Vivir bajo plásticos a 40ºC: La Junta pide apoyo al Gobierno para acabar con los asentamientos de Huelva y Almería

Aunque la mayoría de trabajadores migrantes que se viven en los asentamientos chabolistas durante la campaña de la fresa en Huelva ya se han trasladado a otros lugares o a sus países de origen, cientos de personas continúan viviendo en condiciones infrahumanas sin acceso a agua potable y en condiciones de insalubridad. Todo ello agravado ahora por las altas temperaturas del verano y en plena sucesión de olas de calor, que no hace más que exponerles a un mayor peligro de incendios, habituales en estos lugares.

En el caso de la provincia onubense, que cuenta con casi una veintena de enclaves de estas características, según los últimos datos de la Junta de Andalucía, en los asentamientos de Lepe, Moguer y Lucena del Puerto, viven de manera permanente casi 400 personas, según los censos elaborados por los ayuntamientos, corroborados con los datos del Servicio del 112, que realiza anualmente un estudio sobre la accesibilidad para actuar en casos de emergencia.

La consejera de Inclusión Social, Loles López, ha presentado este miércoles en Sevilla en el Foro Andaluz de Integración de las Personas de Origen Migrante los estudios previos a la elaboración del primer plan Estratégico para Erradicar los Asentamientos (Plan Easen), cuya formulación se anunció hace justo un año. López se ha mostrado contundente al pedir al Gobierno central que se involucre, más allá de dar apoyo puntual, para dar solución a la situación de exclusión social y vulnerabilidad que viven estas personas. "Si el Gobierno central no se implica, no se podrá acabar con los asentamientos", ha puntualizado la consejera, insistiendo en que la competencia en esta materia la tiene el Ejecutivo central.

"Sin ellos será matemáticamente imposible llevar a cabo el plan. Hemos asumido las competencias. Nunca se ha hecho nada así, pero ahora necesitamos que el Gobierno de España diga: 'sí, me sumo'. Estamos esperando su respuesta", ha sostenido.

"Si el Gobierno central no se implica, no se podrá acabar con los asentamientos"

Loles López

— consejera de Inclusión Social

El albergue temporal de Lepe, una realidad

Cabe recordar que los avances de este plan autonómico, que también pone el foco en las infraviviendas de los asentamientos de la comarca del Campo de Níjar, en Almería, se están produciendo dos años después de la firma del protocolo a cuatro bandas entre la Junta, el Gobierno, los municipios de Lepe y Moguer.

El albergue para los temporeros de la primera localidad se inauguró la pasada primavera. El nuevo alojamiento cuenta con una capacidad máxima para 152 personas y entró en funcionamiento en abril bajo la gestión de Samu gracias a una concesión del Ayuntamiento de Lepe. Tendrá carácter rotativo y temporal y un coste simbólico de cinco euros al día para sus usuarios.

Esta residencia, cuyo edificio es de propiedad municipal, ha sido ejecutada por el Ayuntamiento lepero, contando para su construcción y equipamiento con 454.000 euros aportados por el Gobierno andaluz. Además, la Consejería de Inclusión Social concedió casi 900.000 euros de fondos Next Generation para las obras de eficiencia energética y para la instalación, de diversos módulos para alojamientos temporales.

80 propuestas para acabar con estos "no lugares" de los derechos humanos

Ahora, el Gobierno andaluz ha expuesto ahora las conclusiones de hasta diez mesas sectoriales, que han aglutinado a más de 50 organizaciones como un diagnóstico y palanca de arranque de su plan. Casi ocho meses de trabajo que han supuesto casi 80 propuestas para acabar con estos "no lugares" de los derechos humanos.

Entre ellas, las vinculadas al área urbanística y vivienda, inclusión social, ámbito jurídico, comunicación y sensibilización, así como del área de intermediación sociolaboral, de carácter medioambiental, de perspectiva de género y otras con enfoque de derechos humanos y emergencia social. "No se trata solo de erradicar asentamientos chabolistas sin más, sino de dar una respuesta a estas personas con alojamientos dignos e itinerarios sociolaborales que les permitan tener sus propios proyectos de vida, porque hablamos de personas", aseguró la consejera.

Para Ignacio Romero, director autonómico de Inmigración de Cruz Roja, entidad que forma parte del Foro Andaluz de Migraciones y tiene líneas de actuación en estos asentamientos, por lo que también ha participado en estas mesas de trabajo, "es una buena noticia que haya una propuesta de plan". Romero insiste en trabajar en varios planos a la vez y todas las administraciones a la par en el ámbito de sus competencias: "Los recursos habitacionales son importantes, pero es fundamental trabajar en itinerarios y, sobre todo lo vinculado a la inserción sociolaboral, algo especialmente difícil con personas en situación de irregularidad", explica.

Los recursos habitacionales son importantes, pero es fundamental trabajar en itinerarios de inserción sociolaboral, algo especialmente difícil con personas en situación de irregularidad

Ignacio Romero

— Cruz Roja

En el caso almeriense, en línea con el trabajo impulsado por el Gobierno autonómico y con el plan local que ha impulsado el Consistorio lepero, el pleno del Ayuntamiento de Níjar aprobó la semana pasada su inciativa local para dar una solución a los trabajadores del campo en la provincia. Su estudio preliminar ha cifrado el número de asentamientos en torno a la treintena y, en este caso, aboga por favorecer el realojo de los migrantes en los dispositivos transitorios protegidos y ofrecer de esta manera una alternativa en un entorno "seguro y digno".

Un "corredor de emergencia" en el seno del 'Marco de Actuaciones de Doñana'

Cada vez son más los frentes abiertos para acabar con estos espacios desde las distintas administraciones en colaboración con las organizaciones sociales que intervienen en el terreno, algunas de ellas ya incluso impulsadas por los propios temporeros, como es el caso de Asnuci. De hecho, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) también ha diseñado medidas para mejorar las condiciones de las personas que están obligadas a vivir en los asentamientos en el seno del Marco de Actuaciones para Doñana.

Precisamente a la recién creada Oficina Técnica de Doñana y al resto de administraciones competentes, más de una treinta de organizaciones, movimientos sociales, ecologistas, sindicatos y partidos políticos han pedido activar "un corredor de emergencia que asegure el abastecimiento de agua potable y salubridad" a las puertas de una nueva ola de calor. Instan al Miteco a implementar estas acciones "de forma inmediata".

Los colectivos consideran que la situación podría mejorar sustancialmente mediante repartos periódicos de agua en camiones cisternas, como ya se hizo durante la pandemia en el municipio de Lepe. Asimismo, consideran que la solución a corto plazo pasaría por la instalación de los módulos portátiles con acceso a agua potable, aseo y puntos de carga eléctrica, como recoge el propio Marco de Actuaciones para Doñana. Además, señalan que deben asegurarse las condiciones de salubridad de estos asentamientos mediante la retirada periódica de residuos que se acumulan en los mismos.

Este plan del Gobierno aglutina tres áreas de trabajo en su línea de actuación número 13. Por un lado, la lucha contra las actitudes racistas, xenófobas, que incitan al odio y la prevención de las situaciones de trata de personas. Por otro lado, contempla un paquete de acciones relacionadas con la "normalización de la situación documental" de los temporeros agrícolas en situación administrativa irregular, así como actuaciones para fomentar su inclusión social y laboral.

Una situación "dramática e inhumana"

En 2020, Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, señaló, después de visitar los asentamientos de las personas trabajadoras en Huelva, que las condiciones de vida "rivalizan con las peores que he visto en cualquier parte del mundo. Están a kilómetros de distancia de agua potable y viven sin electricidad ni saneamiento adecuado".

Estas organizaciones sociales subrayan que "esta situación se agrava en verano, con altas temperaturas y falta de agua potable, obligando a los habitantes a desplazarse varios kilómetros para conseguir agua y alimentos". Por ejemplo, los activistas de la asociación La Carpa que están repartiendo garrafas de agua este verano señalan que "la situación es dramática e inhumana".

En esta línea, el portavoz de Cruz Roja subraya que en estos días en los que se habla mucho de pobreza energética, rara vez se repara en los que ni siquiera pueden elegir entre encender el aire o poner un ventilador porque no cuentan con una vivienda. "Hemos logrado que la situación en la que se viven en infraviviendas también sea tenida en cuenta en el Plan de Altas Temperaturas de la Junta", subraya.