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La jueza Mercedes Alaya. / Julio Muñoz (Efe)
La magistrada de la Audiencia Provincial de Sevilla Mercedes Alaya, que fue instructora de los casos ERE, Mercasevilla o los cursos de formación, ha asegurado que las «presiones» que ha sufrido cuando estaba al mando de dichos casos son «absolutamente comprobables» en las hemerotecas y ha asegurado que son los políticos quienes «utilizan a los medios para presionar al poder judicial».
«Las injerencias del poder político en el poder judicial, y que he sufrido, son comprobables tirando de hemerotecas porque a diario en los periódicos andaluces se criticaban cada una de mis resoluciones judiciales», ha dicho, al tiempo que ha insistido en que ella «no se inventa nada» porque «sólo hace falta tirar de titulares y no sólo de políticos sino también de las altas esferas judiciales».
En un almuerzo ofrecido por el Club Siglo XXI, la magistrada Alaya ha aclarado que «las presiones se reciben a través de los medios». «Se utiliza a los medios para presionar al poder judicial», ha remachado la jueza, quien ha añadido que las presiones «no se reciben levantando un teléfono». Además, la jueza ha dicho que «no es meterse en política» hacer esta crítica y ha desmentido «absolutamente» que vaya a pasar a formar parte de algún partido político.
Sobre esto, ha manifestado que en su actual puesto se encuentra «muy cómoda» y, en lo que se refiere a las «puertas giratorias» de magistrados que pasan a la política, la jueza considera que «deben limitarse». Al menos, según ha dicho, el juez que decida entrar en política debería abandonar definitivamente la jurisdicción penal y la contencioso administrativa y limitarse a otros campos de la jurisdicción.
Alaya ha reaparecido este lunes tras haber asegurado en una entrevista el pasado mes de mayo que PSOE y PP llegaron a un acuerdo y votaron en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «apartarla» de las macrocausas porque había «miedo» a que siguiera investigando los cursos de formación, donde se habían encontrado hechos «sumamente graves».
Preguntada por el motivo de por qué ha lanzado estas críticas en este momento, Alaya ha dicho que se dieron «un cúmulo de circunstancias» como la posibilidad de renovar el CGPJ o las manifestaciones del ministro de Interior en funciones, Rafael Catalá, al respecto del voto particular en la sentencia de la ‘Manada’. «Se daban circunstancias para aportar otro granito de arena para la independencia judicial», ha concluido.
Alaya ha asegurado que durante los primeros meses en los que instruía en caso de los ERE sí se sintió «acompañada» por el CGPJ, cuando tenía una composición anterior a la actual, pero, una vez transcurrida esa primera época dejó de sentirse «arropada». «No me he sentido arropada ni defendida por el CGPJ ni tampoco por el Tribunal Superior de Justicia, que era el que más titulares daba», ha dicho.
La magistrada ha centrado su intervención en la defensa de la independencia del Poder Judicial porque, a su juicio, sufre la continua «injerencia» de la política. Esto se pone de manifiesto en cuestiones como la composición del CGPJ, determinada por el poder político, que es la institución que elige «las más altas cúspides» del resto de órganos judiciales. Según ha añadido, el CGPJ se ha convertido en un «miniparlamento» con un «reparto entre partidos por cuotas».
Además, ha criticado que la elección del Fiscal General del Estado sea de la mano del Gobierno que «se traduce en la práctica que es elegido directamente» por el Ejecutivo, dicho fiscal puede ser seleccionado «por afinidades políticas» y, por tanto, podrían incurrir en «seguir directrices de partidos políticos». A pesar de todo, ha señalado que las «injerencias» de la política en el Poder Judicial no son cumpla de los propios fiscales, sino del «sistema».
Preguntada por si es equiparable el caso de los ERE a la Gürtel, en cuya sentencia aparece una multa al PP por haberse lucrado de la trama, Alaya ha evitado pronunciarse sobre el caso Gürtel porque no ha leído la sentencia, sin embargo, opina que, conociendo los ERE ambos casos «no están en puestos semejantes». A esto, ha añadido que el la Gürtel hay una «responsabilidad a título lucrativo del PP» que es una condena civil pero no penal. 3
Así, preguntada por las críticas de representantes políticos que han surgido en torno a la aparición del PP en la sentencia de la Gürtel, la magistrada Alaya ha afirmado que toda crítica a una sentencia o a cualquier resolución judicial es «una deslealtad constitucional e institucional». Además, ha afirmado que lo mismo sucede con la sentencia de la ‘Manada’, donde también «se tiene que tener respeto a las resoluciones» y más cuando están en vía de recursos.
Alaya ha insistido en que la independencia del Poder Judicial «es posible» y no hay que «tirar la toalla». Para ello, ha subrayado que «sin autonomía presupuestaria», para empezar, los jueces no pueden ser independientes y esto es algo que se debe lograr a través de un «pacto de Estado por la justicia». Ese pacto, también debe incluir que ningún imputado por corrupción, sea del partido que sea, «deje de ser imputado y juzgado» según intereses políticos. «Eso es algo que he visto yo en Andalucía», ha señalado.
También ha solicitado la elección de un Fiscal General del Estado desde la objetividad y la imparcialidad; y que sean todos los partidos los que participen en esta elección porque, en la actualidad, son fuerzas «tan dispares» que elegirían a alguien neutral. Sin embargo, ha admitido que para hacer los cambios, a su juicio, necesarios, en el Poder Judicial, el escenario político ahora es «convulso». «Las condiciones políticas no son lo más favorables para ello», ha concluido.