Funcionarios

Alianza PP, PSOE y Vox en el Parlamento andaluz para pedir al Gobierno de España que salve Muface

Solo Por Andalucía y Adelante se quedan fuera de las exigencias para que no se merme "la prestación de servicios y de puestos de trabajo y de la calidad asistencial" de la que gozan los funcionarios andaluces

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Jorge Jiménez

Victoria Flores

El Parlamento andaluz ha pedido al Gobierno de España que "garantice que las condiciones de la futura renovación del concierto de Muface en ningún caso supongan una merma en la prestación de servicios y de puestos de trabajo y de la calidad asistencial". Tanto PP como Vox han votado una Proposición no de Ley de los populares a favor de la continuidad de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, que el PSOE-A ha apoyado en algunos puntos concretos y Por Andalucía y Adelante Andalucía han rechazado.

"Es más real que nunca el peligro de que estos meses puedan ser los últimos del modelo mutualista", ha lamentado el diputado popular Daniel Castilla. Desde la bancada del PP han pedido al Gobierno de España que, como exigen los funcionarios y sus sindicatos, que se mantenga el sistema que da cobertura sanitaria a 1,5 millones de españoles. Así, y con el voto afirmativo de los socialistas, han reclamado también que "busque soluciones a la problemática generada" con la mutualidad de los funcionarios civiles (Muface), la judicial (Mugaje) y la de las fuerzas armadas (Isfas). Así, el popular ha recriminado al Ejecutivo de Pedro Sánchez la "falta de consenso con los distintos sectores implicados".

Andalucía es la comunidad autónoma que cuenta con más funcionarios del Estado y familiares que se benefician de este sistema de concertación. En estos momentos, unos 320.000 empleados públicos, la mayoría de ellos profesores de colegios o universidades, gozan de un sistema de sanidad privada gracias a sus cotizaciones. Sin embargo, eso podría terminarse de cara a 2025 pues, por el momento, ninguna compañía ha aceptado la oferta del Gobierno de España.

El Estado plantea una nueva prima

En un primer momento, el Ministerio de Transformació Digital y Función Pública les ofreció subir la prima a un 12%, cifra que, posteriormente amplió a un 17,12%, la mayor de lahistoria. Sin embargo, las aseguradoras pedían un 40% para poder mantener sus servicios. El Gobierno había dado de plazo hasta el 5 de novimbre para la licitación, que quedó desierta y ahora plantea volverlo a ofrecer, con una nueva prima para intentar atraer a las empresas de la sanidad privada.

Las aseguradoras han abierto la puerta a aceptar una nueva posibilidad si se aumenta la última, pero desde CSIF, el sindicato mayoritario de trabajadores del Estado lamentan que la nueva propuesta, aún por revelar, no será suficiente para las entidades. Los representantes de los empleados públicos tienen "el convencimiento de que el Gobierno no cree en el sistema del mutualismo administrativo".

Desde la Consejería de Salud han defendido en varias ocasiones a El Correo de Andalucía que el Sistema Andaluz de Salud es capaz de "asumir" este número de pacientes "en el momento en el que llegue". Pese a esto, Castilla ha querido destacar el "riesgo económico y sanitario que conlleva y generaría a las finanzas y al sistema sanitario público de Andalucía". Y es que, pese a que el acuerdo con Muface depende del Estado, si esta dejan de funcionar, los servicio que presta correrían a cargo de las comunidadades autónomas, que tienen las competencias en sanidad.

Salud aplaude la reducción de las listas de espera

La sanidad ha vuelto a ser un eje central en esta jornada de Pleno, algo que se ha convertido ya en un habitual en el Hospital de las Cinco Llagas, y la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha informado de que "la lista de pacientes inscritos en procedimientos garantizados ha bajado de 145.699 a 127.702, al mismo tiempo que se ha reducido el número de pacientes pendientes de una cirugía fuera de plazo, pasando de 58.474 a 37.857". Por lo que, con un sistema sanitario ya colapsado, son muchos los que temen que la inclusión de estas 320.000 lo empeore.

Los funcionarios andaluces ya salieron a la calle el pasado lunes convocados por el sindicato mayoritario CSIF. Allí, su presidente en Sevilla, Rosendo Martínez, denunció que "el Gobierno se quita un problema y se lo manda a las comunidades autónomas". El representante de los empleados del Estado criticó que "con las propuestas económicas que se están planteando no se llega a ningún sitio" e insistió en que desde CSIF tienen "el convencimiento de que el Gobierno no cree en el sistema del mutualismo administrativo".

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