MEDIO AMBIENTE

Un año del Pacto de Doñana: La conexión de la marisma con el Guadiamar, la gran asignatura pendiente

El próximo 27 de noviembre se cumple el primer aniversario del "acuerdo histórico" del Gobierno y la Junta, que continúa en el foco de científicos, ecologistas y agricultores por "la lentitud" en la ejecución de las medidas

Un año de la firma del Acuerdo de Doñana entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía para garantizar el futuro sostenible del Parque Nacional.

Un año de la firma del Acuerdo de Doñana entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía para garantizar el futuro sostenible del Parque Nacional. / Junta de Andalucía

Ana Carretero

Ana Carretero

La casualidad ha querido que el próximo 27 de noviembre sea una fecha destacada en el calendario medioambiental español por varias razones. Por un lado, se cumple un año de la firma del Pacto por Doñana del Gobierno central y la Junta de Andalucía, gracias al que aparcaron de una vez por todas sus diferencias para avanzar en "el futuro sostenible del parque". Por otro, ese día el Parlamento europeo refrendará al nuevo Gobierno de la UE, del que formará parte la actual vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La pugna política por la depuración de responsabilidades en la gestión de la DANA, con el PP intentando tumbar el nombramiento de la vicepresidenta en Bruselas, ha marcado también el primer aniversario de un gran acuerdo millonario que se conviritió con el paso de los meses en la única puerta abierta al diálogo y la negociación de ambas administraciones.

Después de varios años de confrontación por el proyecto de ley para ampliar los regadíos del entorno de Doñana, –incluida una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) por "extracciones desmesuradas de agua subterránea" en el Parque Nacional–Junta y Gobierno se comprometieron a invertir 1.400 millones de euros en los próximos cuatro años en la protección de Doñana y el fomento de prácticas más sostenibles en distintos ámbitos, como la agricultura, la pesca, la ganadería, la industria, las obras hidráulicas o incluso las energías renovables de esta comarca.

El Gobierno central y la Junta de Andalucía sellan un importante acuerdo para Doñana.EL ROCÍO (HUELVA), 27/11/2023.- El presidente andaluz, Juanma Moreno y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante su visita hoy lunes a las Marismas del Rocío en el Parque Nacional de Doñana, después de que Gobierno y la Junta de Andalucía hayan alcanzado, después de semanas de negociaciones, un acuerdo sobre los regadíos del entorno, que será firmado a mediodía en Almonte (Huelva). EFE/ Raúl Caro

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el pasado 27 de noviembre de 2023 el día de la firma del Pacto por Doñana. / Raúl Caro / EFE

Los veinte años de espera de la recuperación del Guadiamar

Además del coto (compuesto por extensos pinares y matorrales), las lagunas y las inmensas dunas, el ecosistema fundamental de Doñana es la marisma, a la que se aisló de sus entradas naturales de agua a mediados del siglo pasado para expandir el cultivo de arroz.

El grupo de trabajo técnico del Marco de Actuaciones para Doñanase reunió a mediados de octubre para analizar sus avances, entre los que se informó de esta medida. La comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Francisca Baraza, aseguró tras el encuentro que "el estudio de alternativas para la reconexión del río Guadiamar con la marisma de Doñana está finalizado, a expensas de la decisión final".

El estudio de alternativas es el paso previo para decidir qué proyecto se lleva a cabo para volver a conectar el río Guadiamar con el antiguo caño, una de las actuaciones más ambiciosas del plan del Gobierno central, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

El estudio de alternativas para la reconexión del río Guadiamar con la marisma de Doñana está finalizado, a expensas de la decisión final

Francisca Baraza

Esta intervención es una de las más demandadas por los ecologistas desde hace décadas. El proyecto se incluyó en el anterior programa marco de Doñana, pero finalmente se quedó guardado en un cajón. Entre otras cuestiones, supondrá además la expropiación de terrenos y la compra de fincas, por lo que de nuevo requerirá de grandes consensos con las partes implicadas. El presupuesto estimado alcanza los 70 millones de euros.

La recuperación del caño Travieso y el Brazo de la Torre continúan sin llevarse a cabo

La recuperación del Guadiamar a su paso por Doñana ya estaba prevista en el Real Decreto para la regeneración hídrica del plan Doñana 2005.

Esta norma también incluía, entre otras obras para la revitalización del parque natural, la restauración del caño Travieso y la recuperación de la funcionalidad del Brazo de la Torre. De esta forma se actuaría sobre las aguas superficiales, ya que el río volvería a inundar la marisma de manera natural sin necesidad de bombeos. Un cuarto de siglo después, continúan sin llevarse a cabo.

En lo relativo a la restauración fluvial, según el último balance público, "se están desarrollando actuaciones sobre el Arroyo Majalberraque y otros cauces que desembocan en la marisma desde la zona norte del humedal, como son el Arroyo de Chucena y sus tramos situados en Pilas o Hinojos". También se ha destacado la ejecución de la primera fase de restauración del Arroyo del Partido y la planificación de una segunda, que pretende recargar los acuíferos de los que se nutre Doñana y evitar el excesivo aporte de sedimentos a la marisma.

"Que se hagan ya y se hagan con urgencia"

Miguel Delibes, anterior presidente del Consejo de Participación de Doñana, el principal órgano de representación de los agentes sociales involucrados en la conservación del parque, instaba recientemente en este periódico a las administraciones a no perder ni un minuto y poner en marcha las medidas medioambientales.

Delibes pidió que las actuaciones "se hagan ya y se hagan con mucha urgencia". "Lo que pedimos no son cosas distintas a las que el Ministerio ya ha planteado, y que a la Junta de Andalucía les ha parecido bien, que es ejecutar el plan de la gobernanza forestal, con las correcciones que haga falta, extraer agua superficial para sustituir a la subterránea", concluyó. Unas actuaciones, por otro lado, que el actual presidente de este consejo, el catedrático en Ecología, Enrique Mateos, consideró "claves" al referirse a ellos en su primera valoración sobre su nuevo nombramiento para El Correo de Andalucía. Mateos presidirá su primer consejo precisamente este lunes.

Subvenciones atascadas en la maraña burocrática

Superados los primeros escollos de las ayudas directas a los municipios del área de influencia de Doñana, cuya convotaria ya ha echado a andar, y se han repartido 70 millones de euros para el desarrollo socioeconómico de catorce localidades, ahora está pendiente la convocatoria de las subvenciones para los agricultores.

Las comunidades de regantes de Huelva continúan esperando a que se pongan en marcha. Estas prestaciones están pensandas para estimular la transformación de regadíos en secano, agricultura ecológica o terreno forestal. Huelva Riega sostiene que "las bases reguladoras de las ayudas debían haber sido aprobadas en octubre y aún no tenemos nada".

Las bases reguladoras de las ayudas debían haber sido aprobadas en octubre y aún no tenemos nada

Huelva Riega

El acuerdo rubricado hace un año contemplaba que los propietarios de tierras cultivadas de estos municipios podrían acogerse a una ayuda de 70.000 euros por hectárea que sufragará el Gobierno central. Esta cifra podría ascender hasta un total de 100.000 euros para los agricultores de las localidades ubicadas en la zona de influencia del espacio natural, ya que la Junta de Andalucía aportará 20.000 euros más y la Diputación de Huelva otros 10.000 euros más por hectárea.

Tanto la ministra Ribera como el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en las diferentes apariciones públicas para informar sobre los progresos de su marco de actuaciones, siempre han sostenido que sus bases reguladoras se publicarán "antes de que acabe el año".

De este modo, las primeras subvenciones para la renaturalización de las parcelas no estarán al menos hasta el primer trimestre de 2025. Esta línea tiene un presupuesto de 28,5 millones de euros.

El cierre de pozos ilegales

Científicos, ecologistas, agricultores y comunidades de regantes siguen con lupa los movimientos de la Oficina Técnica de Doñana, el organismo de gestión creado por el Ministerio para ejecutar su marco de actuaciones medioambientales y socioeconómicas, donde se recogen estas actuaciones con un presupuesto de 350 millones de euros en su segunda fase.

El segundo marco de actuaciones del Ministerio cuenta con un presupuesto de 350 millones de euros

Estos colectivos también denuncian "la lentitud" del impulso de muchas de ellas, como es el caso de la clausura de los pozos ilegales para las ONG ambientalistas.

Pese a que el Ministerio aseguraba en un comunicado en verano que se había logrado una reducción de 15 hectómetros cúbicos al año en las extracciones de aguas subterráneas, y un 40% menos de superficie de cultivos ilegales, WWF denunciaba hace una semana que las hectáreas de regadío ilegales continúan por encima de las 1.000 y se roba el equivalente a 2.400 piscinas olímpicas.

El balance de los compromisos de la Junta

El Gobierno andaluz se comprometió también a impulsar distintas acciones. Sin ir más lejos, dentro de este marco de actuaciones está la medida estrella en materia medioambiental de Juanma Moreno, la compra de la Finca Veta la Palma, un gran humedal que la Junta de Andalucía quiere anexionar en el futuro a Doñana, ampliando el espacio natural protegido.

El Ejecutivo andaluz saca pecho de los avances en lo relativo a las obras hidráulicas, que se llevan la mayor parte del presupuesto con 335 millones asignados para depuración, abastecimiento y embalses. Entre ellos, destacan la licitación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Huelva, con un presupuesto de 43,6 millones, la de La Antilla (ya finalizada), y la planta del Rompido, que está en período de información pública.

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