El juez cita como investigados a la gerente del SAS y a sus antecesores para investigar los contratos a dedo

El juez que instruye el caso de los contratos exprés del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha comenzado a citar a los investigados. Según ha adelantado la SER, el juzgado de instrucción número 13 de Sevilla comunicará a la actual gerente del SAS de la Junta, Valle García y a los ex gerentes, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán, que van a ser investigados y podrán personarse en el procedimiento donde se estudia un posible delito de prevaricación en los contratos de emergencia entre 2021 y 2023.

El magistrado Javier Santamaría ha citado a los querellados "para cualquier día hábil de este mes de noviembre al objeto de informarles de sus derechos y darles traslado de la querella". La denuncia podría ampliarse si se aprecian otros delitos. El grupo parlamentario socialista fue el denunciante y apunta también a un posible delito de malversación.

Anticorrupción analiza los contratos de Salud mientras que el Tribunal de Cuentas cierra su investigación

Además de las citaciones, el juez ha solicitado también al SAS que aporte los expedientes de contratación tramitados mediante la vía exprés de sus servicios centrales entre 2021 y 2023. A esto se suma un requerimiento a la Intervención General de la Junta para que aporte todos los informes relacionados con la tramitación de expedientes mediante este procedimiento adicionales al informe definitivo de control.

La Fiscalía Anticorrupción se ha hecho cargo del caso

Hace solo unos días que se anunció que sería la Fiscalía Anticorrupción quien se encargará de las denuncias del PSOE sobre prevaricación por los contratos que se dieron a dedo, entre 2021 y 2023, por la misma vía de emergencia que se habilitó durante la pandemia y que sumaron un montante de al menos 242 millones de euros. Esta decisión no impide que el grupo socialista no pueda incluir otras denuncias a esta primera, como la que plantea sobre los contratos exprés realizados desde las provincias y que anticipó este periódico. Ya en un primer momento, el titular del juzgado de instrucción número 13 de Sevilla, que fue quien abrió diligencias, solicitó documentación a la Intervención General de la Junta de Andalucía, a la Intervención Central del Servicio Andaluz y al Tribunal de Cuentas, documentación que ya se está recibiendo en el órgano judicial.

Varios informes de la Intervención de la Junta sostienen que se produjeron irregularidades en las contrataciones del SAS entre 2021 y 2023, que sitúa en "fraude de ley". Este procedimiento, muy extendido durante la pandemia de Covid, se quedó sin marco legal por emergencia pero se siguió utilizando en Andalucía hasta mayo de 2023. En 2022, el que fuera consejero de Hacienda, Juan Bravo, señaló en sede parlamentaria que "en 2021 se suscribieron 4.124 contratos de emergencia con un coste de 502,7 millones de euros, un 84% suscritos por el SAS". En 2021 la Consejería de Hacienda ya dio una instrucción para que cesaran los contratos de emergencia que el SAS ignoró, ya que siguió contratando por esta vía hasta dos años después.

"Menoscabo" de fondos públicos

Los socialistas aseguran que ha existido un menoscabo de fondos públicos por estas contrataciones a dedo que evitan la concurrencia competitiva de empresas. "Cuando se aplica la Ley de Contratos del Sector Público y las empresas compiten entre ellas, la baja media sobre los precios de partida es siempre, como mínimo, del 10%", sostiene la querella. El 10% de 242 millones arrojan un presunto menoscabo de “más de 24 millones de euros”.

La Fiscalía Anticorrupción investigará los contratos del SAS que denunció el PSOE

El Gobierno andaluz defiende que no existió ningún tipo de irregularidad y que todos los contratos de emergencia desde 2021 a 2023 se hicieron con el "garantías jurídicas" y el aval de los letrados de la Junta. En concreto el SAS pidió el visto bueno de los servicios jurídicos, que se pronunciaron en dos informes del 10 de agosto de 2022 y otro anterior de 28 de diciembre de 2021. El PSOE sostiene en su demanda que a los letrados se les dio "premisas falsas" para obtener un informe "pseudofavorable", ya que se les informó de que los procedimientos ordinarios para contratar ya estaban en marcha y se apeló al plazo de nueve meses, que permite la ley de contratos del sector público, para prorrogar las adjudicaciones por emergencia hasta poner en marcha el procedimiento ordinario.