El juez prorroga seis meses más la investigación en una finca de la Casa de Alba por el robo de agua en Doñana

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) citó a declarar a Eugenia Martínez de Irujo en octubre del año pasado, tras una denuncia de la Fiscalía por un posible delito contra el medio ambiente relacionado con la detracción ilegal de agua en Doñana. La empresa implicada, vinculada a la Casa de los Alba, Eurotecnia Agraria, siempre ha asegurado que la extracción de agua nunca ha superado el volumen máximo aprobado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Ahora, el juez de instrucción, a través de un auto del pasado 7 de octubre al que ha tenido acceso este periódico, prorroga a petición de la Fiscalía la investigación seis meses más hasta el próximo 9 de abril de 2025. Una ampliación de las pesquisas, confirmada también por el Ministerio Público a El Correo de Andalucía.

Según la exposición de motivos de este documento, "se está a la espera de recibir un informe de Fiscalía (...) pudiendo devenir necesarias, con base en ese informe y el resto que constan unidos a las actuaciones, la práctica de nuevas diligencias, como pueden ser recabar nuevos informes técnicos o las declaraciones de aquella o aquellas personas que se consideren presuntos autores de ese delito ambiental que se investiga".

Riegos ilegítimos de 305 millones de litros de agua

Los hechos denunciados tuvieron lugar en tres parcelas pertenecientes a la finca Aljóbar, ubicada en el término del municipio sevillano de Aznalcázar, con una superficie equivalente a casi 300 campos de fútbol. Los ocho pozos sin autorización extraían agua de la masa subterránea denominada Aljarafe Sur, cuyo territorio se encuentra en el sistema de explotación de recursos SE-1 Guadiamar. Un acuífero "en buen estado", según el organismo de cuenca, colindante al dañado acuífero 27, protagonista de la sobreexplotación del regadío de los municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana.

Los ocho pozos sin autorización extraían agua de la masa subterránea denominada Aljarafe Sur

En este caso, el Seprona comprobó que, al menos desde hace una década, se sacaba sin autorización agua de ocho captaciones. La CHG valoró los daños ocasionados al dominio público hidráulico en la última cosecha: un consumo extra de 305.851,73 metros cúbicos y una cuantía económica de 36.702,16 euros. El robo sería mucho mayor si se demuestra esta práctica continuada en el tiempo.

Las 200 hectáreas de naranjos contaban con un permiso oficial de riego de 606.500 metros cúbicos de agua al año con una enorme balsa y dos pozos. La empresa denunciada siempre ha alegado que estos ocho pozos, abiertos posteriormente y sin permiso, no excedieron esa cantidad de agua autorizada.

 La empresa denunciada siempre ha alegado que estos ocho pozos, abiertos posteriormente y sin permiso, no excedieron la cantidad de agua autorizada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

De hecho, el ministerio público en la denuncia, según publicó la agencia EFE cuando trascendió hace un año, pide extender el cómputo de agua detraída a la última década. Considera que los propietarios incurrieron en un delito de desobediencia al impedir el paso a la finca a los agentes del Seprona y técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir cuando acudieron a cerrar los pozos el 12 de junio de 2023.

Levantamiento de medidas cautelares

Eurotecnia Agraria ha vuelto a poder regar con estos pozos, después de que ya en junio de 2024 lograran el levantamiento de las medidas cautelares impuestas por el juez a estas captaciones de agua por considerar que no pone en riesgo el estado de la masa de agua subterránea.

El proceso de regularización de los ocho pozos investigación se inició cuando la empresa ya había sido denunciada por delito ambiental

La Confederación Hidrográfica avala en un informe que se utilicen estos pozos porque no consumen más de lo que tiene autorizado y considera que pasar de repartir los puntos de extracción de dos a diez mejorará "la hidrodinámica del acuífero" al no ser necesario profundizar tanto para obtener el recurso.

Desde entonces, Ecologistas en Acción, organización personada en la causa ha pedido con insistencia la clausura de estos pozos que gestiona esta compañía vinculada a los hijos de Cayetana de Alba.

El proceso de regularización se inició cuando la empresa ya había sido denunciada por delito ambiental por “detracción ilegal de aguas" por el uso, precisamente, de estas infraestructuras que carecen de permisos, como adelantó la edición andaluza de Eldiario.es.

Según Ecologistas, "resulta sorprendente que el visto bueno de la Oficina de Planificación (CHG), donde afirma que el acuífero está en buen estado y no supone un riesgo para su conservación, no haga mención alguna a la situación legal de las ocho captaciones que pretende incorporar a su aprovechamiento".