El Parlamento de Andalucía acuerda una ley que facilite a personas con discapacidad acceder a la función pública

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado en su sesión de este miércoles, 18 de septiembre, la proposición de ley presentada por el grupo Por Andalucía, a tramitar ante la Mesa del Congreso de los Diputados, relativa a la reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para facilitar el acceso de personas con discapacidad a la función pública.

El orden del día de la sesión plenaria de este miércoles contemplaba el debate para la toma en consideración de esta proposición de ley, si bien el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha informado ya en el salón de plenos de una alteración de ese orden del día para proceder directamente a la tramitación directa y mediante el procedimiento de lectura única --incluyendo la toma en consideración-- de esta proposición de ley, algo que ha contado con el apoyo unánime de la Mesa del Parlamento y que los diputados del Pleno han avalado por asentimiento.

En virtud de este procedimiento de lectura única, la proposición de ley se ha sometido este mismo miércoles a votación para su aprobación, que ha salido adelante con el apoyo unánime de los diputados presentes en el Pleno.

Dado que esta iniciativa debe continuar su tramitación en el Congreso de los Diputados, una vez aprobada en el Pleno del Parlamento será necesario designar a tres diputados que vayan a defenderla a la cámara baja, según ha informado Jesús Aguirre, que ha emplazado a los grupos a presentar candidatos para acudir al Congreso en defensa de esta ley.

Se trata, concretamente, de la proposición de ley a tramitar ante la Mesa del Congreso de los Diputados relativa a reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

La iniciativa persigue que se eleve a la Mesa del Congreso de los Diputados una propuesta de modificación del artículo 61.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con el fin de incluir que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59, las pruebas de acceso para las personas con discapacidad intelectual consistan en una prueba de situación que permita valorar las habilidades y destrezas necesarias para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo.

Se trata así de sustituir el examen de acceso de las personas con discapacidad intelectual por una especie de prueba práctica en la que se evalúen sus competencias para desempeñar el trabajo, y no unos conocimientos teóricos que les cuesta adquirir y que, sobre todo, "les cuesta demostrar en un examen test que no está concebido para personas que no entienden el concepto de trampa que entraña todo examen de este tipo, aunque sea fácil", según argumentan desde el grupo impulsor de esta iniciativa.

La parlamentaria de Por Andalucía Esperanza Gómez ha defendido este miércoles ante el salón de plenos que, en días como éste, es "un orgullo aún mayor" ser diputada andaluza, al hilo de esta iniciativa y la unanimidad que ha concitado, con la que el Parlamento andaluz queda "al margen de la crispación" actual, en unos momentos en los que "la política está tan denostada", según ha subrayado.

Valoraciones de los grupos

El resto de grupos parlamentarios también ha contado con un turno de palabra para valorar la tramitación de esta iniciativa, que el diputado del PP-A Juan Manuel Marchal ha destacado que "redundará en beneficio de las personas con discapacidad intelectual, de sus derechos, de su empleabilidad e inserción laboral, y que además redundará en la dignificación de su vida y en ayudarles a conseguir la independencia y la autosuficiencia que tienen y que se merecen".

Por su parte, la parlamentaria del PSOE-A Pilar Navarro ha sostenido que esta proposición de ley es "justa en sí misma y de puro sentido común", por lo que ha trasladado su enhorabuena a los proponentes de la misma, subrayando que esta iniciativa "va a servir para ayudar a muchas personas que lo tienen muy difícil en su día a día, y que merecen que les ayudemos", ha concluido.

Por último, el diputado de Vox Benito Morillo ha defendido que la proposición de ley objeto de debate este miércoles es "una buena iniciativa porque ayuda a mejorar en cierta forma a un núcleo de población con graves problemas de integración", a pesar de que proceda de un grupo político que se sitúa "en las antípodas" de las posiciones de Vox, según ha apostillado.

Esta iniciativa ha contado también con el criterio favorable del Consejo de Gobierno andaluz del PP-A, que en su reunión del pasado 26 de agosto dio su visto bueno a la tramitación de esta proposición de ley.