El Constitucional limita el fraude del caso ERE a las desviaciones desde Empleo y abre la puerta de la cárcel

"El caso de los ERE se desinfla por completo". Uno tras otro, parece que el Tribunal Constitucional va a absolver a la inmensa mayoría de los condenados por los ERE y el abogado de los imputados de la agencia IDEA, Juan Carlos Alférez, lo tiene claro: "Es una bomba de relojería".

El Constitucional estimó primero el recurso de la exministra y exconsejera de Hacienda, Magdalena Álvarez, condenada a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Este fallo está marcando el devenir del resto de quienes fueron condenados en su día por la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo.

Este martes ha sido absuelto el ex director general de IFA/IDEA entre 2004 y 2008, Miguel Ángel Serrano Aguilar, que apenas unas horas después de conocerse la decisión del Alto Tribunal, fue puesto en libertad en la cárcel de Sevilla 1, donde cumplía condena de seis años y seis meses. Con este fallo, el Constitucional ha dado un tirón de orejas al Supremo y a la Audiencia de Sevilla por hacer una interpretación y aplicación imprevisible del delito de prevaricación, prohibida por el derecho a la legalidad penal garantizado en el artículo 25.1 de la Constitución y en el artículo 404 del Código Penal que impide que "a sabiendas de su injusticia", se dicten "resoluciones arbitrarias en un asunto administrativo".

Quien no ha corrido tanta suerte como sus excompañeros ha sido el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, pues el TC señaló que su argumentación era genérica y poco fundada. Su demanda planteaba una vulneración de derechos fundamentales en términos muy genéricos y no incluía una explicación o desarrollo argumental. A ojos del Constitucional esto suponía un defecto insubsanable.

Las particularidades de Empleo

En el caso de los ERE están condenados ex altos cargos de las consejerías de Hacienda, Innovación y Empleo. Con sus últimos fallos, el Constitucional confirma lo que ya decían las defensas de los imputados, que los responsables de Hacienda e Innovación no había desviado fondos por lo que ni habían prevaricado ni habían malversado. Los primeros creaban los presupuesto que luego aprobaba el Parlamento de Andalucía y los segundos ejercían de caja pagadora, mientras que en Empleo era desde donde se repartía a dedo el dinero

"Llevo diciendo desde el año 2012 que es imposible que hubieran cometido ningún delito", subraya Alférez a El Correo de Andalucía. Desde el primer momento la defensa de los condenados aseguraba que "lo que está en la ley no puede ser ilegal". El abogado de Constitución 23 explica que "de 2002 a 2009 se dictan leyes de presupuestos con una finalidad muy concreta" y se explicaba que tenía que ir para las empresas y para las prejubilaciones. De hecho, sostiene que la propia ley sostiene la finalidad de transferencia de los fondos.

Va a haber una condena si hay desviación en putas y cocaína

Juan Carlos Alférez

— Abogado de Constitucion 23

Lo que sí que es ilegal, como recuerda Alférez, es la "desviación". "Han dejado condenado por una pequeña parte del todo a aquellos supuestos en los que hay desviación de la ley". En su sentencia, el Tribunal Supremo expone algunos casos concretos de desviaciones de fondos y eso, según señala Alférez, sí que quedará como delito de malversación. "Va a haber una condena si hay desviación en putas y cocaína", resume.

El resto de los condenados esperan su turno

En la cárcel continúan Antonio Fernández, exconsejero de Empleo que cumple siete años y un día de cárcel; Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación condenado a siete años y un día; Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo condenado a siete años y un día; Jesús María Rodríguez, exviceconsejero de Innovación que cumple seis años y dos días; Juan Márquez, ex director general de Trabajo al que le impusieron tres años de prisión.

La Audiencia de Sevilla condenó también a Francisco Javier Fernández, ex director general de Trabajo y cabecilla de la trama, a siete años y 11 meses de cárcel. Sin embarog, la considerada como pieza clave del caso murió en 2020 sin pisar la cárcel. Por su parte, la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, obtuvo el tercer grado el 10 de junio, así como Viera que consiguió el tercer grado tras enfermar de cáncer. Además, el expresidente Antonio Griñán estaba también condenado a pena de cárcel, pero alegó que tenía un cáncer para no tener que entrar.

No solo los exconsejeros pueden verse beneficiados, el próximo día 16 de julio el Alto Tribunal estudiará también los recursos de los expresidentes Griñán y Manuel Chaves, quienes se espera que también sean absueltos.