El juzgado de instrucción 3 de Sevilla ha decretado la apertura de juicio oral contra nueve personas acusadas de los delitos de fraude de subvenciones y delito continuado de falsedad en documento mercantil cometidos tras recibir en tres años cinco millones de euros para cursos de formación.
Los nueve investigados están acusados de organizar una trama que logró, entre los años 2010 y 2012, cinco millones de euros en subvenciones de la Junta de Andalucía para programas de formación que presentan numerosas irregularidades, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Entre los acusados se incluyen el empresario José Sivianes y su esposa, a los que la juez exige una fianza de un millón de euros a cada uno, la misma cantidad que para su empresa, Formación Integral para el Empleo S.L., mientras a que al resto de acusados les pide una fianza de 20.000 euros a cada uno.
Los acusados son el dueño de la empresa que impartía los cursos y su esposa, un empresario que acreditaba gastos ante la Junta propiciando el fraude de las subvenciones, un asesor y las cinco personas que se prestaron a la simulación de la cesión del servicio de docencia.
Tras investigar los hechos denunciados, la juez Patricia Fernández concluye que «gran parte del dinero defraudado se canalizó a través de la simulación de la cesión del servicio de docencia», junto con la duplicidad en las horas facturadas, y operaciones de ampliación de capital que no son sino mecanismos ficticios.
La juez afirma que la empresa de Sivianes preparó un «entramado documental» para justificar los gastos ante la Junta y así poder recibir las subvenciones sin haber realizado, realmente, la mayoría de los gastos.
Los cursos se impartieron con un coste real del 70 % menos de lo documentado a la Junta de Andalucía, según asegura la instructora antes de añadir que gran parte del dinero defraudado se canalizó «a través de la simulación de la cesión del servicio de docencia, junto con la duplicidad en las horas facturadas que se han localizado en varios cursos de Formador Ocupacional».
El auto concluye que los cursos se impartieron en un coste real del 70 % menos de lo documentado a la Junta de Andalucía, de forma que, si el coste real de la hora de clase de un docente eran 20 euros, se facturaban a 80 euros, y además el mismo concepto se facturaba por duplicado.
La juez añade que uno de los imputados, Víctor Manuel Fernández Sanz, a través de una de sus empresas, acreditó gastos en la adquisición de material didáctico pese a que la compañía se dedicaba al comercio de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles.
De las cinco personas que se prestaron a la simulación de la cesión del servicio de docencia, uno tenía al padre trabajando en el organismo pagador de las subvenciones y fue el que más dinero acumuló en la cuenta, con entradas por valor de 661.000 euros y salidas, en su mayoría en efectivo, por 553.000 euros, afirma la juez.