Casi 11.000 abogados mutualistas andaluces lanzan un SOS al quedarse con pensiones de miseria

Más de 10.000 abogados andaluces denuncian que cuando se jubilen su pensión no alcanzará los 400 euros. Un año de incapacidad temporal o dos meses por problemas de salud mental. Estas son las condiciones con las que conviven los abogados mutualistas de toda España, muchos de ellos de Andalucía. Ahora el Gobierno central espera poder resolver esta situación "límite" de forma urgente para que estos abogados tengan un seguro acorde a la Constitución española.

Hasta 1995, los abogados estaban obligados a inscribirse a una Mutualidad alternativa al Régimen de Autónomos (RETA). Fue a partir de ese año cuando permitieron que se inscribieran como autónomos, sin embargo, al hacerlo perdían todo lo que habían cotizado durante sus años de trabajo. Desde entonces, los colegios de abogados han seguido fomentando esta posibilidad, a la que se adherían numerosos abogados jóvenes. "Tenían convenios económicos con la mutualidad", critica Ana Delgado, portavoz de la plataforma #J2 en Sevilla a El Correo de Andalucía.

Todo cambia en 2005, cuando la mutualidad da un giro sin avisar a los afectados y deja de funcionar como una entidad sin ánimo de lucro para actuar como una empresa de seguros privados. "Se transforma en un sistema de capitalización individual y no nos informan", denuncia Delgado. Fue a partir de 2018, cuando los compañeros comenzaron a jubilarse cuando se dieron cuenta de la situación.

Una plataforma "insuficiente" para pasar al RETA

Estas prestaciones por jubilación, que son de entre 300 y 500 euros no están aseguradas. Según explican, la aseguradora ha invertido el dinero que han recaudado a lo largo de su carrera profesional. Asimismo, sostienen que estas no se actualizan conforme al IPC y están por debajo de las pensiones no contributivas. Tampoco existen las pensiones por viudedad o la incapacidad permanente. La portavoz defiende que ellos solo quieren que se cumpla con la Constitución española y la Carta Social Europea.

Ahora, el Ministerio de Seguridad Social busca dar una solución a todos los afectados, que alcanzan las 60.000 personas en España. Desde el Gobierno plantean realizar una plataforma, que los abogados ya han calificado como "insuficiente", para poder acogerse al RETA. Sin embargo, esto solo incluye a aquellos que se inscribieron en la mutua antes del cambio de 2005 y deja fuera a los miles de abogados que lo hicieron a partir de entonces. Además, impide que se acojan a ella a partir de 2027. "Esto demuestra que la mutualidad es fallida", insiste Delgado.

El objetivo del Gobierno es hacerlo por la vía de la urgencia. No es la primera vez que una Cámara se posiciona a favor de los abogados mutualistas. Desde que en 2023 se conformara la plataforma #J2, numerosos parlamentos autonómicos y cámaras locales o provinciales han lanzado proposiciones no de ley a su favor. En Andalucía, en el 2 de agosto del año pasado, el Parlamento respaldó de forma unánime a los afectados y pidió al Gobierno de España, que es quien tiene las competencias, que hiciera algo para solucionar esta situación.

Gil constata que el Ministerio ya trabaja en ello y que "puede venir de aquí a un mes y medio". Además, insiste en que están hablando con otros partidos para que el Ejecutivo mejore la pasarela que ha planteado e incluya también a los afectados que se quedan sin cobertura alguna.

La Mutualidad recibe el no de los afectados

Después de varias manifestaciones multitudinarias, este sábado, la Mutualidad convocó una Asamblea Extraordinaria solo para los abogados mutualistas. El objetivo era ofrecer 180 días de baja más a los pacientes oncológicos. "Una limosna", comenta Delgado. La portavoz sostiene que este ofrecimiento, que ha sido rechazado por el 80% de los afectados, es un "juego" para convencerlos. "No es que los abogados voten que no por sus compañeros oncológicos", defiende y sostiene que "los propios compañeros oncológicos no quieren esto es una estrategia para vender que decimos que no que somos solidarios".

Esta situación ha hecho que los mutualistas den el paso de denunciar a los administradores de la aseguradora. Estas demandas se han realizado de forma individual en los juzgados de Sevilla, Granada, Barcelona y Ciudad Real. "Entendemos que se tiene que investigar si ha habido una administración desleal", señala la abogada. Muchos han hecho públicas estas denuncias en los medios de comunicación. Sin embargo, el presidente de la Mutualidad, Enrique Sanz Fernández-Lomana, les advirtió el sábado de aquellos que lo hicieran, pueden recibir un requerimiento por ello.

"Estamos en una discriminación absoluta permitida por el Estado", ha subrayado la portavoz sevillana. Si el problema no se resuelve, los miembros del movimiento #J2 amenazan con recurrir a la Unión Europeapara que se cumplan sus derechos.