Acuerdo de Doñana
La Junta vuelve a obviar al Consejo de Participación de Doñana con la creación de un comisionado de seguimiento del pacto
El presidente del principal órgano de participación social del espacio, Miguel Delibes, afirma que "conocía la intención de crear una oficina, pero no sabía que se iba a hacer ya ni en qué términos"
El Gobierno andaluz ya se saltó los informes preceptivos del Consejo cuando modificó el Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana
Vista de las marismas junto a la aldea de El Rocío en el Parque Nacional de Doñana, en una fotografía de archivo. / Raúl Cano/EFE
Este lunes el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la creación de un comisionado de seguimiento del Acuerdo de Doñana. La noticia no ha sorprendido a los agentes sociales del entorno del espacio natural, aunque las fuentes consultadas por El Correo de Andalucía no conocen en profundidad esta propuesta. Tampoco estaban al corriente de que iba a llevarse al Consejo de Gobierno este lunes, pese a que Ramón Fernández-Pacheco afirmó el pasado jueves en el Parlamento que es "una medida para escuchar al territorio".
Miguel Delibes de Castro, presidente del Consejo de Participación de Doñana, principal órgano de participación social del espacio protegido, ha afirmado que "conocía la intención de crear una oficina, lo hemos reclamado muchas veces y es positivo". No obstante, Delibes, una figura fundamental en el desarrollo sostenible de Doñana y su protección, ha asegurado que "no sabía que se iba a hacer ya, ni en qué términos". Eso sí, ha añadido que "seguro que va al Consejo de Participación".
Este órgano de representación cuenta con integrantes de la administración central y autonómica, los alcaldes, las ONG, universidades, comunidad científica, agricultores, ganaderos, cazadores, etc. Según la normativa, debe reunirse al menos dos veces al año, aunque en 2023 solo se convocó en el mes de diciembre, donde se abordó precisamente este pacto.
El Acuerdo de Doñana recoge, entre otras cuestiones, una inversión de 1.400 millones de euros para el marco 2023-2027, cofinanciados por el Gobierno central y la Junta en un 50%, que beneficiará a los catorce municipios de la comarca. También ayudas temporales, de cinco a diez años de duración, para renaturalización de zonas agrarias, nuevas superficies de cultivos de secano, o reconversión hacia producción ecológica.
Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, también con representación en el Consejo, considera que "haber informado al Consejo hubiera sido útil, sí". El director del instituto de investigación del CSIC en el espacio natural subraya que "cuando más transparencia haya, mejor". Eso sí, aclara que la Junta actúa en el ámbito de sus competencias: "está bien que se muevan las cosas", concluye.
Cuanto más transparencia haya, mejor
Un vaciado de las competencias del Consejo
Para Juan Romero, un histórico de la protección del medio ambiente andaluz, y miembro del Consejo de Participación por Ecologistas en Acción, esta medida "supone un vaciado de contenido de las funciones del Consejo de una manera interesada. Lo están marginando".
Romero recuerda cómo el Gobierno andaluz se saltó los informes preceptivos, que no vinculantes, de este órgano participado al modificar el Plan de Ordenación Territorial del ámbito de Doñana, para avanzar en su polémico Proyecto de Ley de ampliación de Regadíos. Además, ha señalado que Ecologistas propone que la Junta "asuma el papel de la oficina técnica, y de inmediato se pongan a trabajar por el restablecimiento de la legalidad, empezando por cerrar los pozos ilegales, recuperar los espacios forestales degradados y recuperar los ecosistemas de Doñana, es decir los equilibrios hídricos".
Desde SEO Birdlife, el responsable de su oficina técnica den Doñana, Carlos Davila, explica a este diario la importancia de esta figura de interlocución social en el entorno del parque: "Tendremos que ver en qué consiste este comisionado", detalla. "Nunca se puede perder al Consejo de Participación. Siempre debe ser informado y debe ser escuchado en la toma de decisiones importantes", sostiene.
La última de las organizaciones ecologistas que cuentan con voz y voto en el órgano de participación es WWF. Juanjo Carmona, su portavoz, afirma que "la Consejería ha informado poco o nada". Carmona subraya sobre la creación del comisionado que "lo importante es que se cumple el acuerdo y que la Junta abandone la idea de amnistiar cultivos ilegales", completa. Además, ha solicitado que esta oficina técnica o comisionado se dote de "suficiente personal y medios económicos y materiales".
La Consejería ha informado poco o nada
El 'Plan de Doñana' se reactiva
El Ministerio de Transición Ecológica ha anunciado este lunes que se reunirá el 12 de marzo en la sede de la Fundación Biodiversidad de Sevilla con ayuntamientos y entidades locales del área de influencia socioeconómica de Doñana para abordar las ayudas a iniciativas del marco de actuaciones acordadas.
Este pacto histórico para la sostenibilidad social, económica y medioambiental del Espacio Natural de Doñana incluye ayudas de 70.000 euros por hectáreas para los 14 municipios incluidos en el acuerdo, que llegan a ser de 100.000 euros por hectáreas para los seis municipios ubicados al norte de la Corona Forestal del Parque de Doñana. En este caso, los propietarios deberán dejar de cultivar 30 años y diseñar proyectos de recuperación de la flora y fauna para preservar el acuífero.
Junta y Gobierno reactivan así la hoja de ruta del Acuerdo de Doñana, tras el "desafortunado desacuerdo", en palabras de Ramón Fernández-Pacheco, con el Gobierno central por su reforma exprés de la Ley Forestal de Andalucía, vía decreto de Simplificación. Este lunes también se ha publicado en el BOJA la norma que modifica la ley de montes autonómica, según lo negociado entre ambas administraciones.
Una oficina en Huelva para ofrecer soluciones a las familias
Ramón Fernández-Pacheco, consejero de Sostenibilidad y portavoz ha situado la creación de un comisionado sobre Doñana como un gesto para "cumplir uno de los compromisos" del acuerdo de medidas socioeconómicas, y por ser la vía para garantizarse que "todas esas medidas no sean decisiones que se adoptan en despachos lejos del territorio, sino que nazcan del territorio, escuchando al territorio". El consejero adelantó la medida en el Parlamento la semana pasada.
Asimismo, el portavoz defendió en su comparecencia el Acuerdo de Doñana como "una gran noticia para todos", convencido de la necesidad de "ofrecer soluciones a muchas familias del Condado de Huelva", a las que ha retratado como "víctimas de una injusta decisión hace nueve años". Todo esto, en relación con los terrenos de uso agrícola que pasaron a ser considerados forestales con la entrada en vigor en 2014 el Plan de Ordenación de Recursos al norte de la Corona Forestal de Doñana, denominado coloquialmente como el Plan de la Fresa.
El alcalde de Almonte, uno de los municipios con interés estratégico en este pacto, Francisco Bella, ha celebrado que "las ventanillas estén en el territorio". "Lo ideal es que la oficina estuviera en uno de los pueblos cercanos a Doñana. Para los pueblos serían lo mejor", añade. Bella cree que "este es otro pequeño paso para consolidar la buena marcha del acuerdo". Según el primer edil, "es muy necesario tratar una línea de trabajo continua porque hay muchos fondos en juego, y vienen determinados por plazos rápidos", apostilla.
Hay muchos fondos en juego y tienen unos plazos que cumplir
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