El PSOE andaluz recurre la simplificación administrativa mientras el Gobierno central negocia con la Junta

Al PSOE le "sobran las razones tanto de forma como de fondo" para llevar al decreto de simplificación administrativa del Gobierno andaluz al Tribunal Constitucional. Después de que el Gobierno de Juanma Moreno se negara a que la norma fuera tramitada como una ley en el Parlamento, los socialistas andaluces han decidido dar un paso adelante y llevar ante la justicia. En paralelo, el Gobierno de España ha tomado una decisión distinta. El Ejecutivo de Pedro Sánchez solo ve con malos ojos un artículo de las 176 normas que cambia el decreto y negociará con el equipo del presidente andaluz para cambiarlo.

"Es una chapuza desde el punto de vista jurídico", ha asegurado este martes el portavoz adjunto del PSOE andaluz, Josele Aguilar, en una rueda de prensa en la sede autonómica del partido. Este martes 50 senadores socialistas han firmado un documento que se prevé que llegue mañana al Tribunal en el que denuncian la falta de "extrema urgencia", que necesita un decreto para ser tramitado como tal, así como su forma, que "excede los límites materiales marcados por el Estatuto, es un decreto ómnibus que incluye normas que nada tiene que ver con la simplificación", según Aguilar.

El decreto de simplificación incluye 600 páginas de decreto y 1927 páginas de expediente en las que están recogidas todas las medidas que el Gobierno de la Junta pretende implantar para “agilizar” la respuesta de la Administración autonómica a la ciudadanía. Ya cuando el presidente Moreno anunció el decreto, la portavoz de los socialistas en el Parlamento, Ángeles Férriz, criticó que una medida “que modifica 176 normas no puede tramitarse como decreto”.

Para el PSOE, la elección de su tramitación como un decreto "no es inocente", ya que se eluden trámites parlamentarios que resultan obligatorios para las proposiciones de ley. "Si se anuncia en septiembre de 2022 y se prueba medio año después puede ser cualquier cosa menos urgente", ha indicado el portavoz adjunto de los socialistas. Aguilar ha explicado que pese a que los populares tuvieron un año y medio para poder redactarlo, la oposición tuvo "10 minutos" para rebatirlo y explicar su posición al respecto.

El Gobierno no presenta ningún recurso y negocia un artículo

"El Gobierno solo nos ha pedido que negociemos un artículo de las 700 páginas que incluye el decreto ley", ha subrayado el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco. La postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez choca con la de la federación andaluza de su partido. En Moncloa solo han opinado respecto a un artículo que podría no ser compatible con la ley de suelos y han abierto una línea de negociación. De hecho, como ha recordado Aguilar, el decreto se modificó durante la propia tramitación parlamentaria por un punto de conflicto con el Ministerio de Transición Ecológica que podía permitir la ampliación de las zonas agrícolas en el entorno de Doñana.

Los socialistas han criticado una vez más el "uso y abuso" de los decretos ley por parte del Gobierno andaluz. "Moreno Bonilla desprecia al Parlamento y a las minorías que representamos a una parte importante de los andaluces", ha explicado Aguilar, que ha señalado que el presidente de la Junta confunde "la mayoría absoluta con la soberbia absoluta". Frente a esto, Fernández-Pacheco ha indicado que "ni de lejos el Gobierno andaluz es el que más utiliza esa figura" y ha recordado que "un decreto que va al Parlamento cuenta con el debate".

Fernández-Pacheco ha defendido al Gobierno del que forma parte y ha aclarado que "no se trata de un recurso de inconstitucionalidad que tenga fundamento en derecho, sino que se basa en un interés político". El consejero de Sostenibilidad ha señalado que desde la llegada de Moreno a la Junta los socialistas han presentado 16 recursos de inconstitucionalidad y "en 14 hemos llegado a un acuerdo en la comisión mixta con el gobierno de España y en los otros dos no se terminó por presentar".