La Junta defiende la singularidad de Andalucía como comunidad fronteriza en el reparto de menores migrantes

El Gobierno andaluz defenderá en la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud, que se celebrará en el miércoles 10 de julio, la singularidad de Andalucía como comunidad fronteriza en riesgo, en relación con la propuesta de traslado a los comunidades autónomas de los más de 5.500 jóvenes y niños que han migrado solos a Canarias en el último año.

Así lo adelanto la titular autonómica de Inclusión Social, Loles López, en la rueda de prensa del pasado martes del Consejo de Gobierno, y en comisión parlamentaria. López ha pedido "información, planificación, coordinación y financiación", ha acusado al Gobierno central de imponerles la propuesta de reparto de estos chicos, endureciendo el tono de su discurso en el que aseguró que el Gobierno trata a los menores "como si fueran maletas" o como "mercancía".

En un momento en el que desde el Ejecutivo acusan al PP de girar hacia los postulados más radicales de Vox, con propuestas como el despliegue de la Armada en las costas para frenar la llegada de pateras, hay expectación por ver qué postura defiende el Ejecutivo andaluz de Juan Manuel Moreno, del ala moderado del partido y que siempre trata de marcar distancias con los postulados más duros de la extrema derecha.

Andalucía, "comunidad fronteriza en riesgo"

Al recaer las competencias de menores en las autonomías, el Ministerio ha optado por modificar la Ley de Extranjería para lograr establecer mecanismos obligatorios de distribución por autonomías. De ahí que la consejera se refiera hable de "imposición". Junts ha asegurado que solo apoyará la reforma si se excluye a Cataluña.

El Ministerio ha optado por modificar la Ley de Extranjería para lograr establecer mecanismos obligatorios de distribución por autonomías

El PP se resiste hasta que no se pacte con las autonomías, ya que se produce la paradoja de que las comunidades que piden la solidaridad de las otras porque no pueden acoger más niños migrantes; Canarias, Ceuta y Melilla (a la que se quiere unir Andalucía, reclamando su singularidad como comunidad fronteriza), están gobernadas o con acuerdos de gobierno por los populares, mientras que las que tendrán recibirlos y reclaman más recursos, también. 

455 menores han llegado a Andalucía como adultos

La Junta de Andalucía afirma que las plazas del sistema de protección de menores están al 115% por lo que hablan de "colapso". La comunidad ha atendido a casi 2.000 menores migrantes sin referentes familiares en lo que va de año, 500 más que en la misma fecha el año pasado.

Desde el Ejecutivo andaluz, además, se lleva alertando desde hace meses de que las entidades sociales detectan a menores en los grupos de adultos que les llegan al sistema estatal de acogida desde las islas. A la espera de que la Fiscalía dictamine nuevos casos, Loles López afirmó que en estos momentos son 454 los niños que han sido trasladados a Andalucía como si fueran mayores de edad.

Andalucía ha atendido a casi 2.000 menores migrantes sin referentes familiares en lo que va de año, 500 más que en la misma fecha el año pasado

"La Junta de Andalucía está asumiendo a pulmón los recursos que necesitan sin ayuda del Estado", sostienen fuentes del departlamento de López. El ejecutivo andaluz cifra el coste a las arcas andaluzas de estos últimos menores en 3,5 millones de euros.

La solidaridad territorial también falló en 2018

La gestión de la acogida de niños y jóvenes inmigrantes que llegan solos a las costas españolas no es algo nuevo para Andalucía. La comunidad autónoma, en plena frontera sur europea, ya ha tenido que enfrentarse a la saturación de su sistema de protección de menores en otras crisis de llegadas, como la del 2018.

Andalucía ya ha tenido que enfrentarse a la saturación de su sistema de protección de menores en otras crisis de llegadas, como la del 2018

Los argumentos de solidaridad voluntaria territorial enarbolados hace seis años por el Gobierno de Susana Díaz, son los mismos que esgrime Canarias, en la actualidad, a los que también ha aducido esta semana la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, sosteniendo que se estaba fracasando en "una cuestión de Estado".

El informe anual del Defensor del Pueblo Andaluz señalaba en 2018 que casi 3.500 menores migraron solos a Andalucía en un año. La comunidad asumía en aquel momento ya la tutela del 36% de estos menores extranjeros no acompañados. La cifra total superaba los 7.000.

La presidenta Susana Díaz, demandaba al Gobierno más recursos y una distribución equitativa de estos jóvenes entre los distintos territorios. Díaz llegó incluso llegó a pedir una reforma legal al Gobierno de Pedro Sánchez para que los menores extranjeros no acompañados llegados en pateras entre 2018 y 2019 volvieran con sus familias “que es donde tienen que estar”. 

Una propuesta barajada por dirigentes de diverso signo político, tanto en el PSOE, el PP y Vox, en distintos momentos, que ponen de manifiesto la complejidad de un asunto, por el que pasan los años y no se terminan de impulsar medidas específicas.

La propuesta del Gobierno

El pacto entre Canarias y el Ministerio de Política Territorial implica que cuando algún territorio vea superada su capacidad de acogida en un 150%, se active un mecanismo de reparto obligatorio de menores por todas las comunidades. Es un modelo parecido al traslado de refugiados entre los países de la UE en el nuevo Pacto Europeo de Migración de Asilo, que aún no está siendo utilizado.

La distribución de los jóvenes se decidiría según criterios de renta, desempleo, población, plazas ya destinadas a este perfil de los territorios. Son los mismos que se han estado aplicando para los repartos voluntarios en los últimos años, pero no convence a las comunidades. Hay que recordar que cinco de ellas están gobernadas o con Vox en sus ejecutivos, y el partido verde rechaza de plano esta reforma.

La distribución de los jóvenes se decidiría según criterios de renta, desempleo, población, plazas ya destinadas a este perfil de los territorios

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, afirmó este miércoles que es una "propuesta sensata" y "equilibrada". Rego en una entrevista en RNE que el Gobierno plantea que "siga vigente el criterio que se utilizó en el año 2022, que gozó del consenso y el acuerdo de todas las comunidades autónomas".