Alaya imputa a los exconsejeros Recio y Ávila en los cursos de formación

La jueza Mercedes Alaya ha imputado al exconsejero de Empleo Manuel Recio y al que fuera responsable de Innovación Antonio Ávila en la causa abierta por el fraude en los cursos de formación por los delitos de prevaricación y continuado de malversación de caudales públicos, a los que responsabiliza de exonerar más de dos mil millones de euros a entidades. En el mismo, auto la ya exmagistrada del Juzgado de Instrucción número 6 también amplía la imputación al exconsejero de Empleo Antonio Fernández y también implica a cuatro ex altos cargos más, a uno de los cuales lo cita a declarar el 29 de junio.

El auto ha sido dictado por la jueza, ayer mismo, un día antes de que cesara en su plaza de titular del juzgado y de la que hoy ha tomado posesión la magistrada María de los Ángeles Núñez Bolaños. En el mismo, Alaya considera que «los responsables políticos de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo y el Servicio Andaluz de Empleo, han concebido indiciariamente la Formación como una vía a la que destinar sumas ingentes de fondos públicos para favorecer a las entidades que se dedicaban a la misma». Esto, a su juicio, generaba «una actividad económica que se sustentaba exclusivamente en las subvenciones que cada año concedía la Junta de Andalucía para la realización de las acciones formativas» a entidades que «ofrecían cursos con una calidad muy por debajo de lo que se les pagaba, obteniendo importantes beneficios, lo que era consentido por los responsables del Servicio Andaluz de Empleo que era el órgano que gestionaba la Formación».

«¿Cómo llegamos a esta conclusión?», se pregunta Alaya, que asegura que la «respuesta está en datos objetivos, que son carencias deliberadas de la Administración», enumerando siete distintas. En primer lugar, «la ausencia de programación de acciones formativas cuyo objetivo eran los certificados de profesionalidad, que son los que se otorgan nuevas capacidades y especializaciones al individuo para la inserción en el mercado laboral» y que, según el decreto que regula la formación, esta «debe estar dirigida prioritariamente» a esta programación. Otra de las deficiencias es la «ausencia de un programa de Evaluación de seguimiento» que «el SAE «debía elaborar y ejecutar con periocidad un plan de seguimiento y evaluación del que carece».

En tercer lugar, y en virtud de los informes de la Intervención, «la ausencia de la documentación justificativa en la que la mayor parte de los expedientes analizados, que no había sido exigida por los responsables de las distintas Delegaciones» provinciales. «Por la ausencia de contratación en los expedientes con compromiso de contratación, añade Alaya. En quinto lugar, «por un retraso injustificado, dado el tiempo transcurrido y el personal del que se dispone, en las tareas de comprobación técnico-económica de la justificación de los expedientes, comprobación que en muchísimos casos adoleciendo de importantes deficiencias, culminaban en el certificado de finalidad» y que permitía que se librar el documento por el que las entidades obtenían el 25 por ciento de la subvención.

Asimismo, destaca la «ausencia y falta de culminación de expedientes de reintegro», pues «en 2010 y 2011 no se inició ni en los servicios centrales ni en las delegaciones provinciales, con el panorama de irregularidades descritas por la Intervención General, ni un solo expediente de reintegro». «Por si todo lo anterior no fuera suficiente», añade la magistrada, «se culminaba indiciariamente el interés por favorecer a estas entidades con el dictado repetido de las resoluciones de exoneración que permitía a las mismas acceder al pago íntegro de las subvenciones concedidas y a nuevas subvenciones». Unas resoluciones que según establece la Ley debían ser «una excepción» para que no se realizaran «nuevos pagos de subvenciones a las entidades si tenían pagos pendientes de justificar con cargo al mismo programa presupuestario». En cambio, era «lo habitual» para «no quebrar el clima de satisfacción de las entidades beneficiarias», entre ellas, «sindicatos, la CEA, miembros del consejo de administración del SAE, grandes entramados empresariales, o la Faffe (fundación de la Junta de Andalucía), pese a que había cientos de millones de euros sin justificar». Unos 950 millones en octubre de 2013.

Según Alaya, «con estas resoluciones deliberadamente se incrementa el volumen de las justificaciones pendientes, y se creaba el riesgo de menos cabo de fondos públicos, entregando nuevos fondos a entidades que no se conocía el uso había hecho de lo anteriores». Es más, indica que en lugar de prevalecer el «interés público» de exigir «el reintegro» se «hacía prevalecer como interés social el atender el coste salarial de dichas empresas». Así, recuerda las resoluciones de exonaración que firmaron Antonio Fernández, Manuel Recio y Antonio Ávila y que supusieron más de dos mil millones de euros a más de tres mil entidades.

Además, de los citados también imputa a los ex directores generales del SAE Antonio Toro Barba, Alejandra Rueda Cruz, Pedro Eugenio Gracia; y al jefe de Departamento de Gestión Económica del Servicio de Formación de Empleo de la Delegación Provincial de Granada, Juan Manuel León Sánchez, a quien cita a declarar el 29 de junio.