Sin citas para el testamento vital en Andalucía: un derecho atascado por falta de recursos y fallos informáticos

Cristina (nombre ficticio) decidió la pasada primavera pedir cita en alguno de los cuatro puntos físicos de la capital onubense en donde se puede registrar su documento de voluntades anticipadas, lo que comúnmente se conoce como testamento vital. En el mes de julio, viendo que era imposible lograrla por teléfono, a través de Salud Responde del Servicio Andaluz de Salud (SAS), contactó con un conocido que trabajaba en uno de los centros habilitados, que de manera informal le confirmó que el sistema informático llevaba fallando desde al menos el mes de mayo.

El testamento vital es algo posible desde hace 20 años en España, pero que no termina de contar con los recursos suficientes para que se lleve a efecto. La Ley de Declaración de Voluntad Vital Anticipada entró en vigor en octubre de 2003 y es el instrumento jurídico a través del que cualquier ciudadano puede registrar sus preferencias sobre los cuidados y tratamientos sanitarios que desea recibir, en caso de que ya que no tenga capacidad para expresarlas. Una norma complementaria a la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte.

"Llamé también a la Delegación de Salud. Hicieron la consulta y lo mismo, que es un problema informático y no sabían cuándo se iba a arreglar". Y yo les dije: ¿Y si que me muero ahora, y no puedo hacer mi testamento vital?; una cosa tan rápida, que solo hay que ir, firmar. ¿Qué pasa conmigo? Ah, pues lo siento. Te vas a un notario y allí lo haces. Pagando, claro. Cuando tenemos una herramienta aquí en Andalucía que lo podemos hacer", relata Cristina.

10.000 citas en 2023, con menos de la mitad resueltas

Desde 2004, según el registro nacional, casi 52.000 andaluces han hecho constar la llamada Voluntad Vital Anticipada, con la que le indican a la sanidad pública que, llegado el caso, no quieren prolongar artificialmente su vida. Pese a que la demanda es creciente entre la población, las citas para registrar el testamento se dan con cuentagotas. Según Salud, en 2023 se solicitaron casi 10.000 citas para registrar el testamento, pero las resueltas no alcanzaron las 5.000.

Desde que se aprobara la Ley de la Eutanasia, casi 52.000 andaluces han hecho constar en el registro la llamada Voluntad Vital Anticipada

Actualmente, Andalucía dispone de 55 puntos de registro, repartidos por todo el territorio, en los que están incluidos centros sanitarios de Atención Primaria y Especializada y las ocho delegaciones territoriales de la Consejería de Salud y Consumo. En ellos trabajan 142 personas registradoras, la mayoría de perfil sanitario, que compaginan esta labor con las funciones específicas de su puesto de trabajo.

La avalancha de peticiones, ajustes de personal y problemas informáticos

Eva Camps, de la Asociación Derecho a Morir Dignamente en Andalucía, rememora algunos casos recientes en los sus asociados se han encontrado obstáculos para poder acceder a este derecho. "Después de mucho, de casi un año, una familia con un caso de una enfermedad degenerativa bastante importante tuvieron que ir de Málaga a Córdoba". También recuerda la situación vivida por una señora de Chiclana del pasado verano: "Era socia nuestra de la asociación. Llevaba también mucho tiempo intentando conseguir cita para Cádiz, y al final se la dieron para Málaga".

Si tú llamas hoy, por ejemplo para Huelva o para Sevilla, ojalá te dieran una cita, pero lo normal es que te digan que la agenda está cerrada

Eva Camps

— Asociación Derecho a Morir Dignamente

Según la Junta de Andalucía, el gran número de peticiones, los ajustes de personal con motivo del Plan de Verano y los problemas informáticos obliga a los puntos de registro a cerrar las agendas y relegar los trámites. Extremo que confirman los afectados y las entidades sociales que defienden este derecho. Según Camps, "hasta 2019 también se podía pedir cita de tres maneras: presencial, en los centros de registro, por teléfono y por internet. Desde noviembre o diciembre de 2019, ya única y exclusivamente se puede pedir cita a través del teléfono de Salud Responde. "Si tú llamas por ejemplo para Huelva o para Sevilla, ojalá te dieran una cita, pero lo normal es que te digan que la agenda está cerrada", apostilla.

Sin agenda abierta "ni para el año que viene ni para ninguna fecha"

Este periódico ha intentado pedir cita sin éxito en Sevilla llamando al teléfono de Salud Responde. La teleoperadora, en primer lugar, se ha interesado en facilitar información previa sobre qué es la voluntad anticipada o los recursos en la comunidad. Tras unos minutos de espera, ha derivado la llamada a "un compañero de sala". "¿Llama de la provincia de Sevilla, verdad?", precisa esta nueva interlocutora. Tras tomar los datos, asegura que está difícil encontrar un punto donde haya agenda abierta. "En Sevilla... Las agendas están, vamos...". Se escucha el teclado del ordenador. "En la Delegación de Salud no hay ninguna". "En Sevilla no hay ningún punto", certifica tras comprobar uno a uno manualmente estos lugares autorizados.

La teleoperadora de Salud Responde explica que "no hay agenda abierta ni para el año que viene ni para ninguna fecha"

Ante la pregunta de comprobar en otras provincias, tras otra breve pausa, asegura que en Huelva tampoco hay nada. La teleoperadora de Salud Responde explica que "no hay agenda abierta ni para el año que viene ni para ninguna fecha". La llamada se extiende a los 15 minutos ya. La persona que atiende el teléfono la silencia para seguir buscando alguna ciudad andaluza a la que desviar la petición. Primero, cree que podrá derivar a Jaén, pero finalmente tras comprobar todos los centros uno a uno, ratifica que en este momento no es posible pedir cita en Andalucía.

Problemas de una nueva aplicación informática y "ensañamiento administrativo"

En 2022 la carta póstuma de la asociada de esta entidad Estrella López, sevillana de unos 50 años, conmocionó a la sociedad andaluza: "Mis últimas semanas de vida han sido todo lo contrario de la experiencia de paz, sosiego y afectos que imaginé desde el momento de mi decisión". López ya describía en esta misiva el "ensañamiento administrativo" previo que ha sufrido para lograr la eutanasia.

"El problema es que la Consejería nos dice que están intentando implantar una aplicación informática nueva, pero llevan como dos años aproximadamente y parece que no lo consiguen. ¿Esto qué hace? Que la aplicación la intenten instalar y hay días que funciona, otros días que no funciona, otros días que funciona parcialmente, unas cosas sí y otras no", relata la responsable de Derecho a Morir Dignamente en Málaga.

"Yo no me creo que una Administración que gestiona ocho millones, tenga problemas para confeccionar una aplicación informática, aplicación que funcionaba, de una manera lenta, pero que funcionaba sin ningún problema en 2019", asevera.

Es un derecho que tenemos los ciudadanos. Hemos conseguido que yo pueda ir a decidir lo que se haga conmigo cuando me muera y no me están permitiendo hacerlo

Eva Camps cree que donde mejor funciona es precisamente en Málaga, pero lo achaca a la implicación de los funcionarios, que "avisan y asumen los fallos". "Donde peor funciona es en Sevilla, pero bueno, falla en Granada, falla en Almería, falla en Huelva", recalca.

Cristina se muestra especialmente enfada ante su incapacidad de lograr una cita y formalizar toda la burocracia asociada al testamento vital. "Es un derecho que tenemos los ciudadanos. Hemos conseguido que yo pueda ir a decidir lo que se haga conmigo cuando me muera y no me están permitiendo hacerlo", remarca. "Si me pasa algo, ¿quién va a decidir por mí?, ¿mis hermanos? Porque yo no estoy casada, ni pienso casarme, por eso queríamos, por lo menos, decidir uno por el otro, sabiendo los deseos de cada uno", concluye.

Falta de conocimiento de la existencia de este derecho

Otro de los problemas que apunta la asociación Derecho a Morir Dignamente es que este derecho a conocer es relativamente poco conocido, por lo que apuntan a que sería necesario una gran campaña de sensibilización y concienciación. "Tenemos que informar nosotros porque la administración no informa", asevera Eva Camps.

Tras la pandemia, en todas las comunidades autónomas se aprecia un repunte de inscripciones de instrucciones previas (la denominación que se da a este tipo de documentos) en el registro nacional, según los datos del Ministerio de Sanidad.