Los ecologistas se movilizan contra la reapertura de la mina de Aznalcóllar en el 26 aniversario de la catástrofe

Este jueves, 25 de abril, se cumplen 26 años de la mayor catástrofe ambiental de Andalucía: la rotura de la balsa de vertidos tóxicos de la mina de Boliden Apirsa, en la localidad sevillana de Aznalcóllar. Casi 7.500 millones de litros de lodos tóxicos y aguas ácidas cargadas de metales pesados arrasaron los cauces del río Guadiamar y Agrio, a las puertas del Espacio Natural de Doñana.

Con la alargada sombra del accidente, y tras años de reparación ambiental y juicios con la empresa, los ecologistas, con Greenpeace y Ecologistas en Acción a la cabeza, han preparado una semana cargada de actividades.

Entre ellas, el registro este lunes en la Delegación del Gobierno autonómico de un manifiesto en contra de la reapertura de la mina, ahora a cargo de Minera Los Frailes, con el apoyo de 30 entidades sociales y partidos políticos, como Podemos o Adelante Andalucía.

También celebrarán una mesa redonda para divulgar el impacto del nuevo vertido en el Rectorado de la Universidad de Sevilla este miércoles, y una concentración el jueves en el Muelle de la Sal de Sevilla para mostrar su firme oposición a este proyecto.

316 millones de euros y 2.000 nuevos empleos

La reapertura de la mina cuenta con una inversión de 316 millones de euros y la previsión de crear unos 2.000 empleos directos e indirectos, para la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos (cobre, zinc y plomo) durante al menos 17 años tras los tres primeros años de reacondicionamiento de la corta.

El proyecto de Minera Los Frailes lleva más de un lustro enredado entre concesiones de la adjudicación de los derechos mineros, juicios impulsados por las ONG ecologistas, llamadas de atención de organismos como la UNESCO, y las preceptivas autorizaciones ambientales y de vertidos, mucho más duras a raíz precisamente de la conocida como catástrofe de Aznalcóllar.

Más de un lustro a la espera de autorización ambiental

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Aznalcóllar (IU) defienden que el proyecto cuenta con todas las garantías ambientales, especialmente en lo que se refiere a la gestión de las aguas.

Frente a ellos, los colectivos ecologistas aseguran que "a pesar del proceso de depuración que anuncian, la carga contaminante máxima acumulada en los 18 años y medio de funcionamiento de la mina tiene un alto contenido en metales como arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, selenio y zinc, entre otros", explica Isidoro Albarreal, responsable del Área de Minas de Ecologistas en Acción en Andalucía.

El proyecto de la reapertura incluye una tubería de 30 km que, partiendo del recinto minero de Aznalcóllar, atravesaría los términos municipales de Sanlúcar la Mayor, Valencina, Olivares, Salteras y Santiponce.

A pesar del proceso de depuración que anuncian, la carga contaminante máxima acumulada en los 18 años y medio de funcionamiento de la mina tiene un alto contenido en metales tóxicos

Isidoro Albarreal

— Ecologistas en Acción

La Junta, "con pies de plomo"

El Gobierno andaluz se pronunciaba al respecto de estos trámites este lunes, repartidos entre Minas, Medio Ambiente y Agricultura, consejería que ostenta las competencias en agua y, por tanto, debe pronunciarse sobre la polémica autorización de vertidos.

Por un lado, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha confirmado que la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) "puede ser en un plazo razonable", aunque ha eludido dar ningún plazo porque "las prisas no son buenas consejeras aquí". "No podemos dar pasos en falso, vamos con pies de plomo", ha enfatizado.

La autorización, teniendo en cuenta que ya se ha dado luz verde a la Declaración de Impacto Ambiental y a la tramitación de la Autorización Ambiental Unificada, debería ser inminente, atendiendo a otros procedimientos. No obstante, Paradela se ha mostrado prudente: "Estos son pasos decisivos que hacen pensar que la apertura puede ser en un plazo razonable", ha apostillado.

Sobre el primer vertido, que sería una actividad preoperacional de arranque de la mina por el que se procedería al vaciado de aguas de la mina actual a cielo abierto durante el primer año y medio (17.520 millones de litros), el titular de Minas de la Junta de Andalucía ha garantizado que pasará antes por un proceso "indispensable" de tratamiento para que lo que se retire cumpla con los "parámetros legales". "El agua no irá tal cual. Será tratada previamente para reducir las carga de metales pesados, y todo dentro del marco legal", ha recalcado Parandela.

El agua no irá tal cual. Será tratada previamente para reducir las carga de metales pesados, y todo dentro del marco legal

Jorge Paradela

— consejero de Industria, Energía y Minas

Vertidos frente al Estadio de la Cartuja de Sevilla

Los ecologistas subrayan que el proyecto implica "verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al estadio de la Cartuja", con destino al estuario del Guadalquivir y con efectos a un entorno declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000.

"Esa cantidad de metales tóxicos no son asumibles por el estuario", asegura Isidoro Albarreal. Ecologistas en Acción que ya se personó en 2015 en el juicio por presunto fraude y prevaricación ambiental a la empresa concesionaria de los derechos mineros, asegura que no le temblará el pulso para llevar a los tribunales esta autorización. El juicio por la adjudicación está previsto para 2025, por lo que tanto Ecologistas como Greenpeace, piden a la Junta que se esperen al menos al pronunciamiento judicial.

Consecuencias para la agricultura y la salud humana

"Este vertido tóxico envenenará todo el estuario del Guadalquivir hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, a las puertas del Parque de Doñana, sin que hasta la fecha haya informado el Consejo de Participación de Doñana ni se hayan pronunciado tampoco desde la Estación Biológica", aseveran los ecologistas en el manifiesto registrado este lunes.

"¿Soportará tanto vertido el río Guadalquivir?" es la reflexión que realiza Luis Reina, de Greenpeace Sevilla. Desde esta organización se pone el foco no solo en la biodiversidad y la conservación de los espacios naturales, sino en la supervivencia de actividades tan importantes en Andalucía como la agricultura de regadío, los arrozales del Bajo Guadalquivir o los bancos de pesca del estuario, entre los que se encuentran los mariscos de Sanlúcar de Barrameda.