Andalucía, perjudicada en el reparto, exige una financiación de 1.500 millones más al año

Andalucía lleva más de seis años reclamando una reforma del sistema de financiación autonómica como prioridad en su agenda política. El cálculo del Gobierno andaluz señala que deja de recibir cada año unos 1.500 millones de euros. El actual modelo, aprobado en 2009 y pendiente de revisión desde hace una década, evidenció pronto que no era beneficioso para la comunidad más poblada de España (8,5 millones de habitantes). Estudios técnicos solventes de organismos como Fedea (Fundación de Estudios sobre la Economía Española) advierten de que Andalucía está a la cola de los recursos recibidos del Estado y por debajo de la media, junto a Murcia y la Comunidad Valenciana.

Cada andaluz recibe 3.182 euros, 183 euros por debajo de la financiación media ajustada por habitante, según datos de Fedea en 2022. Muy lejos de los 3.954 euros por habitante que recibe La Rioja o los 3.944 de Cantabria. La brecha entre habitantes por comunidad toca techo en este último cálculo. Un andaluz recibe 772 euros menos al año que quien viva en la comunidad mejor financiada (La liquidación de 2022 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, Fedea, agosto 2024).

El Ministerio de Hacienda replica de forma constante a Andalucía sobre la mejora importante de los recursos por habitantes recibidos desde el Estado con el Gobierno de Pedro Sánchez. “Andalucía recibe 6.000 millones más al año que con (Mariano) Rajoy”, señala de forma habitual la vicepresidenta María Jesús Montero en su pugna con Juan Manuel Moreno. Es cierto que el volumen total de recursos en la financiación creció solo en 2022 un total de 18.200 millones de euros más que el año anterior, por un aumento de la recaudación y los ingresos vía impuestos en las arcas estatales y autonómicas. Sin embargo, pese al aumento de volumen, la brecha entre territorios no ha dejado de crecer y las diferencias entre las mejor y peor financiadas en el ranking son cada vez más importantes. El funcionamiento del modelo, lejos de subsanar esa disparidad en los ingresos, hace que la distancia entre regiones aumente.

En marzo de 2018 el Parlamento de Andalucía aprobó con el apoyo de todos los partidos políticos, salvo Cs, un dictamen elaborado por un grupo de trabajo sobre financiación autonómica. En ese momento la consejera andaluza de Hacienda era María Jesús Montero y el líder del PP en la oposición Juan Manuel Moreno, que se opuso al Gobierno de Rajoy para adherirse a ese frente común. Meses más tarde, el PP alcanzaría la Junta de Andalucía por primera vez en la autonomía y Moreno haría de la financiación autonómica una de sus principales banderas.

El presidente de la Junta comenzó una serie de reuniones en San Telmo, sede del Gobierno andaluz, con los diferentes barones autonómicos. Recibió al presidente de la Comunidad Valenciana, entonces el socialista Ximo Puig, y al de Murcia, en encuentros bilaterales para cerrar una alianza a la que luego se ha sumado Castilla La Mancha, dejando constancia de un frente sin colores políticos. Forman el cuarteto de las peor financiadas del país.

Las reivindicaciones de estas regiones tienen poco que ver con las de otras comunidades como Aragón o Galicia, cuyos presidentes también pasaron por la ronda de entrevistas del barón andaluz. Las comunidades infrafinanciadas piden que la población prime en el reparto frente a lo que reclaman otras despobladas o más envejecidas.

Andalucía reclama que se ponga en marcha un fondo transitorio de nivelación, una aportación extraordinaria mientras se reforma el actual modelo de financiación. Un fondo que las comunidades más perjudicadas estiman en 3.277 millones de euros, de los que 1.409 deberían ser para la comunidad andaluza. Reclama además que se incrementen los fondos destinados a la financiación en el nuevo sistema y recuerda que el documento conjunto aprobado en el Parlamento andaluz en 2018 calculó que la comunidad andaluza necesitaba 4.000 millones de euros más cada año. Una cifra fijada por la hoy ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno.

Desde la Junta andaluza sostienen que el coste de las competencias que ahora mismo ejercen las comunidades autónomas, educación, sanidad y dependencia, ha aumentado y pide una revisión de ese gasto, además de que la población sea el principal eje a la hora de repartir los recursos.

Eso pactaron todos los partidos pero aquel frente común cerrado en el Parlamento andaluz hace seis años está hoy roto. El acuerdo de financiación singular con Cataluña ha abierto una guerra política que amenaza cualquier posibilidad de consenso sobre las necesidades reales de una futura reforma para Andalucía.