Cronología de un desacuerdo: qué está pasando con las acusaciones entre Diputación y Junta por el virus del Nilo

En las últimas semanas se han sucedido los titulares con cruces de acusaciones entre la Diputación de Sevilla y la Junta de Andalucía. El motivo, las competencias y responsabilidades de cada administración sobre el control de los mosquitos potencialmente transmisores del virus del Nilo. El asunto ha llegado incluso a los tribunales, y ya hay varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al respecto.

¿A quién corresponde la fumigación de los mosquitos en cada municipio? ¿Y cuando la plaga traspasa provincias? ¿Qué competencias tiene cada administración en un asunto de salud pública? Si algo ha demostrado la crisis del virus del Nilo es que las respuestas no quedan claras.

Actualmente, la Junta lleva a cabo actuaciones de vigilancia y control de los mosquitos, y establece que son los Ayuntamientos quienes deben encargarse de ejecutar planes municipales y de fumigar. Por su parte, las corporaciones locales denuncian que carecen de las herramientas jurídicas y económicas para hacer frente al problema, y que las competencias recaen en el Gobierno autonómico al tratarse de un problema de salud pública que, además, afecta a varias provincias. Para no perderse por el camino, hacemos un repaso por la cronología del desencuentro entre ambas administraciones, que viene de lejos.

Marzo de 2021: Plan de Vigilancia y Control

Primero, hay que remontarse a 2021. Es importante hacerlo porque en marzo de ese año la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía desarrolló y puso en marcha el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental (FNO). El documento tenía como objetivo minimizar el impacto de las infecciones por virus del Nilo así como establecer un sistema de vigilancia para la prevención, la detección precoz y el control de los casos en humanos. Este programa es de obligado cumplimiento para las diputaciones provinciales y ayuntamientos.

El Programa desarrolla en qué consiste un Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores (PMVCV) y cómo deben los Ayuntamientos elaborarlo: desde cómo recoger la información y analizarla, hasta las partes que comprenden un programa de actuación, entre muchas otras especificaciones [todo el Anexo II del Programa]. Este punto es relevante porque de él derivará buena parte de la disputa entre Junta y Diputación.

Julio de 2021: Salud pide a Isla Mayor su Plan Municipal

El 1 de julio de 2021, pocos meses depués de la aprobación del Programa, la Junta de Andalucía (a través de la Delegación Territorial de Sevilla de la Consejería de Salud) requirió al Ayuntamiento de Isla Mayor que le remitiese su PMVCV en el plazo de diez días.

Isla Mayor recurre a los tribunales

El Ayuntamiento isleño interpuso un recurso contra el requerimiento de la Junta del 1 de julio. El Ayuntamiento consideró que el consistorio carecía de "competencias para la elaboración de dicho plan" y solicitó la anulación del requerimiento. La respuesta del TSJA llegaría años más tarde, en febrero de 2024.

12 de febrero: Sentencia del TSJA a favor de la Junta

Ya en 2024, el 12 de febrero, el TSJA desestimó el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Isla Mayor y falló a favor de la Junta de Andalucía. La Justicia declaró conforme a derecho el requerimiento que Salud había realizado al consistorio isleño el 1 de julio de 2021 en el que le solicitaba la elaboració y aplicación del Plan Municipal para la vigilancia y control de los mosquitos.

Flashback a 2020-2022: Precedentes legales

Llegados a este punto de la cronología, conviene hacer un pequeño paréntesis y flashback para anotar que hacía un par de años ya había ocurrido un caso prácticamente idéntico al de Isla Mayor. El 25 de agosto de 2020, la Junta de Andalucía había requerido al Ayuntamiento de Coria del Río que cumpliera con el Plan de Actuación aprobado por la administración autonómica y que "con carácter urgente" llevara a cabo actuaciones para controlar la plaga de mosquitos causantes del un brote epidémico de meningoencefalitis vírica. El consistorio de Coria del Río recurrió el requerimiento.

El fallo del TSJA llegó el 29 de septiembre de 2022 [sentencia 1352/2022]: la Justicia desestimó el recurso de la administración local y reconoció la "competencia municipal" en el asunto. El TSJA la jurisprudencia del caso de Coria del Río en el caso de Isla Mayor.

16 de abril: Aprobación del PEVA

De vuelta a 2024, en primavera, el Consejo de Gobierno de Andalucía aprobó el I Plan Estratégico Andaluz para la Vigilancia y Control de Vectores Artrópodos con incidencia en Salud (PEVA) para el periodo 2024-2028. —Conviene recordar este acrónimo, PEVA, porque dará mucho que hablar—. En él se establecen "medidas y actuaciones" para reducir la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores (garrapatas, mosquitos, pulgas o piojos). Entre estas enfermedades se encuentra la fiebre del Nilo Occidental.

24 de junio: La Diputación recurre el PEVA

El presidente de la Diutación, el socialista Javier Fernández, firmó una resolución ordenando "ejercitar las acciones judiciales oportunas" frente al PEVA.

Según la resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, la Diputación argumentaba que el Gobiero andaluz hace "recaer en las Administraciones locales, tanto a nivel de prevención como de control, el ejercicio de competencias y responsabilidades en la materia" y que, además, esto se había hecho sin tener hacer un "análisis competencial previo", sin "previsión económica" y sin consulta. Asimismo, consideraba que el PEVA "lesiona" la autonomía de los ayuntamientos, al "establecer competencias en virtud de una norma que carece de rango legal".

3 de julio: Petición de declaración de emergencia

Recién iniciado julio, la Diputación de Sevilla se reunió con representante de once municipios —posteriormente serán 13—especialmente afectados por los mosquitos para solicitar a la Junta de Andalucía la declaración de emergencia. "La Diputación y estos ayuntamientos entendemos que la competencia de actuación en esta materia no es municipal, a pesar de lo que la Junta de Andalucía establece en el PEVA", declaró entonces el diputado provincial de Servicios Públicos Supranacionales, Gonzalo Domínguez.

9 de julio: Primera víctima mortal

El 9 de julio, la Consejería de Salud confirmó el fallecimiento de una mujer de 71 años y con patologías previas, vecina de Dos Hermanas, que se encontraba ingresada tras haber sido infectada por el virus del Nilo. La Junta elevó el nivel de riesgo de la localidad.

11 de julio: Reunión y un millón de euros

Reunión de todos los agentes implicados: Diputación de Sevilla, representantes de los municipios más afectados, el director general de Salud Pública, la delegada territorial de Salud y otros responsables políticos y técnicos de la Junta de Andalucía. La Junta se comprometió a aportar la base técnica y documental que sirviera como apoyo a los municipios; y la Diputación puso sobre la mesa un millón de euros para acabar con la plaga de mosquitos.

12 de julio: Los municipios denuncian "abandono"

Los doce municipios afectados denuncian "el abandono" y el "desamparo" que sufren ante el virus del Nilo por parte de la Junta y piden un plan de actuación supramunicipal. Fernández escribe en su red social X: "La Diputación no se va a poner nunca de perfil. Asistiremos a estos doce municipios con todos los medios humanos y técnicos necesarios". 

20 de julio: Segundo fallecimiento

Diez días despúes de la primera muerte por el virus del Nilo, Salud confirmó el fallecimiento de una segunda mujer. La fallecida era una vecina de La Puebla del Río, de 86 años y que, según su hijo, gozaba de un "perfecto estado de salud" antes de sufrir la picadura del mosquito, por la que tuvo que ser ingresada.

22 de julio: Comienzan las actuaciones en 13 municipios

La Diputación inicia las acciones para el control de la plaga de mosquitos potencialmente transmisores del virus del Nilo en los 13 municipios designados por la Junta de Andalucía como afectados. Las empresas a las que se les adjudican los trabajos son Lokimica S.A, para las actuaciones en el margen derecho del río Guadalquivir, y Athisa, para las la margen izquierda.

25 de julio: Pleno de la Diputación

El Pleno de la Diputación de Sevilla aprobó presentar acciones judiciales frente al PEVA, "que designa a los Ayuntamientos como competentes en la vigilancia y control de la plaga de mosquitos transmisora del virus del Nilo". La votación contó con el apoyo de PSOE, Con Andalucía y Vox, y con los votos en contra del PP. Los argumentos, los mismos. Desde la Diputación se argumentó que las competencias en materia de salud pública corresponden a la Junta y que los Ayuntamientos "no tienen capacidad jurídica ni económica" para hacer frente al problema.

29 de julio: Reunión en Isla Mayor

La última semana de julio arrancó con una reunión de la Diputación de Sevilla con los representantes de los 13 municipios afectados para informar sobre las medidas de control de la plaga de mosquitos. En la reunión, la Diputación insistió en que "estamos ante un problema de salud pública, y las competencias en salud pública son de la Junta de Andalucía".

Además, el alcalde de Isla Mayor agredeció la colaboración de Diputación y expresó que "a nivel autonómico nos encontramos totalmente desamparados sanitariamente, dejados de la mano de dios".

29 de julio: la Junta responde

Esa misma mañana, la Consejería de Salud respondió a las declaraciones expresadas en la reunión. "Lamentamos profundamente las informaciones inciertas que está trasladando la Diputación de Sevilla", comenzaba un extenso comunicado. En él defendía su gestión, destacando el desarrollo y puesta en marcha del Programa de Vigilancia y Control en 2021, así como del PEVA, entre otras actuaciones.

Las medidas de prevención frente al VNO no deberían de haberse convertido en una lucha política, como se ha empeñado la Diputación de Sevilla en el último mes

Junta de Andalucía

— Consejería de Salud y Consumo

La consejería recriminó a la Diputación llegar "cuatro años tarde a la lucha contra el virus" y recordó que "en 2020, en plena crisis por el brote de VNO con 76 afectados y 8 fallecidos, fue la Junta de Andalucía la que tuvo finalmente que intervenir ante la inacción de la Diputación de Sevilla". "La Diputación de Sevilla ha evitado involucrarse en la lucha del VNO". "La Diputación fue convocada a reuniones, cuando ya había constancia de la circulación del VNO. A una de ellas, ni siquiera asistió", enumeraba Salud.

El PEVA, desde el 2021, establece de forma clara cuáles son las competencias y responsabilidades de cada Administración. De hecho, hay tres sentencias del TSJA y una del Tribunal Supremo que lo avalan.

Junta de Andalucía

— Consejería de Salud

31 de julio: la Diputación insiste

Dos días después, el presidente de la Diputación comunicó que llegará "hasta las últimas consecuencias" judiciales contra la Junta. Fernández aseguró que defenderá en los tribunales que la competencia del control de los mosquitos corresponde al Gobierno autonómico. "Es una cuestión de salud pública y supraprovincial, por lo que depende de la Junta de Andalucía; nuestros servicios jurídicos están completamente convencidos de este asunto", insistió.