Medio millón de funcionarios andaluces podrán recuperar su paga extra gracias al Constitucional

Hasta 500.000 funcionarios andaluces podrían verse beneficiados de una de las últimas decisiones del Tribunal Constitucional. Hace 14 años que los empleados públicos del Estado vieron como recortaban sus pagas extras y estas nunca volvieron a alcanzar esas cifras. Ahora el TC ha dado un paso para que puedan recuperarlas al admitir un recurso del CSIF.

El Alto Tribunal ha admitido a trámite un recurso de amparo del sindicato mayoritario de los funcionarios, CSIF. Los representantes de los empleados públicos denuncian que la Mesa del Congreso de los Diputados rechazó en mayo de 2023 tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que se buscaba restablecer las pagas extraordinarias completas de los funcionarios, que fueron recortadas en 2010.

Han pasado 14 años desde que se tomó esta decisión y los funcionarios no han recuperado todavía el 100% de su mensualidad en sus pagas extras. Desde el sindicato calculan que la cifra podría ascender a los 30.000 millones de euros a nivel nacional, ya que en todo el país esta situación afecta a más de dos millones de trabajadores públicos. Además, CSIF sostiene que este pago no tendría efectos en la ley de Presupuestos, sino que solo supondría la supresión de un artículo del decreto de Zapatero.

Hasta 1.600 euros al año

En aquella época los sindicatos concentraban a miles de personas para protestar contra los recortes de las pagas extras así como los recortes salariales, de los que el TC ya dudó en su momento. Estas manifestaciones se extendieron en el tiempo agravadas por las remodelaciones que se produjeron en la administración pública andaluza de la mano del entonces presidente autonómico, José Antonio Griñán. Los sindicatos rechazaban entonces la medida y las calificaban de "antisociales".

La medida que llegó a la Cámara Baja buscaba suprimir los recortes impuestos en 2010, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para reducir el déficit público durante la crisis del 2008. Desde el TC consideran, según apunta el CSIF en un comunicado, que esta situación va más allá de lo personal y podría tener "consecuencias políticas generales".

Desde CSIF Andalucía explican a El Correo de Andalucía que "es difícil" cuantificar las cantidades de dinero que supondría, ya que va en función "de las circunstancias de los empleados". "Depende de los trienios y otros complementos que tenga cada uno", puntualizan fuentes del sindicato. Aun así, aclaran que para un A1 suponen unos 1.600 euros al año, para un A2 unos 1.050 y para un C1 alrededor de 600 euros.

Los sindicatos exigen mejoras al Gobierno

En las cifras que manejan desde CSIF se incluye también a los empleados públicos de las administraciones locales, que son unos 200.000, desde trabajadores de la intervención hasta interventores o secretarios.

La relación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los empleados públicos no pasa por su mejor momento. Hace meses que los sindicatos concentran a los funcionarios para exigir que solucione la problemática de las pagas extras, que ponga en marcha mejoras salariales, que aumente la oferta de empleo público y que llegue a un acuerdo con las aseguradoras para mantener Muface.

Por el momento, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva prima del 33% para que las compañías mantengan Muface. La mutualidad de los funcionarios civiles podría terminar el 31 de diciembre y las negociaciones que lidera el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública fracasaron a finales de noviembre. Ahora, la cartera que dirige Òscar López espera darle la vuelta a la situación para mantener la sanidad privada de 1,5 millones de españoles, de los cuales 320.000 son andaluces.