La Junta inicia el recurso a la amnistía en la recta final hacia las europeas

Andalucía ya prepara el recurso contra la ley de amnistía que llevará al Tribunal Constitucional. El Ejecutivo andaluz asegura que es un "veneno" que va en contra "la separación de poderes". Además, el Gobierno ha tomado la decisión de iniciar la preparación antes de que entre en vigor, pero en la recta final de las elecciones europeas, donde los populares quieren darle un vuelco a los últimos resultados.

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno este martes iniciar los trámites para recurrir la ley nacional por inconstitucionalidad, aunque esta denuncia debe ser aprobada por los servicios jurídicos del Ejecutivo andaluz. "No es buena en términos institucionales, no es buena en términos económicos no es buena para el conjunto de nuestro país", ha sentenciado el consejero de Presidencia, Antonio Sanz en rueda de prensa, que ha insistido en que el Ejecutivo andaluz será "contundente".

Como ya anunció hace unos días la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y respaldó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el Gobierno andaluz va a recurrir la ley de amnistía ante el Constitucional. "Desde hace décadas no conocemos algo igual, una ley por la que pretenden olvidar todo lo que sucedió en Cataluña en esos meses", reclamaba Ayuso el pasado jueves.

La ley es para "mantener en el poder señor Sánchez"

Todas las comunidades gobernadas por el PP, en un movimiento organizado desde la sede del partido en Génova, y Castilla-La Mancha, donde gobierna el socialista Emiliano García Page, llevarán la norma al TC para intentar demostrar su inconstitucionalidad. Aun así, Sanz ha aclarado que "Andalucía toma la iniciativa propia, toma su iniciativa".

Serán los servicios jurídicos de la Consejería de Presidencia quienes se encarguen de estudiar la norma para poder presentar el recurso ante el Alto Tribunal y, según ha asegurado el consejero, comenzarán a trabajar este mismo martes. Desde el Gobierno andaluz han defendido que el fin único de esta ley es "mantener en el poder al señor (Pedro) Sánchez" y han denunciado que "atenta gravemente contra principios fundamentales de la Constitución y perjudica gravemente a nuestra comunidad".

Sanz ha explicado que, según el Ejecutivo andaluz, la norma nacional vulnera cinco principios básicos", aunque no rechaza que estos se amplíen cuando los servicios jurídicos estudien la ley. El consejero ha denunciado que esta norma es "una clara intromisión del legislativo hacia el poder judicial". Además, ha denunciado que "vulnera la igualdad ante la ley", ya que "que por unos mismos hechos ilícitos unos españoles deban de responder a las consecuencias de las penas mientras que otros quedan exonerados de cualquier responsabilidad".

Por unos mismos hechos ilícitos unos españoles deben de responder a las consecuencias de las penas mientras que otros quedan exonerados de cualquier responsabilidad

Antonio Sanz

— Consejero de Presidencia

Aún no se puede publicar el recurso

El consejero de Presidencia ha señalado también que va en contra de la seguridad jurídica, puesto que va a "abrir un espacio de impunidad en el que solo para algunos ciudadanos las leyes no se van a aplicar". Según el Ejecutivo andaluz esta ley vulnera "el derecho a la tutela judicial efectiva de quienes hayan sido víctimas", "se renuncia por parte del Estado a recibir esos recursos y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado quedan absolutamente desprotegidos". Por último, Sanz ha denunciado que va en contra del "principio de interdicción de la arbitrariedad" y que "su única finalidad es servir a intereses políticos".

Sin embargo, el Gobierno andaluz no puede presentar todavía el recurso, puesto que aún no es oficial. Aunque la norma haya sido aprobada en el Congreso por el Ejecutivo central y la mayoría de sus socios de investidura (a excepción de Coalición Canarias), para poder entrar en vigor tiene que publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Fuentes del Gobierno de España ya alertaron de que esto puede retrasarse más de lo esperado en un momento inicial. Su publicación podría llegar después de las elecciones europeas de este domingo 9 de junio, en cuyo caso el expresident catalán no podría hacer campaña en España.

El Ejecutivo de Moreno ha señalado en distintas ocasiones que presentarán este recurso "de manera inmediata" en cuanto este sea publicado. De todas formas, como ha recordado el consejero, los gobiernos autonómicos tienen tres meses para acudir al Constitucional a denunciar esta norma. "El Gobierno andaluz cumple con su función de servir al interés general, que Andalucía tenga lo que le corresponde", ha sentenciado Sanz.