales. No obstante insiste en que espera que sea "el último recurso". "No es fácil. Tenemos que trabajar con los operadores y acondicionar los puertos". Sí ha adelantado que los puertos escogidos serían los de Algeciras, Málaga y Carboneras.

Garantizar el abastecimiento, y ampliar la desalación y la reutilización

Las prioridades de la agenda de agua son claras: avanzar de la forma más rápida en reutilización, desalación y en completar el mapa de saneamiento de agua. Entre las obras hidráulicas abordadas, se han mencionado las desaladoras de Almanzora I (Almería), cuya ampliación supondrá un recurso adicional de 5 hectómetros cúbicos. También se han detenido en la situación de la desaladora de El Atabal, en Málaga, como alternativa a la culminación de las obras de la planta de La Axarquía, cuya obra finalizará entre 2027 y 2028, según ha afirmado Teresa Ribera.

Sobre estas obras más inmediatas para garantizar el agua a la agricultura y sectores como la industria o el turismo, el presidente de la Junta ha afirmado que "hemos empezado por las zonas que de manera muy especial sufren el déficit del agua que tenemos, como la provincia de Almería o de Málaga". Moreno ha recordado que ésta última triplica su población durante tres meses del año, consumiendo un hectómetro cúbico a la semana, "una barbaridad".

Agua potable para la Sierra Norte de Córdoba

Frente al Palacio de San Telmo, en Sevilla, lugar donde se ha producido este encuentro, se han manifestado vecinos del Valle de los Pedroches y la comarca del Alto Guadiato, en Córdoba. Sobre estas actuaciones, Moreno ha asegurado que la Diputación Provincial trabaja a marchas forzadas en la potabilizadora de Sierra Boyera, ubicada en el término municipal de Belmez. Con esta medida, se pretende dar respuesta a los más de 80.000 vecinos de esta zona, que llevan desde abril sin poder beber agua de sus grifos por mal estado del agua.

El Gobierno de Moreno ya advirtió a finales de año que el crecimiento económico de Andalucía subió dos puntos menos de lo previsto por la sequía. Ante la gravedad de la situación, un nuevo conflicto entre ambas administraciones, por las inversiones hidráulicas o las promesas incumplidas, no le interesa a ninguna de las partes. Están en juego el consumo doméstico, la garantía de los recursos hídricos para la agricultura y el suministro que necesitan sectores económicos clave, como son la industria o el turismo.