Fomento celebra la sentencia del TC y reitera que la Ley de Vivienda invade sus competencias

El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado el grueso de la Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez aprobada en mayo de 2023, que impone límites a la subida del alquiler y rebaja la figura de gran tenedor, al entender que estas regulaciones del Ejecutivo central no invaden competencias autonómicas. Sin embargo, da la razón en asuntos clave a la Junta de Andalucía.

Tras conocerse la decisión de TC, no se ha hecho esperar la reacción por parte de la Junta de Andalucía. "Estamos satisfechos porque la sentencia del TC confirma lo que, desde el Gobierno andaluz, hemos advertido desde el principio: la Ley Estatal de Vivienda es una norma que invade claramente competencias autonómicas", exponían horas después desde la Consejería de Fomento.

El departamento que dirige Rocío Díaz asumen que el TC reconoce que el Gobierno de España "se ha excedido a la hora de querer regular la vivienda protegida, el parque público o los grandes tenedores, cuestiones que son potestad exclusiva de Andalucía y que así queda recogido en su Estatuto de Autonomía", defiende. 

Y es que el pronunciamiento del Tribunal declara inconstitucionales hasta cuatro artículos de la norma, total o parcialmente. El Constitucional tira atrás el número 16, que regula la vivienda protegida; el 19.3, que obligaba a los grandes caseros a informar de las viviendas de su propiedad, la dirección, su uso y otra serie de datos; el tercer párrafo del art. 27.1, que incluía la definición de los parques públicos de vivienda; el artículo 27.3, que regulaba que los ingresos procedentes de las multas y ventas públicas de viviendas debía destinarse a la mejora de los parques públicos de vivienda. También anula la disposición transitoria primera de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

"El Estado, y así lo estima el Tribunal, no puede utilizar la ley para configurar una regulación tan completa y acabada que no deja espacio alguno al legislador autonómico", reitera Fomento y celebra que el fallo del Alto Tribunal "blinda nuestra regulación en materia de vivienda protegida y el parque público, así como su régimen sancionador". 

"Esta sentencia protege así nuestra política en vivienda protegida, que cuenta con un régimen jurídico propio y que ha demostrado sus efectos positivos con la reactivación del mercado (ahora se certifica el triple de viviendas protegidas)", insiste la Junta. 

Andalucía fue la primera comunidad autónoma que presentó un recurso de inconstitucionalidad de esta ley, pero más tarde se unieron otras comunidades autónomas como Cataluña o Galicia. "No ha tenido consenso, ni de las comunidades ni de los sectores afectados, además de que se ha gestado a espalda de las comunidades y está avalada por socios como Bildu", apostilla la Consejería de Fomento. 

En relación con ese supuesto apoyo de los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, "el Gobierno andaluz mantiene que la Ley Estatal de Vivienda es una norma ideológica, muy intervencionista y permisiva con la ocupación ilegal".

La Junta de Andalucía ya ha avanzado que continúan con sus políticas en materia de vivienda. "Seguimos creyendo en nuestras recetas, que pasan por allanar el camino para la construcción de viviendas a precio asequible, como estamos haciendo desde nuestra llegada en 2019 y que queremos potenciar con la futura Ley de Vivienda Andaluza".