Alertan de una subida desorbitada en la factura del agua

Las empresas públicas españolas que suministran agua a los hogares y se encargan de la depuración del agua urbana han dado la voz de alerta sobre una subida desorbitada en la factura del agua si el Gobierno central no lleva a cabo de manera urgente medidas de choque que impidan ese incremento de los recibos que se pagan en los hogares. La Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento (AEOPAS) prepara una carta -a cuyo contenido ha tenido acceso en exclusiva este medio- que enviará en los próximos días a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en la que le recuerda que “el agua y el saneamiento es un derecho que implica que estos servicios ser accesibles, asequibles y seguros”, y añade que “el agua es esencial en nuestras vidas y lo ha sido un instrumento fundamental para combatir las primeras fases del coronavirus”.

En la misiva le expone el papel esencial de estos servicios públicos municipales y de los operadores públicos que representan y gracias a cuya gestión es posible “beber, que nos lavemos las manos, pongamos una lavadora o limpiemos nuestra vivienda”. Pero para poder llevar el agua a los hogares, le recuerda AEOPAS a la ministra es necesario mantener toda una red de infraestructuras imprescindibles con la certeza de que es sana y segura, y pueda ser después devuelta a la naturaleza en las condiciones de calidad necesarias para proteger nuestro medio ambiente. “Los operadores públicos, junto a las medidas que ha tomado el gobierno del estado español, hemos garantizado al 100% un suministro de agua potable de calidad a toda la población”, recalcan en la citada carta y aseveran que “los operadores públicos somos un instrumento claro para rescatar a las personas, pero estamos preocupados por como afrontar con garantías los incrementos de costes y la intensa crisis económica que se otea”.

Según AEOPAS, el incremento del coste de la energía en los últimos años, que se ha visto agravado recientemente por la invasión de Rusia a Ucrania, está poniendo en jaque la sostenibilidad económica de muchos sistemas de gestión urbana del agua y el saneamiento. “Estamos atrapados en una Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que nos limita la capacidad de gasto y no nos permite acceder al crédito por lo que es urgente modificarla”, explican. “Necesitamos a corto plazo que se den créditos para poder afrontar el aumento de los costes, una línea de financiación de los Fondos Next Generation para la mejora de la eficiencia energética de los operadores públicos, y facilitar su conversión en comunidades energéticas”, asegura AEOPAS y recalca a la ministra que “es el tiempo de actuar con actuaciones transformadoras en pro de los ciudadanos”.

En efecto, los datos auguran, si no se toman medidas urgentes por parte del Gobierno, un incremento desorbitado de la factura del agua ya que su consumo es muy dependiente de la energía. Los estudios realizados calculan que entre el 10 y el 20% del consumo en electricidad está asociado al ciclo del agua: captación, transporte, distribución, tratamiento, distribución, depuración y reutilización. Según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), hay un progresivo aumento del coste energético: de 27 euros cada MWh en marzo de 2020, 45 euros cada MWh en marzo de 2021 y 345 euros cada MWh en marzo de 2022. Pero la subida de costes no se limita solo al precio de la energía, sino que los principales materiales también se han encarecido mucho. Los operadores públicos tratan y trasladan el líquido elemento para lo que emplean materiales como reactivos, cloro, floculantes... que pertenecen a la industria electroquímica, que también está sufriendo las consecuencias de las constantes subidas del precio de la electricidad. Por tanto, está claro que el sector se enfrenta a un gran reto a corto plazo ya que puede generar problemas inmediatos de tesorería y, en un horizonte no muy lejano, problemas serios que sólo se solucionaran tomando medidas estructurales.

Ante el aumento de los costes, la solución fácil sería incrementar sustancialmente las tarifas de un orden de entre el 20 al 25%, o tratar de modular el impacto obteniendo créditos que se puedan devolver a largo plazo para no afectar a las maltrechas economías familiares. “Urge, por ello, facilitar el crédito a los operadores públicos, y para eso es necesario que el Estado nos avale los préstamos”, señalan en su carta a la ministra. “Al mismo tiempo hay que reformar en profundidad la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, reestableciendo mecanismos de flexibilidad en el sistema público y garantías de asequibilidad a las personas que viven en nuestros pueblos y ciudades”, le señalan desde AEOPAS a Teresa Ribera.

“También necesitamos medidas estructurales urgentes, sobre todo municipios menores de 20.000 habitantes, para que los operadores de agua puedan alcanzar una eficiencia energética para seguir prestando el servicio como lo estaban realizando hasta ahora, pero haciendo frente a externalidades como el aumento de la energía o la futura emergencia climática”, explica la carta que pretende darle un horizonte sostenible a la gestión del agua. “En sentido creemos vital que se impulse un gran esfuerzo inversor en esta dirección a través de los Fondos Next Generation de la Unión Europea; línea esta que debería ser más prioritaria que cualquier otra en el agua”, indican desde la asociación de operadores públicos de agua.

Los operadores también consideran que es prioritaria la inversión en mejorar las actuales redes sobre todo en el mundo rural, ya que las pérdidas de agua en esos territorios son superiores al 40% en muchos de los casos y conllevan un gasto energético superior al necesario, ya q para suministrar 1000 metros cúbicos de agua a los usuarios, en muchos municipios rurales se necesitan extraer 1800 metros cúbicos. “Esto implicaría un ahorro a todos los niveles: reserva de acuíferos, disminución de energía para la extracción, disminución de la contaminación del agua, disminución del gasto energético en las depuradoras, etc”, señalan.

“Valoramos muy positivamente las medidas aplicadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para mejorar el abastecimiento y la reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios, de esa ahora llamada España vaciada -resaltan desde AEOPAS- , pero este programa ha sido insuficiente, escasamente implementado por las comunidades autónomas y deben de ser complementadas por acciones relacionadas que garanticen la gobernanza de este valioso recurso”.

La asociación que aglutina a la mayoría de las empresas públicas de agua de España cree imprescindible también que el Gobierno apoye, a través de un programa específico de ayudas, a las empresas de agua pública para que se transformen en “comunidades energéticas”. “Tenemos experiencia en la generación de energía mediante placas solares y centrales hidráulicas, y la Ley del Cambio Climático abre un marco legal que apoya el biogás procedentes de las depuradoras”, aclaran.

El objetivo a largo plazo es que los operadores públicos de agua y saneamiento sean «entes articuladores de lo local». Un plan que consiste en “superar la etapa actual en la que, salvo contadas excepciones, la generación se destina al autoconsumo de las empresas, para crear comunidades energéticas en torno a ellas y a partir de ahí, generar territorios en red en los que la energía actúe como un factor tractor para crear una economía diversificada, resiliente y sostenible: La energía debe de ser un medio de empoderamiento para lo local”.

“Somos conscientes de que el Gobierno se ve sometido a presiones en todos los frentes con la subida de los precios de la energía; los operadores públicos de agua no pedimos subvenciones al precio de la energía sino que se articulen medidas para mejorar la eficiencia para la prestación de los servicios”, finaliza la carta.