Diez claves para entender qué está pasando con los contratos de Salud en Andalucía

El PSOE prepara una demanda para acudir a los juzgados "por la vía penal", según informaron fuentes del partido, contra el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno por presuntas ilegalidades en los contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) desde 2021 a 2023. El caso, que ha unido a toda la oposición contra el Ejecutivo autonómico, lleva meses coleando sin que todavía se haya sustanciado en los tribunales. Sin embargo, las presuntas irregularidades, que la Junta niega tajantemente y limita a “salvedades” en los contratos, han ido sumando advertencias de los interventores de la Junta, que alertan de “fraude de ley” por parte del SAS.

¿Hay caso o no hay caso?

El PSOE ha ido poniendo el foco en varias líneas de los contratos de Salud conforme avanzaba sus investigaciones. Los socialistas tuvieron acceso a un total de 68 informes de auditorías en la propia sede del Servicio Andaluz de Salud. Pudieron revisar los informes y tomar notas, pero no hacer fotos ni tener copias de los documentos. Es “un ejercicio de transparencia sin precedentes”, defiende la Junta. Los grupos de la oposición en el Parlamento tienen derecho a tener acceso a este tipo de documentos públicos para hacer su labor de fiscalización al Gobierno, así queda recogido en el artículo 7 del Reglamento de la Cámara.

Los contratos de emergencia

El PSOE comenzó denunciando que, pese a que la pandemia había finalizado, el Servicio Andaluz de Salud continuó prorrogando los contratos por emergencia, sin concurso público. Eso eludía los controles y no daba lugar a la concurrencia competitiva. Apuntó a unos 300 millones de euros desde 2021 a 2023 desde los servicios centrales del SAS. El Gobierno andaluz defendió que eran contratos exprés para intentar reducir las listas de espera.

Tras estas denuncias de la oposición, la Cámara de Cuentas alertó en un informe de que la emergencia en "dos de cada tres contratos" estaba "insuficientemente justificada" en los miles de contratos efectuados en 2020, en plena pandemia.

El papel de la Intervención

La Intervención General de la Junta ha alertado de numerosas irregularidades en esos contratos sanitarios efectuados durante la pandemia de Covid.

Los interventores de la Junta de Andalucía no han limitado sus reproches a los contratos de la pandemia. Tal como avanzó ElDiario.es, los avisos se refieren también a los ejecutados en 2021. El "Informe Definitivo de Control sobre el cumplimiento de la normativa aplicable en los expedientes de tramitación de emergencia 2021" señala que se siguieran usando esos contratos de emergencia sin "justificación alguna" y remarca que deberían haberse hecho "con arreglo a la tramitación ordinaria". Alertan los interventores de un "mal uso o abuso" del sistema de contratación de emergencia. Ese tipo de contratos se extendió hasta junio de 2023, pese a que el marco legal habilitado para la pandemia se había derogado en 2021.

Hasta cuándo hay contratos exprés

Estos contratos se mantuvieron en el tiempo y no fue hasta junio de 2023 cuando expiró la cuarta y última prórroga de este tipo de contrataciones. La Junta de Andalucía siempre ha defendido que "todos los contratos se han sometido a los controles de la legalidad", alegando que es el órgano que contrata, en este caso el SAS, el que fija la emergencia y negando con rotundidad que se incumpla la ley de contratos públicos. "Nosotros en su momento estábamos preocupados por salvar vidas", ha defendido hasta ahora el Gobierno de Moreno.

Contratos provinciales

El acceso del PSOE a los informes de auditoría del SAS dio más información a la oposición. Los contratos de emergencias no se habían prorrogado sólo en los servicios centrales del SAS sino también en sus órganos provinciales. Los interventores señalan además, en la que es la última información revelada sobre este caso, que no sólo se abusó de la emergencia sino que además hay informes que alertan del "fraccionamiento irregular" de esos contratos, coincidiendo que hay “una gran cantidad de contratos menores que se licitan con las mismas empresas”. Esos documentos internos de los auditores hablan de un "uso abusivo" del "contrato menor en fraude de ley".

Esos informes “desfavorables” se refieren a contratos en Huelva, Cádiz, Córdoba y Jaén. En esas provincias se adjudicaron 1.791,2 millones de euros, con contratos menores 458,3.

Fraccionamientos y prórrogas

Además del abuso de la emergencia y del fraccionamiento dudoso de muchos contratos, el PSOE asegura que los informes de la Intervención alertan además de "prórrogas" indebidas de muchas adjudicaciones. Si se prolongan esos contratos, se impide que salgan a concurso y se vulnera la obligación de que concurran varias empresas para prestar el servicio o el suministro en condiciones de igualdad competitiva.

Sin especificar si hay delito

El PSOE nunca se ha atrevido a poner nombre a lo que lleva meses asegurando que va a llevar a los tribunales. "Si es malversación o prevaricación tendrá que decirlo un juez", aseguró el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, en una entrevista con este periódico. Si aún no han ido, explican, es porque no quieren ni depositarlo en la Fiscalía ni acudir al contencioso administrativo sino ir por la vía penal.

¿Hay desvío de fondos públicos? El PSOE asegura que hay "un menoscabo" de fondos públicos porque en cada concurso en el que compitan varias empresas está demostrado técnicamente que el precio del servicio o el suministro "baja como mínimo un 15%". Denuncian además que el SAS ha estado actuando con "absoluta impunidad" tras abrir esa vía de contratos exprés en la pandemia. Hay tres líneas para los socialistas en los contratos sanitarios desde 2020 en Andalucía: prórrogas injustificadas, fraccionamientos indebidos y abuso de la vía de emergencia. El Gobierno andaluz lo niega tajantemente.

Cuántos contratos hay bajo sospecha

La Intervención General de la Junta de Andalucía es el superior órgano de control interno, tiene que velar por el control previo y el control financiero y es el máximo responsable de la contabilidad pública de la gestión económico-financiera de la administración. Los informes de la Intervención fueron clave por ejemplo en el caso de los ERE, aunque nunca se realizó un informe de actuación, que eleva el nivel de alerta, pulsa el botón rojo y obliga a actuar y tomar medidas.

Los interventores trabajan tomando muestras de los contratos a analizar durante un periodo. En su última respuesta, la Junta de Andalucía ha defendido que en el último informe sobre los contratos en Cádiz, Córdoba, Jaén y Huelva en 2021, los interventores analizan 573 contratos de un total de 295.914, el 0,19% del total, por lo que niegan que se pueda hablar de "fraude de ley" en los 458,3 millones que suman todos esos contratos menores.

"No hay desvío de fondos públicos"

La Junta defiende además que "en ningún caso" existe un "desvío de fondo públicos". "Esos contratos sirvieron para comprar medicamentos, prótesis y marcapasos, etc, que han sido suministrados, recetados o implantados en pacientes que hoy tienen un problema de salud resuelto", zanjó el Gobierno del PP.

Quién mandaba en Salud

Durante los periodos analizados los consejeros de Salud fueron el actual presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, y la actual titular de la cartera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, que fue relevada en Salud el pasado mes de julio. El gerente del SAS desde 2019 a 2022 fue Miguel Ángel Guzmán, que cesó para convertirse en viceconsejero de Salud hasta diciembre de 2023. El pasado abril de 2024, y ante la polémica suscitada por su fichaje en la misma empresa a la que adjudicó unos 44 millones en contratos sanitarios por la vía de urgencia, la Junta frenó su salto a la compañía privada Asisa al declararlo incompatible para ese puesto por incumplir la ley andaluza de incompatibilidades.