La Oficina de Doñana ayudará a los agricultores con expedientes abiertos a "normalizar" su situación

Cada una de las parcelas y explotaciones agrarias del entorno de Doñana tiene una singularidad propia que responde a políticas de hechos consumados a lo largo de los años: unas parcelas son de propiedad, otras arrendadas, otras parcelas son de titularidad municipal y se explotan en virtud de concesiones administrativas, unos agricultores riegan sus hectáreas con pozos con el permiso en orden, otros riegan la mitad de la parcela con pozos autorizados y la otra mitad, con aguas subterráneas de pozos abiertos sin la licencia correspondiente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Hay multas recurridas, expedientes encallados, papeles y sanciones que se caducan y una situación laberíntica para el lego en la materia.

Una complejidad burocrática y administrativa que tiene, en virtud del marco de actuaciones para Doñana, la oportunidad ahora de ordenarse con el objetivo de rebajar la presión sobre el acuífero de Doñana y la recuperación del entorno de esta joya natural.

El paso de las explotaciones agrarias de regadío a secano o bien a agricultura ecológica o bien a parcelas reforestadas se incentivará económicamente hasta un tope de 70.000 euros por hectárea pagadas por el Gobierno de España a los agricultores de la corona norte de Doñana. Para 2024, se habían previsto 20 millones para estas ayudas. Tras las primeras reuniones, el MITECO ha detectado una alta demanda por lo que ha ampliado la convocatoria a 28,5 millones. Además, habrá una línea de 11,5 millones para la adopción de "buenas prácticas en el sector primario".

Con el objetivo de acompañar la singularidad de los centenares de agricultores que viven de las explotaciones de fresas y que quieren acceder a estas ayudas, el acuerdo de Doñana contemplaba la puesta en marcha de la Oficina técnica, que dirige Emilio Rodríguez, un funcionario de larga trayectoria, que verá desfilar en los próximos meses un sinfín de "singularidades" por este espacio con sede en el patio de banderas de Sevilla.

"El objetivo es doble: ni un pozo ilegal en el Espacio Natural de Doñana y reducir al máximo la presión hídrica al parque"

Hugo Morán

— Secretario de Estado de Medio Ambiente

Sobre este espacio, que contará de aquí a final de año con 16 trabajadores, hizo balance y gala el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en su comparecencia ante los medios este lunes, marcado por la noticia de la renuncia de Miguel Delibes de Castro a la presidencia del Consejo de Participación de Doñana. Delibes adujo "cansancio" y "desgaste personal" en la lucha durante meses para frenar la proposición de ley para la regularización de los regadíos ilegales del entorno de Doñana impulsado por el PP en Andalucía.

Para Morán, una vez alcanzado el acuerdo que frenó esta propuesta vista con inquietud desde "los organismos internacionales" y con la inversión encima de la mesa el objetivo que se persigue es doble: "ni un pozo ilegal en el Espacio Natural de Doñana y reducir al máximo la presión hídrica al parque".

Esto se hará incentivando a los agricultores a que abandonen sus explotaciones de regadío y reconviertan sus cultivos a secano, a agricultura ecológica o bien renaturalizando sus parcelas. El secretario de Estado ha avanzado que el Miteco lanzará varias convocatorias de estas ayudas con el objetivo de alcanzar al máximo numero posible de agricultores a medida que vayan normalizando su situación.

"Con este marco plurianual de reparto de las ayudas daremos margen para que todas [las explotaciones] puedan regularizarse documentalmente en cuanto a la titularidad de los suelos". Pero no sólo. Sino también, aclaran fuentes del MITECO, respecto a procesos administrativos respecto del uso iregular del agua.

La duda que ha sobrevolado todo este tiempo es quiénes serán los beneficiarios, si se será restrictivo o generoso, si habrá mano dura o manga ancha. A este respecto, el Ministerio de Transición Ecológica mantiene en público un interesante debate semántico: rechaza que se hable de regularización y mucho menos de amnistía a los pozos ilegales. Pero en la práctica, la función de esta Oficina es ayudar a "la culminación de los eexpedienteso procesos judiciales para poder acceder a las ayudas", explican fuentes del MITECO.

Según estas mismas fuetes, "la CHG ha trasladado a las asociaciones agrarias que van a ser diligentes con esos expedientes, que no se eternicen, para que puedan acceder a las ayudas. ¿Esto significa regularizar? No, esto significa que si alguien tiene un expediente, pronto ser resuelto, y pagar la multa si es que le corresponde multa, estar por lo tanto satisfecho de todas sus responsabilidades y poder entrar en las ayudas".

Fue la línea roja que pusieron los regantes del Condado de Huelva sobre la mesa para aceptar la propuesta de Junta y Gobierno: que no hubiera vetos para quienes hayan estado cultivando sus frutos de forma ilegal. Los que tengan multas y condenas por robar agua del acuífero también se llevarán el dinero. Eso sí, los expedientes sancionadores seguirán y no habrá amnistía.

En el Ministerio de Teresa Ribera insisten, que "no se va a invertir dinero en regularizar cultivos, sino que se va a invertir en la reconversión de cultivos a secano, ecológico o gestión forestal". De ahí la idea de "reinserción medioambiental".

Para el MITECO, hay una frontera infranqueable para el acceso a las ayudas que dará hasta 2027: la vía judicial. Si el reiterado uso de agua procedente de pozos ilegales está recurrida ante la justicia en el momento de pedir la ayuda, entiende que estos agricultores no pueden ser beneficiarios, entre otras cosas porque, defienden en el departamento de Teresa Ribera, "la ley de subvenciones lo impide".

De hecho, el Ministerio sigue trabajando en la detección de pozos ilegales y, para ello, ha anunciado Morán, se lanzará pronto una herramienta de teledetección basada en la inteligencia artificial que ofrecerá datos de cultivos legales e ilegales en tiempo real.

70 millones para los municipios

En paralelo el departamento de Teresa Ribera ha puesto en marcha la línea de ayudas para realizar proyectos de transición ecológica en los municipios. El acuerdo fina, no exento de polémica, se firmó en mayo de 2024. El director de la Oficina Técnica ya se ha reunido con cada uno de los ayuntamientos para resolver dudas y escuchar los primeros proyectos que quieren presentar. Antes de noviembre tienen que estar firmados los convenios de los proyectos con los ayuntamientos. El reparto será de 35 millones en 2024, y otros 35 en 2025.