MEDIO AMBIENTE
El Gobierno cierra los pozos junto a Doñana de los que la Casa de Alba extrae agua sin autorización
El Seprona y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir constataron el pasado 11 de noviembre en una inspección en la Finca Aljóbar el "uso indebido del agua" en plena causa judicial por un presunto delito de daños al medio ambiente
Ha pasado algo más de un año desde que la Fiscalía de Medio Ambiente denunciara la presunta extracción ilegal de agua para regadío de la Finca Aljóbar, en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla), propiedad de la Casa de Alba a través de la empresa Eurotécnica Agraria S.A., en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Sanlúcar la Mayor.
Una inspección de oficio a los cultivos de esta finca del Seprona y el personal de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el pasado 11 de noviembre, constató que en estos terrenos se está realizando "un uso indebido de agua". Ahora, según ha confirmado el Correo de Andalucía, la Confederación va a proceder a precintar estas captaciones de agua de manera cautelar por la vía administrativa.
El juez que instruye el caso, en un auto del 27 de noviembre, como adelantó la edición andaluza de eldiario.es considera que "no queda suficientemente determinado indiciariamente ese elemento que requiere el tipo penal de causar grave daño al medio ambiente". Considera que "no es razonable acordar medidas cautelares por la vía penal, dejando a salvo la posibilidad de adoptar esas medidas por la autoridad administrativa", que es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.
Ocho pozos extrayendo agua en el momento de la inspección
Según el informe del Seprona, al que ha tenido acceso este periódico, "el objeto era verificar si los nueve pozos desprecintados, pero todavía sin la preceptiva autorización de uso y sin contador volumétrico están siendo utilizados". Posteriormente, desde este cuerpo especializado en medio ambiente de la Guardia Civil se precisa: "se comprobó que ocho de estos pozos se encuentran equipados con elementos de captación y extrayendo agua en el momento de la inspección".
Además, en el acta de constatación de los hechos se puntualiza que en esa propiedad existen diez captaciones de agua. Una de ellas "es un pozo antiguo que no está en funcionamiento y otro "tiene autorización". "Observándose que el resto de captaciones de agua están instaladas y en funcionamiento". Elementos en los que coincide el mismo documento redactado por el organismo de cuenca.
Se comprobó que ocho de estos pozos se encuentran equipados con elementos de captación y extrayendo agua en el momento de la inspección
Sin medidas cautelares pese a seguir extrayendo agua
La Fiscalía presentó estos documentos al juez el pasado 25 de noviembre para incorporarlos a la investigación que sigue en curso, recordando que "el uso indebido de estos pozos es el objeto principal del presente procedimiento".
De ahí que se pidiera al magistrado que "a la mayor urgencia se acuerde un nuevo precinto de tales pozos dado el uso indebido que se está haciendo de los mismos". Recalca el escrito de la Fiscalía que se está "perpetuando la situación de ilegalidad objeto de la causa con los consiguientes daños para que el medio ambiente que puedan estar generando".
A la espera de regular estos pozos en paralelo a la causa judicial
Cabe recordar que esta Confederación Hidrográfica avaló recientemente en un informe que se utilicen estos pozos porque consideraba que pasar de repartir los puntos de extracción de dos a diez mejorará "la hidrodinámica del acuífero" al no ser necesario profundizar tanto para obtener el recurso. De ahí que en estos momentos pendientes de la tramitación. Eso sí, los pozos no pueden estar en explotación mientras no cuente con la concesión del organismo de cuenca.
El proceso de regularización se inició cuando la empresa ya había sido denunciada por delito ambiental por “detracción ilegal de aguas" por el uso, precisamente, de estas infraestructuras que carecen de permisos
El proceso de regularización se inició cuando la empresa ya había sido denunciada por delito ambiental por “detracción ilegal de aguas" por el uso, precisamente, de estas infraestructuras que carecen de permisos.
Ecologistas en Acción, organización personada en la causa, ha pedido con insistencia la clausura de estos pozos que gestiona esta compañía vinculada a los hijos de Cayetana de Alba. La ONG continúa a la espera del informe pericial que está ultimando la Fiscalía en el que aportarán nuevas pruebas, al que también se refiere en su auto el propio magistrado y que podría dar un giro al caso.
Agua del acuífero Aljarafe Sur, colindando al de Doñana
Los hechos denunciados tuvieron lugar en tres parcelas pertenecientes a la finca Aljóbar, ubicada en el término del municipio sevillano de Aznalcázar, con una superficie equivalente a casi 300 campos de fútbol. Los ocho pozos sin autorización extraían agua de la masa subterránea denominada Aljarafe Sur, cuyo territorio se encuentra en el sistema de explotación de recursos SE-1 Guadiamar. Un acuífero "en buen estado", según el organismo de cuenca, colindante al dañado acuífero 27, protagonista de la sobreexplotación del regadío de los municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana.
- Medio millón funcionarios andaluces podrán recuperar su paga extra gracias al Constitucional
- Alerta amarilla en una provincia andaluza hoy jueves y lluvias en varias provincias
- El partido de Alvise Pérez podría entrar en el Parlamento de Andalucía
- Vuelven las lluvias a Andalucía: un frente atlántico aterriza y afectará a estas provincias
- Estado de los embalses andaluces: niveles de agua y situación de la sequía este martes
- Cinco mil efectivos y 270 millones de euros: así será la 'UME sin militares' para las emergencias en Andalucía
- La ONCE deja su Sueldazo de un millón y medio de euros en Andalucía
- La Bonoloto toca en Sevilla Este y el Euromillones deja un millonario en Marbella