La tasa turística llega al Parlamento tras las protestas contra la 'turistificación' de Andalucía

En París los turistas pagan un mínimo de 2,60 euros por cada noche que pasan en la ciudad, en Barcelona pagan 3,25 euros aunque en octubre subirá a cuatro, y en Roma por una noche hay que abonar 3,5 euros. La tasa turística está cada vez más extendida por los destinos europeos y el Parlamento de Andalucía lo discute por primera vez este miércoles. El debate sobre el impuesto turismo está en las calles andaluzas desde hace semanas y ahora estará también en su Cámara.

Hace algo más de una semana miles de andaluces salían a las calles de Sevilla, Málaga, Granada y Cádiz para protestar por los impactos negativos que deja el turismo en sus ciudades. Agrupaciones de vecinos de las principales capitales andaluzas lamentaban que tras la pandemia de Covid la situación ha cambiado mucho y sostienen que el principal problema es "la falta de regulación". Ahora una propuesta de ley de Adelante Andalucía pide que se imponga una tasa turística en Andalucía para combatir sus efectos negativos.

El turismo es uno de los motores económicos de Andalucía y ya supone un 13% del PIB. La región recibió en 2023 más de 34 millones de turistas y 2024 se prepara para batir este récord con creces. Solo entre los meses de enero y abril la comunidad autónoma acogió a 3,6 millones de visitantes extranjeros, un 13,5% más que el mismo periodo de 2023. Sin embargo, la subida de precios de la vivienda, el cierre de los negocios tradicionales o la gentrificación se han revelado como los principales problemas que genera esta actividad.

Adelante Andalucía lleva semanas exigiendo que este debate se incluya en el pleno del Parlamento para que todos puedan manifestar sus opiniones a favor y en contra, de hecho hace unos meses propuso realizar un referéndum al respecto. El líder de la formación, José Ignacio García, señala que el dinero recaudado "podría destinarse a mejorar la vida de andaluces y andaluzas". El andalucista, que sostiene que hay un consenso social en torno a esta medida, reconoce que esto no será una "varita mágica", pero sí que defiende que los turistas tienen "que aportar un poco a los servicios públicos". Pese a que ahora el PP ha permitido que la tasa turística entre en el Parlamento, sería una sorpresa que su mayoría absoluta votara a favor de la misma.

Diferencias en el PP

Desde que el debate se puso sobre la mesa el Gobierno de Juanma Moreno ha manifestado su rechazo a esta propuesta. Aunque desde el propio Ejecutivo andaluz hay quien sí que está a favor, durante meses se ha intentado acallar esas disidencias, como las de la Consejera de Economía, Carolina España, que confirmó que la tasa habría que "implantarla o por lo menos regularla". Consejo de Gobierno tras Consejo de Gobierno los populares han alegado que no impondrán ninguna medida sin el consenso del sector y, además, han señalado que ellos no quieren subir los impuestos a los andaluces y que esta tasa también afectaría a los vecinos de la comunidad autónoma.

Para calmar las voces que clamaban por la tasa turística, entre las que estaban las de muchos alcaldes populares, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, creo el Observatorio para la Sostenibilidad Turística Local en Andalucía. Este organismo, en el que están representados los alcaldes y miembros del sector, estudia cuáles son las ventajas y desventajas que tiene el turismo en Andalucía. Sin embargo, aunque comenzó a trabajar de manera casi inmediata, todavía no han anunciado ninguna conclusión.

La propuesta de Adelante supondría ingresar en las arcas de la comunidad autónoma hasta 176 millones de euros. Según explican desde la formación andalucista, para desarrollar su medida se han inspirado en otras normativas ya vigentes en el resto del continente europeo. Así, han creado distintos tramos impositivos que van desde 0,75 céntimos para quienes pernocten es hostales o albergues hasta los cinco euros de quienes atraquen en un crucero, que, como aclaran, "contamina muchísimo más".

El dinero recaudado, según la proposición de ley, se repartiría al 50% entre la Junta de Andalucía y los ayuntamientos. Eso sí, las inversiones tendrán que ir destinadas a políticas para luchar contra la emergencia climática y la construcción de viviendas públicas que colaboren para reducir los precios del parque inmobiliario, uno de los sectores más afectados por la expansión de las viviendas turísticas.