"¡Vaya papelón!": una médico sin experiencia política se topa con la crisis de los contratos de Salud

Una interpelación y cuatro preguntas de la oposición —tres del PSOE y una de Adelante Andalucía— le han caído a plomo a la consejera de Salud, Rocío Hernández, en la que es su segunda vez en el pleno del Parlamento de Andalucía. Un escenario en el que, todavía, es nueva y en el que tendrá que lidiar a partir de ahora con una nueva situación: la admisión a trámite de la denuncia presentada por el PSOE de Andalucía por los contratos exprés del SAS, iniciados en la pandemia de Covid y cuyo procedimiento de emergencia extendió hasta 2023. Trescientos millones están en el foco en esta denuncia.

Este asunto ha monopolizado el debate en el arranque del pleno de este jueves, en el que se pone de manifiesto la falta de experiencia en el debate político de la consejera, médica de formación, pediatra y especialista en Atención Primaria, pero ajena a estas broncas directas con la oposición. No obstante, Hernández ha defendido su trayectoria técnica en sus intervenciones. "Yo no sé si es política, técnica o folclórica, lo que sí sé es que era directiva cuando el gobierno de Moreno Bonilla firmó estos contratos", ha reprochado la socialista Ángeles Férriz.

El "papelón" de la nueva consejera

El socialista Rafa Márquez, responsable de la interpelación relativa a la contratación en el SAS, asunto que ha abierto la mañana, ha pedido que "alguien asuma responsabilidades". La contratación exprés en Salud comenzó en plena pandemia, con Jesús Aguirre como consejero, y continuó después con su sucesora, Catalina García, hoy consejera de Medio Ambiente. "¡Vaya papelón!", así ha calificado Márquez la situación a la que tiene que hacer frente la nueva titular de la gestión sanitaria en Andalucía.

Un "papelón" que, sin salirse del guion, la consejera ha interpretado siguiendo la línea argumental que defiende el Ejecutivo del PP hasta ahora: que todo se hizo en base a criterios jurídicos, que es falso que haya fraude de ley, que los contratos analizados por la Intervención General sólo representan un 0,19% (en relación este dato a los 459 millones en contratos menores que el máximo órgano fiscalizador ha puesto bajo lupa), y que cuando se puso en marcha este procedimiento de urgencia estábamos en pandemia, que hay que poner en valor el trabajo de los profesionales —"que llegaron al llanto en muchas de esas jornadas"— y que hay que ponerse en el contexto del momento.

"¿Cómo puede apelar a los profesionales, si echaron a 18.000 profesionales a la calle?", ha reprochado, con dureza, la socialista Férriz desde su escaño. En este punto, cabe recordar que la Junta de Andalucía contrató a 20.000 sanitarios eventuales para reforzar la atención sanitaria en lo peor de la pandemia, de los cuales sólo 2.177 han sido incorporados a la plantilla estructural del SAS.

Los contratos del SAS llegan a la Justicia

Sobre la admisión a trámite en el juzgado número 13 de esta denuncia, ni media referencia por parte de la consejera de Salud, cuya soledad en la bancada del Ejecutivo autonómico, tan sólo acompañada por otra nueva incorpoación al Gobierno, la titular de Educación, ha sido significativa.

Cabe señalar que la consejera ha tratado de acotar sus respuesta a la oposición a la contratación en materia sanitaria, sobre todo durante la respuesta a Maribel Mora, de Adelante Andalucía, que ha señalado la contratación para luces de Navidad mediante el procedimiento del fraccionamiento de menores, además de taxis o gastos de albañilería, según ha adelantado eldiario.es.

La consejera ha dicho que es “rotundamente falso que los contratos menores estén en fraude de ley”, como advierten los cuatro informes de la Intervención del SAS en Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén, y se ha limitado a decir que “yo hablo de sanidad, no hablo de alumbrado de navidades, en esas cosas no voy a entrar".

El Juzgado de instrucción número 13 de Sevilla es el encargado de investigar la denuncia presentada por el PSOE de Andalucía el pasado 20 de junio contra el Gobierno de Juan Manuel Moreno, por presunta malversación y prevaricación en la adjudicación de casi 300 millones de euros mediante contratos de emergencia sanitaria realizados por el procedimiento excepcional aprobado para la pandemia de Covid-19, que el Servicio Andaluz de Salud siguió utilizando hasta 2023, dos años después de su derogación legal.