La gerente del SAS pide 15.000 euros a cada diputado del PSOE que la demanda por los contratos de emergencia

La actual directora general del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y sus antecesores, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán, reclaman 15.000 euros a los diputados socialistas que la han denunciado por las supuestas irregularidades en la contratación de emergencia del SAS. En estos momentos, los tres altos cargos de la Junta están siendo investigados por Anticorrupción.

Fuentes del Gobierno andaluz acusan al PSOE de hacer "un uso torticero de la acusación popular, buscando el escándalo mediático en lugar de indagar en nada". En un escrito al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, la defensa de los investigados pide que se imponga una fianza de 15.000 euros a cada uno de los diputados que los han demandado en vez de los 5.000 euros que le impuso el juez al grupo socialista en el Parlamento de Andalucía.

"Dada la individual voluntad de cada uno de los 30 querellantes de promover esta causa a título particular, debe ser cada uno de ellos los que deben asumir personalmente tanto la responsabilidad de la acción emprendida contra nuestros representados en la presente causa como las que se deriven del resultado del proceso", aseguran los jueces en las diligencias. De ser aceptadas, los socialistas tendrían que presentar casi medio millón de euros (450.000). Desde el PSOE-A recuerdan que la fianza que exigen ahora los investigados lleva dos meses resuelta, cuando el juez se las solicitó y ellos la depositaron.

San Telmo defiende la legalidad de los contratos

García, Guzmán y Vargas han sido citados por el juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla por un posible delito de prevaricación en los contratos de emergencia entre 2021 y 2024. Los gerentes habrían firmado contratos de emergencia del SAS cuando ya estaba derogada la legislación de la pandemia que lo permitía. Aun así, desde San Telmo defienden que "se actuó siempre dentro de la ley y dentro de una situación de emergencia sanitaria declarada por la OMS y por el Consejo de Ministros".

En el escrito, los abogados sostienen que la situación de emergencia sanitaria provocada por el Covid estuvo vigente hasta el 4 de julio de 2023. Sin embargo, en mayo de 2021, el entonces consejero de Hacienda, Juan Bravo ya dio instrucción a las consejerías para que dejaran de utilizar los contratos de emergencia. El SAS ignoró esta petición y, según denuncia el PSOE, ha seguido contratando de esta forma hasta este mismo año.

Además de exigir una mayor fianza, los abogados de los investigados sostienen que "los gastos originados por los contratos de emergencia en el ámbito estatal no están sujetos a fiscalización previa". Es más, defienden que "se pasó de la nada al control financiero permanente". Además, puntualizan que este modelo de control es "mayor que el de la función interventora en el control previo".

El PSOE se centra en García

El PSOE ha centrado ahora sus críticas contra la actual gerente, a la que acusan de haber firmado contratos exprés, que desde el PP sostienen que son adendas, en 2024. "Esas adendas no son meros ajustes, son actos singulares de contratación con empresas concretas", han denunciado los socialistas.

Este mismo martes el diputado socialista Rafa Márquez había pedido la destitución de la responsable del SAS, al alegar que ha desarrollado una "gestión desastrosa" y suman "el escándalo de las contrataciones de emergencia". "El año no puede terminar sin que Moreno cese a la directora gerente del SAS", aseguraba el político gaditano. Además, la acusan de haber utilizado "de forma generalizada, este modus operandi de contratación sin amparo legal" cuando era directora gerente del Hospital Reina Sofía.

Por el momento, Anticorrupción investiga la querella interpuesta por el grupo socialista en el Parlamento de Andalucía el 20 de julio y que ha sido ampliada en varias ocasiones. La causa investiga un posible delito de prevaricación en los contratos de emergencia entre 2021 y 2024, que permitió seguir otorgando sin concurrencia competitiva ni publicidad, usando la fórmula arbitrada para la pandemia de Covid, más de 242 millones de euros.