Andalucía duplica las peticiones de asilo entre el retraso de las citas y el bajo reconocimiento de refugiados

Generalmente, cuando se habla de refugiados se aglutina a las personas a las que se les ha concedido distintos tipos de protección internacional, pero en los últimos años, tal como recoge el Informe Anual sobre Personas Refugiadas en España y Europa 2024 de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, las solicitudes se han disparado alcanzando un nuevo récord histórico, con una tasa de admisión muy baja (un 12%). La burocracia y la complejidad de los procedimientos administrativos retrasa cada vez más su condición de refugiado, más allá de ser solicitante.

Esta publicación, presentada este jueves en Sevilla, es una radiografía del estado de la cuestión un año más, pero también el año en el que las llegadas por la Ruta Atlántica hacia las Islas Canarias se han incrementado en un 152%, y, con ellas, las muertes y las desapariciones, como también ha denunciado recientemente la organización Caminando Fronteras, que lidera la activista Helena Maleno.

Andalucía, la segunda comunidad con más solicitudes

Los mismos doce meses en los que las peticiones de protección internacional ha crecido de forma exponencial. En total, se presentaron 163.220 solicitudes, lo que supone un incremento del 37,3%, respecto a 2022. Madrid y Andalucía, concentran casi la mitad del total de solicitudes presentadas.

Andalucía, con casi 26.000 solicitudes es la segunda comunidad que ha recibido más peticiones y experimenta un incremento del más del 50% respecto al año 2022 (11.722), detrás de la Comunidad de Madrid, que duplica el número con 52.684 solicitudes, y seguida de Cataluña (14.775 solicitudes), Canarias (8.621) y Galicia (8.438). 

Málaga, la segunda provincia receptora de España

Málaga es una de las provincias del país a la cabeza en peticiones de protección internacional. Desde enero de 2023 ha recibido más de 14.000. Según los datos de esta ONG, el año pasado, con 10.517 se situó en segundo lugar después de Madrid. Le siguen ya más lejos Sevilla (4.060), Almería (3.032) y Cádiz (2.392).

Por todo esto, esta entidad social denuncia un año más que España se ha situado a la cola de la Unión Europea en cuanto a tasa de reconocimiento de asilo, "en un año en el que siguen aumentando las necesidades de protección en todo el mundo", apuntan en un comunicado.

La entidad afirma que este retroceso contrasta con el actual contexto internacional, en el que las guerras, la violencia y las amenazas han provocado un nuevo récord de 120 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo, según los últimos datos de ACNUR.

A conflictos enquistados como los de Ucrania, Siria, Afganistán o Sudán, entre otros, se unen dos nuevas emergencias humanitarias, como son Gaza o la creciente inestabilidad sociopolítica en Senegal y en los países del Sahel, que está provocando un aumento considerable de las llegadas a Canarias. 

Hasta nueve meses de espera para una cita

Durante 2023, persistieron los "problemas crónicos" con las citas previas para solicitar asilo, lo que ha seguido alimentando un mercado irregular de compraventa de citas, según el informe esta organización social, que apunta a "una gran disparidad entre provincias". "Esta situación provocó que miles de personas estuvieran en una situación de total desprotección y en un limbo legal durante períodos de hasta nueve meses", apuntan.

Denuncia a la Comisión Europea

La publicación, asimismo, subraya que "todo ello supone una vulneración de la Directiva de Procedimientos de Asilo, que establece un plazo de tres a seis días, ampliable a diez, para registrar la solicitud; así como de la Directiva de Acogida, que garantiza condiciones mínimas de acogida y derechos básicos desde el momento que una persona expresa su voluntad de solicitar protección internacional".

Por este motivo, en junio del año pasado, una veintena de organizaciones sociales, con el liderazgo jurídico de la Federación Andalucía Acoge, Servicio Jesuita a Migrantes y Cear, presentó una denuncia ante la Comisión Europea por infracción del Derecho de la UE, "al considerar que la falta de trasposición de estas directivas, además de la carencia de procesos homogeneizados y sistematizados y de recursos humanos y materiales suficientes, retrasa el acceso al procedimiento e impide el ejercicio del derecho de asilo".