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Ecoperiodismo

Agua y urbanizaciones ilegales: el caso Entrecaminos

En la provincia de Sevilla hay 400.000 personas que viven en suelo urbano no consolidado sin conexión a la red de aguas. El caso de Entrecaminos en Bollullos de la Mitación es un ejemplo del “chollo” que ahora pasa factura

Ricardo Gamaza RicardoGamaza /
07 ago 2022 / 04:00 h - Actualizado: 07 ago 2022 / 04:00 h.
"Infraestructuras","Ecoperiodismo","Solidaridad","Cambio climático","Sequía","Agua"
  • Agua y urbanizaciones ilegales: el caso Entrecaminos

El pasado 17 de julio se originó un incendio en el entorno del núcleo diseminado de Entrecaminos, situado en el término de Bollullos de la Mitación a 5 kilómetros del núcleo principal de esta localidad, en la confluencia de las vías pecuarias de la Vereda del Camino Viejo de Sevilla, el Cordel Triana-Villamanrique y la Cañada Real de las Islas, que cuenta en la actualidad con 92 empadronados. El suceso llegó a afectar a dos viviendas y aunque no provocó daños personales, volvió a poner de relieve los problemas de las conocidas como “urbanizaciones ilegales», aquellas que proliferaron al margen de la ley con la connivencia de las administraciones en las décadas de los 70 y 80. El de Entrecaminos es solo un ejemplo, ya que existen 400.000 personas viviendo en este tipo de asentamientos en 50 municipios diferentes solo en la provincia de Sevilla.

La tipología de estos núcleos son muy parecidas entre sí: grandes parcelas que rodean grandes construcciones. Según los datos del catastro, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, en Entrecaminos un propietario tiene de media una vivienda de 270 metros cuadrados dentro de una parcela de 2.600 de suelo, aunque algunas llegan a los 800 metros cuadrados de casa dentro de una parcela de 10.000. Dimensiones como esa solo pueden ser explicables en el ámbito de compras realizadas en terreno rústico, donde además de adquirirse el suelo mucho más barato que en zona urbana, no se realizó de forma previa -como ocurre en la ciudad consolidada- las obras de urbanización que debe ejecutar todo promotor: abastecimiento y evacuación de aguas, alumbrado público, acerado, asfaltado, etc... o lo que es lo mismo: en Entrecaminos no se paga el porcentaje de hipoteca que cualquier otro ciudadano de Bollullos de la Mitación que ha seguido el proceso urbanístico legal abona para tener estos servicios.

El incendio de julio sacó a relucir una de los grandes problemáticas de estas urbanizaciones: el agua. Hasta ahora, todas se suministran de pozos que se gestionan a través de la comunidad vecinal del núcleo. Un buen negocio porque a lo económico que sale vivir en estos lugares (compra más barata, IBI más bajo, mayores propiedades...) se añade que apenas se abona precio por el uso de este bien básico. Grandes dimensiones y agua prácticamente gratis añaden otro incentivo a la bolsa de las particularidades de esta agrupación de residencias: las piscinas. Solo en Entrecaminos hay 53 según el visor del Catastro, un importante número que en las vísperas de la época veraniega asestan un importante golpe a la capacidad del pozo suministrador, cada vez con mayores dificultades para reponerse por la sequía que vivimos.

Pero en el contexto del cambio climático y la cada vez mayor escasez de agua ¿qué ocurrirá cuando los acuíferos no den para abastecer las necesidades de estos propietarios? Pregunta compleja, porque la solución está en manos de los propios vecinos.

Tras el incendio, el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación ha inyectado en dos semanas cerca de 100.000 litros de agua al vecindario a pesar de que no existen propiedades ni infraestructuras públicas en Entrecaminos. “En estos momentos no debemos hablar de competencias, sino de de solidaridad y comprensión ante la situación dramática vivida por nuestros vecinos y vecinas» explica Sergio Sánchez, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento. Eso sí, solicitando un uso “extremadamente responsable, para necesidades básicas”.

Paradójicamente, esta ayuda no ha sido motivo de agradecimiento, sino todo lo contrario. Un grupo de vecinos del núcleo señala en redes sociales al propio Ayuntamiento como responsable de esta situación. En un conocido foro de los vecinos, “Mejoremos Bollullos”, una vecina se queja expresando que ha “pagado y pago mis impuestos de compra-venta e IBI como suelo urbano pero sin suministro de primera necesidad algo ilegal de éste ayuntamiento y muchos otros...”. Sin embargo, el concejal indica a El Correo de Andalucía que en el Ayuntamiento no hay constancia de ninguna denuncia sobre esa supuesta ilegalidad, entre otras cosas porque “no existe”. “¿Quién no denunciaría a una administración si esta no cumpliera una obligación tan importante como dotar de agua a todo un núcleo de población?”. Pero a pesar de contar con la razón legal, Sánchez resta importancia a este tipo de comentarios. “Lo nuestro es trabajar para buscar remedios, no entrar en polémicas».

“Lo urgente para nosotros es que se den los pasos necesarios para que el vecindario lleve a cabo todas las obras de urbanización necesarias en las zonas comunes para que estas sean públicas y podamos hacernos cargo de la prestación de los servicios públicos que todo ciudadano merece”, explica Sánchez. El Ayuntamiento de Bollullos impulsó en 2016 el proyecto de reparcelación del núcleo de Entrecaminos, un proceso que tiene, según el propio consistorio, una enorme complejidad y que se ralentiza por el alto número de alegaciones y recursos que se da al mismo. “Se trata de definir exactamente la parcela que tiene cada propietario y qué superficie debe ceder para los sistemas generales” explica el concejal.

Tras pasar este escollo procedimental, el tortuoso camino de la solución no hace más que empezar. La ley urbanística es clara: son los propietarios de Entrecaminos quiénes deben costear hasta el último céntimo de las instalaciones comunes necesarias, un gasto que ronda los 50.000 euros de media por parcela; quizás todo esto explique el motivo por el que muy pocas urbanizaciones ilegales han podido culminar su legalización. Mientras tanto, el cambio climático y las alertas por sequía ponen en peligro la vida de los habitantes de estos territorios, un “chollo» que empieza a pasar factura 40 años después.


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