Cinco preguntas y respuestas para entender qué está pasando con la dependencia en Andalucía

La situación de la dependencia en Andalucía se ha convertido en uno de los grandes focos de conflicto a los que se enfrente el Gobierno de Juan Manuel Moreno. Hasta el punto de que este sábado, CCOO-A ha convocado una movilización en todas las provincias, tras conocerse los últimos datos oficiales del Imserso en relación con el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que sitúan a la comunidad andaluza a la cabeza de las listas de espera. El sindicato "se moviliza en defensa de la atención a la dependencia, de la calidad del servicio y de las condiciones del empleo en el sector".

Gobierno, Junta, partidos de la oposición, sindicatos y asociaciones llevan meses intercambiando cifras, porcentajes y muchos reproches que dificultan la comprensión del estado de estos servicios públicos. El quid de la cuestión está en los tecnicismos y en las comparativas trampa: no son lo mismo las solicitudes, que las altas en el sistema, ni que las resoluciones de grado o de los Programas Individuales de Atención.

Y, todo ello, con el telón de fondo de una de las pugnas más enconadas en la actualidad, la de la financiación. La Ley de Dependencia de 2006 blinda este derecho social en España y establece que el Gobierno central y los gobiernos autonómicos deben aportar un 50%-50% al sistema de la dependencia; una distribución que no se cumple.

¿Cuántos beneficiarios hay en la comunidad?

Antes de analizar algunos de estos puntos clave, conviene tener en cuenta la dimensión del sistema de la dependencia en Andalucía. La comunidad más poblada de España cuenta con más de 311.000 personas beneficiarias con derecho a prestación, que representan el 19% de todas las del sistema nacional; una cifra que permite poner en perspectiva la magnitud de este servicio público a nivel autonómico y estatal. Cataluña (con más de 260.000 beneficiarios) y Madrid (con casi 200.000) son las siguientes en el ranking.

Este dato es importante porque de él depende buena parte de la financiación estatal. El Estado asigna mensualmente a cada comunidad autónoma una cantidad económica según el número de dependientes con prestación efectiva reconocida y su grado de dependencia: por cada dependiente de Grado I, 76 euros al mes; por cada dependiente de Grado II, 130 euros al mes; de Grado III, 290 euros mensuales.

¿Está infrafinanciada la dependencia en Andalucía?

A pesar de lo recogido en la Ley de Dependencia, la financiación 50%-50% no se cumple en ninguna comunidad autónoma. A escala nacional, en 2023 el Gobierno central aportó el 29% y los autonómicos el 71% restante. El año pasado, en Andalucía, el Estado aportó el 38% y la Junta el 62%.

En este contexto, la Junta de Andalucía denuncia que "el Estado le adeuda más de 4.000 millones de euros" desde 2019 a 2024. Esta cifra es la diferencia de los fondos aportados por la Junta y el Gobierno desde que Juan Manuel Moreno es presidente. El de la infrafinanciación por parte del Estado es uno de los argumentos más repetidos por el Gobierno andaluz cuando se habla sobre dependencia. Pero hay que tener dos aspectos en cuenta.

La aportación de la Junta al sistema de dependencia ha aumentado un 8% entre 2020 y 2023, mientras que la del Gobierno central se ha triplicado.

Por un lado, el porcentaje de financiación de la Junta ha ido disminuyendo cada año, mientras que el del Gobierno central ha ido aumentando, según los datos oficiales del Imserso. La aportación de la Junta ha aumentado un 8% en los últimos cuatro años (pasando de 1.113 millones de euros en 2020 a 1.200 millones de euros en 2023); mientras que la del Estado se ha triplicado en el mismo periodo (de 273 a 729 millones de euros).

Por otro lado, Andalucía es la tercera comunidad que más dinero recibe por parte del Gobierno central para financiar el sistema de dependencia, sólo por detrás de La Rioja y Galicia (ambas reciben el 41%), según los datos oficiales del Imserso relativos al ejercicio pasado.

¿Qué pasa con los tiempos de espera?

Andalucía es la comunidad con las listas de espera en dependencia más saturadas. Quienes realizan una solicitud deben esperar, de media, 609 días, casi dos años, con 60.000 personas pendientes de que se reconozca su grado de dependencia. La consejera de Inclusión Social, Loles López, ha asumido las críticas, aunque también ha recordado que "el PSOE tuvo hasta 200.000 personas en listas de espera en un período de hasta 1.200 días", a raíz de que los socialistas se unieran esta semana a la convocatoria de los sindicatos.

López ha explicado en reiteradas ocasiones los motivos por los que, según su departamento, los plazos podrán incrementarse en los próximos meses. El sistema de gestión de la dependencia está en pleno cambio "profundo y estructural" tras la aprobación del macrodecreto de simplificación administrativa. El sistema se encuentra "en fase de migración" para pasar de los cinco sistemas informáticos con los que trabajaban los funcionarios hasta ahora a un único "aplicativo".

Este proceso está haciendo aflorar expedientes que habían quedado "en el limbo", según explicó la consejera en su última interpelación parlamentaria al respecto. Inclusión asegura que "han salido 1.851 expedientes de personas que llevaban esperando más de 1.000 días" y que han sido atendidas, lo que ha hecho aumentar la demora. La consejera subrayó que "cuando el motivo sea este, yo me alegraré, porque significará que estamos metiendo en el sistema a personas que llevaban años sin ser atendidas".

Asimismo, el cambio informático podría provocar que los últimos informes de dependencia contengan datos erróneos, según explicaron fuentes de Inclusión a este periódico. López admitió que quizás habían "corrido demasiado" en la implantación de este nuevo sistema, pero defendió que una vez esté plenamente implantado se reducirán las listas de espera.

¿Por qué se han desplomado las altas?

Otro indicador relevante del sistema de depedencia es el de las altas de solicitudes. Se trata de las peticiones que las personas realizan para acceder a la dependencia y que la administración inscribe en su sistema. Una persona puede tener su solicitud dada de alta pero no resuelta.

Los últimos datos disponibles revelan que el mes pasado sólo se inscribieron en el sistema andaluz 216 solicitudes, un número extremadamente bajo, teniendo en cuenta los volúmenes de población y de beneficiarios en la comunidad. Aunque este desplome podría achacarse al cambio de sistema informático (como informó Inclusión, es posible que los últimos informes contengan datos "que no se ajusten a la realidad"), los datos históricos oficiales revelan que desde hace tiempo se están produciendo marcados altibajos en el número de altas, como se puede apreciar en el siguiente gráfico. Las bajas, por su parte, se mantienen estables.

Para poner en perspectiva la caída de las altas es útil comparar los datos durante los nueve primeros meses de cada año (ya que las últimas cifras disponibles son las del 30 de septiembre de 2024). Así, entre enero y septiembre de 2022 en Andalucía se dieron de alta 57.000 solicitudes; en lo que llevamos de 2024 se han producido 26.000 altas, un 55% menos que hace dos años en ese mismo periodo. El porqué de este desplome, sin embargo, no está claro.

¿Qué es el copago y qué subida plantea la Junta?

El copago es la aportación económica de las personas usuarias de los centros de día y noche para mayores dependientes. En las últimas semanas, CCOO-A ha instado al Gobierno andaluz a reducir el porcentaje que pagan las familias. El último informe de CCOO sobre la situación del sistema andaluz afirma que "una persona mayor con grado III, con la prestación de ayuda a domicilio, que ingresa la pensión media, tendrá un copago de más del 25% de sus ingresos".

Según la organización sindical, la Junta de Andalucía, que tramita en la actualidad una nueva orden al respecto, planea un incremento de este copago hasta un 60%. El PSOE andaluz se ha unido al sindicato esta misma semana para pedir que se retire esta propuesta.