El Pleno del Constitucional admite a trámite el recurso del PSOE contra el cuarto decreto de simplificación de la Junta

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite este lunes el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 senadores del Grupo Socialista en relación con el cuarto decreto-ley de medidas de simplificación administrativa aprobado por el Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno.

Se trata, en concreto, del Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en Andalucía, según ha informado el Tribunal Constitucional en una nota.

Los recurrentes sostienen que el decreto impugnado podría, entre otras cuestiones, infringir el artículo 110 del Estatuto de Autonomía de Andalucía "por la falta de presupuesto habilitante para la utilización del decreto ley y por la posible vulneración de los límites materiales", han explicado desde el TC, que había designado como ponente para estudiar la admisión a trámite de dicho recurso al exministro de Justicia Juan Carlos Campo, que durante su trayectoria profesional ha ocupado cargos en la Junta de Andalucía durante la etapa de gobierno socialista, como el de director general para las Relaciones con la Administración de Justicia y secretario general de Relaciones con el Parlamento.

Valoración de los socialistas

Juan Espadas, líder de los socialistas andaluces y senador, ha justificado el recurso interpuesto en que "a nuestro juicio, claramente, se producía un abuso de este instrumento que está exclusivamente justificado cuando hay una extraordinaria urgente necesidad", y en esta ocasión "no la había". Así, la admisión del recurso por el TC indica que "los argumentos que hemos puesto encima de la mesa demuestran que Moreno ha ido claramente a reducir y a precarizar el ordenamiento jurídico en Andalucía en aras o con intereses que, además, no se justifican desde el punto de vista de un mejor servicio de la Administración a los administrados, sino para eludir determinados controles y para reducir, de alguna manera, las garantías jurídicas que la Administración andaluza debe ofrecer".

Espadas ha recordado que el Grupo Parlamentario Socialista ha insistido en que "casi dos años de preparación de ese decreto ley no daba para justificar que se aprobase por esta forma", ha subrayado, de manera que "también carecía de la seguridad jurídica y el rigor al haber eliminado muchos informes que eran preceptivos en ese procedimiento si se hubiese tramitado como proyecto de ley", ha añadido.

Contenido del decreto

El decreto objeto de recurso por parte del PSOE forma parte del plan Andalucía Simplifica, y modifica 176 normas, 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes.

Desde su aprobación, el pasado mes de febrero, el Gobierno andaluz ha introducido varias correcciones en dicho decreto de simplificación que han ido publicándose en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), y el pasado 22 de mayo aprobó un nuevo decreto-ley que precisamente modificaba esa normativa para dar cumplimiento a acuerdos alcanzados con el Gobierno central en el marco de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación.

Según explicó la Junta, el acuerdo con el Gobierno -que evitó un recurso de inconstitucionalidad del Ejecutivo central contra dicho decreto- conllevaba la modificación de "distintos epígrafes para su mejor comprensión y seguridad".

Así, entre otros, se concretaban "los tipos de procedimiento en los que se aplica la excepcionalidad del sentido desestimatorio ciñéndolo a los que tengan por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, evitándose así interpretaciones extensivas".

En los artículos relativos a la dependencia, se ha establecido que el informe sobre condiciones de salud del solicitante "puede ser suscrito por un profesional médico o de enfermería, habilitando a ambos para su emisión".

Además, y entre otras cuestiones, el acuerdo entre la Junta y el Gobierno se tradujo en que en el apartado de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se aclara que el informe de compatibilidad con el planeamiento urbanístico "no se tiene que presentar ante el órgano ambiental, sino ante el órgano sustantivo".

Recurso del PSOE

Los senadores socialistas formalizaron el pasado mes de mayo su recurso de inconstitucionalidad contra dicho decreto de simplificación, desde la premisa de que "sobran las razones, tanto de forma como de fondo", para la interposición del mismo.

Así lo defendió el portavoz adjunto del PSOE-A, Josele Aguilar, en una rueda de prensa en la que sostuvo que dicho decreto era "una muestra del ejercicio abusivo de la mayoría absoluta" por parte del Gobierno de Juanma Moreno.

Josele Aguilar señaló que la Junta ha cometido "una chapuza desde el punto de vista jurídico" con este decreto-ley que es "un monumento a la incompetencia del Gobierno de Moreno", y en el que no se da el requisito de "extraordinaria y urgente necesidad" que justifique su elaboración, según argumentó.

Al margen de por cuestiones de forma, desde el PSOE-A entendían que hay "razones suficientes respecto del contenido" del decreto para justificar la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, al pensar que en algunos puntos se exceden "los límites materiales marcados por el Estatuto" de Autonomía y "por la Constitución para los decretos leyes".

Además, Josele Aguilar criticó el mes pasado que es "un decreto-ley 'ómnibus' en el que se incluyen normas que nada tienen que ver con la simplificación administrativa que dice regular", e incluye "modificaciones de normas reglamentarias" que, según agregó el portavoz socialista, "no caben a través del uso" de un decreto-ley, según doctrina del Tribunal Constitucional, por lo que el portavoz socialista expresó su confianza en que la corte de garantías diera "la razón" al recurso del PSOE.