Andalucía someterá a cuatro auditorías internas los gastos de vivienda o alojamiento de sus altos cargos

Las subvenciones de la Consejería de Empleo para la inserción laboral y el fomento de la contratación del programa Emplea-T y las bases reguladoras de las subvenciones para la competitividad del sector comercial y artesano son los dos nuevos expedientes que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía incorpora al control financiero permanente de la Intervención General autonómica.

Con estas dos novedades, ya son 18 los acuerdos en este sentido que ha impulsado el Ejecutivo andaluz, que se suman al medio centenar de expedientes de gasto que, desde el pasado mes de febrero, han pasado del control previo al permanente, entre los que se encontraban el gasto en vivienda y alojamiento de los altos cargos y la contratación de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

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Sobre los gastos de vivienda, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) este concepto aparece descrito como "indemnizaciones específicas por gastos de vivienda y alojamiento previstas en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de octubre de 2000".

En la contabilidad de la Intervención de la Junta, entre las retribuciones de los altos cargos, según ha comprobado Europa Press, se incluye un sub apartado denominado retribuciones en especie, que describe como "atender determinadas remuneraciones en especie de altos cargos, que tengan carácter individual".

Qué es el control financiero permanente

La Ley de Hacienda establece el control financiero permanente para las agencias de régimen especial (Servicio Andaluz de Empleo), agencias públicas empresariales (TRADE o RTVA), las sociedades mercantiles del sector público andaluz (Cetursa Sierra Nevada), los consorcios y otras entidades, así como las personas beneficiarias de subvenciones, o los ingresos del Presupuesto.

La Ley describe el control financiero permanente como "el ejercicio de cuatro modalidades de auditorías: de cumplimiento, financiera, operativa y de programas"

La norma describe el control financiero permanente como "el ejercicio de cuatro modalidades de auditorías: de cumplimiento, financiera, operativa y de programas". La alternativa al control financiero permanente es el control previo, que se ejecuta con la fiscalización previa, informes previos de las modificaciones presupuestarias y la comprobación material del gasto.

Las cuatro auditorías del control financiero permanente

Por tanto, este tipo de fiscalización es un "un control posterior" sobre el funcionamiento de un organismo público, en el aspecto económico-financiero, "se ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia, economía y buena gestión financiera".

Este tipo de fiscalización es un "un control posterior" sobre el funcionamiento de un organismo público

De los cuatro procedimientos del control financiero permanente, la auditoría de cumplimiento verifica que los actos, operaciones y procedimientos de gestión han sido conforme a las normas, disposiciones y directrices de aplicación. La auditoría financiera, por su parte, evalúa que "la contabilidad y las cuentas anuales, estados y demás informes de gestión expresan fielmente la situación patrimonial y el resultado de la gestión de acuerdo a normas y principios contables de aplicación".

Por otro lado, la auditoría operativa comprobará que "los procedimientos aplicados aseguran de manera razonable el cumplimiento de la normativa aplicable y la consecución de la eficacia, eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos". Por último, la auditoría de programas verifica que "los sistemas y procedimientos de seguimiento de objetivos aseguran una adecuada calidad en los informes sobre consecución de objetivos, así como del cumplimiento de los objetivos asignados a los centros gestores del gasto".

Los últimos acuerdos

La Memoria Explicativa de la Intervención General, del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 febrero; firmada por la interventora María Antonia González, incluía la relación de iniciativas de este órgano al respecto, que entonces sumaba once entre octubre de 2020 y diciembre de 2023. El primer acuerdo se adoptó el 6 de octubre de 2020, según este informe, que relata que afectaba a determinados gastos y actualizó la relación de gastos, órganos y servicios sometidos a ese régimen de control. Ese acuerdo lo modificó el 4 de noviembre.

El 29 de diciembre de ese 2020 estableció sustituir la fiscalización previa de las subvenciones concedidas en sanidad, de apoyo a agricultores, ganaderos y pymes agroalimentarias ante el Covid-19 por el control financiero permanente. A este le siguieron el acuerdo de 30 de marzo de 2021 de cambio de modalidad de control de las ayudas al sector equino y vitícola afectados por la situación generada por el coronavirus.

Este año se han incorporado 50 expedientes de gasto, entre las que están las subvenciones para el fomento del empleo de personas con discapacidad en centros especiales, o las ayudas a entidades privadas para atender fines sociales con cargo al 0,7% del IRPF

En abril, noviembre y diciembre de 2022 se culminan cuatro acuerdos del Gobierno andaluz sobre, entre otros temas, las ayudas a entidades asociativas en zonas desfavorecidas o los expedientes de gastos de determinadas subvenciones. El año pasado, asimismo, se produjeron cinco acuerdos de relevo al control financiero permanente, para asuntos como las ayudas a autónomos y el programa del Bono Social.

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Este año se han incorporado 50 expedientes de gasto, entre las que están las subvenciones para el fomento del empleo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo, las ayudas a entidades privadas para atender fines sociales con cargo al 0,7% del IRPF e Impuesto sobre Sociedades o las subvenciones a Entidades Locales Autónomas y Bono Carestía, el último de 15 de octubre.