Cuarenta colectivos sociales denuncian "la falta de avances" del pacto de Doñana en los asentamientos de Huelva

Cuarenta colectivos sociales lamentan la "falta de avances significativos" en el impulso de las acciones vinculadas a "mejorar las condiciones de vida y habitabilidad de los temporeros agrícolas" del Marco de Actuaciones Socioeconómicas de Doñana. Estos trabajadores del campo, la mayoría de ellos migrantes, se ven forzados en muchas ocasiones a vivir en los asentamientos chabolistas de la provincia, algunos ubicados en zona de influencia del Espacio Natural de Doñana.

Estas entidades, entre los que se encuentran sindicatos (UGT, Sindicato Unitario) y partidos políticos (IU, Adelante Andalucía, Más País, Alianza Verde, Podemos, etc.), ONG como Ecologistas en Acción, Greenpeace, APDHA o asociaciones como Facua, entre muchas otras, ya solicitaron a las administraciones públicas el pasado mes de julio la creación de un corredor de emergencia para garantizar el acceso a agua potable y la recogida de basura en estos enclaves, reiterando su denuncia sobre la situación de extrema vulnerabilidad de estas personas.

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A las puertas del otoño, tras un verano con varias olas de calor, vuelven a denunciar "la inacción" por parte de las distintas administraciones competentes poniendo el foco, además, en "la falta de avances significativos" de la Línea 13 del citado marco de actuaciones, donde se incluyen medidas "a corto plazo", como "módulos portátiles con acceso a agua potable, aseo y puntos de carga eléctrica".

Cabe recordar que este plan del Gobierno central tiene un presupuesto asignado de 350 millones adicionales a los 356 millones que se están ejecutando desde 2022 en las medidas medioambientales.

40 asentamientos en la provincia

Según la carta enviada en julio a los alcaldes de las localidades en donde hay asentamientos (Lepe, Lucena del Puerto, Palos de Moguer y Moguer), a la Diputación provincial, a los ministerios involucrados (Miteco, Derechos Sociales, Inclusión) y las Consejerías de Agricultura e Inclusión Social de la Junta de Andalucía, "en la provincia onubenses existen unos 40 asentamientos, donde llegan a vivir más de 4.000 temporeros en la época de la campaña de recogida de la fresa", que normalmente comprende los meses de enero a junio.

Los censos elaborados por los ayuntamientos, corroborados con los datos del Servicio del 112, que realiza anualmente un estudio sobre la accesibilidad para actuar en casos de emergencia, muestran que casi 400 personas viven en estas chabolas de manera permanente.

Estos jornaleros llevan muchos años malviviendo en estas chabolas, carentes de infraestructuras de todo tipo, como servicios básicos vinculados al saneamiento y suministro de agua, acceso a electricidad, o recogida de basuras, así como problemas de escolarización, asignación de centros sanitarios, y por descontado, de alojamientos dignos, como este marco de actuaciones reconoce. 

La coordinación y cooperación entre administraciones, en el foco

La Oficina Técnica de Doñana, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), se creó recientemente para implementar las medidas que contemplan las distintas líneas del Marco de Actuaciones para el Desarrollo Territorial Sostenible del Área de Influencia del Espacio Natural de Doñana.

En relación con la denuncia de este nutrido grupo de colectivos sociales, fuentes de este organismo han trasladado a este periódico que "el Miteco se muestra sensible respecto a la situación que padecen las personas migrantes desde hace décadas" en estos asentamientos. Por ello, desde este Ministerio se incluyeron estas actuaciones para, "más allá de sus competencias directas, servir de dinamizador para el resto de administraciones que deben involucrarse con determinación".

Respecto al punto en el que se encuentra la puesta en marcha de las mismas, las fuentes consultadas por El Correo de Andalucía aseguran que "necesitamos arrancar compromisos de todas las administraciones: locales y autonómicas. Por ello, estamos en contacto con las partes para convocar una reunión donde, superando la fase de diagnóstico, logremos arrancar compromisos de acción y de cooperación a todas ellas".

El plan de erradicación de la Junta

La consejera de Inclusión Social, Loles López, presentó en el último Foro Andaluz de Integración de las Personas de Origen Migrante los estudios previos a la elaboración del primer plan Estratégico para Erradicar los Asentamientos (Plan Easen), cuya formulación se anunció hace justo un año.

Si el Gobierno central no se implica, no se podrá acabar con los asentamientos

Loles López

López también evidenció el enredo de competencias en esta materia entre las distintas administraciones y la complejidad que esta situación conlleva. La consejera se mostró contundente pidiendo al Gobierno central que se involucre, más allá de dar apoyo puntual, para dar solución a la situación de exclusión social y vulnerabilidad que viven estas personas. "Si el Gobierno central no se implica, no se podrá acabar con los asentamientos", puntualizó insistiendo en que la competencia en esta materia la tiene el Ejecutivo central.

"Sin ellos será matemáticamente imposible llevar a cabo el plan. Hemos asumido las competencias. Nunca se ha hecho nada así, pero ahora necesitamos que el Gobierno de España diga: 'sí, me sumo'. Estamos esperando su respuesta", ha sostenido.

El pasado 19 de julio, el Gobierno andaluz expuso en Huelva las conclusiones de hasta diez mesas sectoriales, que han aglutinado a más de 50 organizaciones como un diagnóstico y palanca de arranque de su plan de erradicación. Casi ocho meses de trabajo que han supuesto casi 80 propuestas para acabar con estos "no lugares" de los derechos humanos.

Entre ellas, las vinculadas al área urbanística y vivienda, inclusión social, ámbito jurídico, comunicación y sensibilización, así como del área de intermediación sociolaboral, de carácter medioambiental, de perspectiva de género y otras con enfoque de derechos humanos y emergencia social. "No se trata solo de erradicar asentamientos chabolistas sin más, sino de dar una respuesta a estas personas con alojamientos dignos e itinerarios sociolaborales que les permitan tener sus propios proyectos de vida, porque hablamos de personas", aseguró la consejera en el acto.

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Un nuevo estudio sobre las condiciones de vida en los asentamientos

APDHA ha denunciado este miércoles "el fracaso del denominado Plan de Erradicación del Chabolismo, puesto en marcha por la Junta de Andalucía y por los municipios de Palos de la Frontera y Lucena del Puerto". La organización de defensa de los derechos humanos critica que "la ausencia de recogida de residuos en los asentamientos responde a una cuestión estructural donde la administración no tiene en cuenta los derechos más elementales de estas personas, que se ven obligadas a vivir en infraviviendas, a pesar de que constituyen un colectivo esencial para la industria agroalimentaria de la provincia".